• 3 junio, 2011



El planteamiento de este viejito muy simpático, tan simple como genial, abrió un universo para mirar el Derecho con ojos de economista.


Si el lector logró traspasar la barrera del título, es porque alguna vez tuvo clases de economía. Lamentablemente, no porque sea jurista. Es que a los abogados, en general, nos suele producir una suerte de urticaria inicial cualquier indicio de algo que contenga números. Entonces ¿por qué interesarnos en un teorema?

Hace algunos días se celebraron en la Universidad de Chicago los 100 años de Ronald Coase, creador del famoso “teorema de Coase”, que lo hizo acreedor del premio Nobel de Economía, el único otorgado hasta ahora a un profesor de una facultad de Derecho. En opinión de Stigler, (otro Nobel, que le dio el nombre al teorema) los planteamientos de Coase tuvieron para los economistas la importancia que los descubrimientos de Arquímedes para el desarrollo de las ciencias naturales.

Pero fue en el ámbito jurídico donde este cataclismo logró cambiar el eje del planeta de las leyes en varios grados. No es exagerado afirmar que con este seminal trabajo se dio un puntapié inicial a la escuela del Análisis Económico del Derecho (AED o L&E por su nombre en inglés Law&Economics). En efecto, el Derecho –antes y después de este enfoque– es similar al momento en que cambiamos la alquimia por la química, porque el AED nos vino a facilitar la vida de una manera que nunca imaginamos.

Coase es un viejito muy simpático y extraordinariamente lúcido para su avanzada edad. De hecho, a sus 100 años se encuentra trabajando en un nuevo libro sobre el crecimiento económico en China y Vietnam. En sus trabajos principales –La naturaleza de la empresa y El problema del costo social– su objetivo original era corregir un concepto erróneo en la forma en que los economistas enfocan cuestiones de política pública, al considerar al gobierno como una fuerza correctiva de las fallas de mercado; lo que está muy lejos de la realidad. Coase argumentó que, entre dos partes que se relacionan, en la medida que los costos de transacción entre ellos sean bajos o inexistentes, y que los derechos de propiedad de ambos estén bien definidos, siempre se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, hacia el uso más eficiente de estos bienes, sin importar la asignación inicial de los mismos.

Este planteamiento, tan simple como genial, abrió un universo para mirar con ojos de economista el Derecho, no en el sentido monetario, sino que desde ahora podemos ser capaces de medir el impacto de contratos, leyes y fallos; los incentivos que crean; la utilidad y justicia que prestan a la sociedad. El AED permite a jueces determinar el monto de la indemnización precisa que debe recibir un demandante en un juicio por incumplimiento de contrato; permite a un legislador decidir si es más eficiente subir el castigo de un delito o poner más policías; ver qué régimen de contrato para trabajadores incentiva la creación de más y mejores empleos; qué incentivos crea un determinado sistema electoral; o si la ley sirve o no para proteger inmuebles de valor arquitectónico.

Ya nunca más racionamiento circular del tipo “es de orden público”, “es irrenunciable”, “fue negligencia”, incluso “es de justicia”, y tantos otros conceptos jurídicos que se repiten sin saber su contenido real ni mucho menos sus efectos. El AED permite a los abogados no sólo escuchar la música –y a veces hasta tararearla– sino que nos enseña a leer la partitura y poder interpretarla a la perfección, dejando incluso espacio para la composición de las partes, los jueces y los legisladores. La puerta está abierta para que podamos medir los incentivos (garrotes y zanahorias) del ordenamiento jurídico: sólo están esperando que alguien remueva –como decía Miguel Angel– el mármol que sobra.

Así, sumidos en una época en que nos arrincona la frondosidad legislativa y todas las soluciones a nuestros problemas parecieran sólo venir desde el Estado, se nos olvida que, en el fondo, el Derecho es un orden de repartos e intercambios. En un mundo donde los bienes son escasos y las necesidades múltiples, la justicia es –para estos efectos– sinónimo de eficiencia. No debemos asustarnos con cuestionar, reflexionar y, sobre todo, medir: si no medimos no sabemos dónde estuvimos, dónde estamos parados, ni para dónde queremos ir. En eso, los abogados aún tenemos demasiado que aprender del AED, en el cual la herramienta costo/beneficio puede ayudarnos a traspasar la barrera de papel y volver al sentido común que alguna vez tuvieron las leyes. Todo, gracias a un viejito muy simpático.