• mayo 10, 2018

Por Matías Cortés de la Cerda
Socio de Puga Ortiz Abogados

Cuando se inició el trámite de la nueva reforma, van varias, a la Ley de Protección al Consumidor, todos se felicitaban, pues por fin pondrían dientes a este león. Bueno, nuevamente la realidad ha superado a la ficción. Una vez que el Tribunal Constitucional falló y declaró la inconstitucionalidad de las facultades sancionatorias –los dientes según muchos–, el león quedó transformado en un gatito. El gobierno, contralor y eventualmente el Congreso, se encuentran en una situación inédita y su resolución está por verse.
Pueden darse los siguientes escenarios. Que el contralor no tome razón del decreto promulgatorio, en cuyo caso el Ejecutivo puede modificar el decreto o recurrir al TC y que este resuelva si el decreto promulgatorio se adecuó o no a la Constitución. Puede ocurrir, además, que el Ejecutivo decida modificar el decreto per se y cree así un conflicto con el Congreso, pues este ya se encuentra dolido al presenciar cómo habrían mutilado su proyecto estrella. El Ejecutivo también podría tratar de evitar lo anterior y consultar al Legislativo, en cuyo caso la Cámara volvería a legislar al redactar nuevamente los artículos cuestionados, algo, según entiendo, inédito.
En cualquier caso, deberemos prepararnos para una nueva arremetida modificatoria de la ley del consumidor. ¿Será reviviendo proyectos que se entendían subsumidos por la última reforma o por otros nuevos que nacerán como reacción al fallo del TC? Los hay tales como el que pretende que los testigos en juicios del consumidor no puedan ser tachados o el que persigue un reconocimiento constitucional al derecho de los consumidores; incrementar las multas debido a la importancia social del servicio ofrecido por el proveedor; incrementar el número de procedimientos de única instancia en materia de consumidores, etc. Igualmente, el statu quo beneficia a los reformistas.
Pasó colada, como solíamos decir, el reconocimiento del daño moral en daños colectivos, la alteración de la carga de la prueba o carga dinámica, el incentivo potencialmente millonario para los directores de una asociación de consumidores para llegar a acuerdos que solo los beneficien a ellos o a sus asociados, pero no a todos los afectados. Si se revisa la historia de esta ley, verán que se previno oportunamente sobre los problemas que estas modificaciones podrían acarrear. Yo mismo lo hice por este medio. En los términos usados por la propia ley del consumidor, fuimos víctimas de una publicidad engañosa y el resultado ha sido un producto defectuoso.