Por Ricardo Solari
Reformas laborales, again

30 Sep 09

La verdad difícil de refutar es que un buen seguro de desempleo es socialmente más eficiente que el actual sistema de indemnizaciones.

Se ha iniciado un debate respecto de la pertinencia de provocar cambios relevantes en el Código del Trabajo. Flexibilizar o no flexibilizar pareciera ser el quid de la discusión para algunos. Según otros, superar la mala distribución del ingreso exige más negociación colectiva, para vencer las asimetrías entre las fuerzas desiguales de la relación entre capital y trabajo.

Lo evidente es que es necesaria una nueva institucionalidad laboral, para superar el rezago ya clásico de la economía chilena en sus ciclos de crecimiento: la lenta creación de puestos de trabajo.

Muchas miradas se ponen también en la calidad de los empleos que se crean. La tasa de rotación preocupa por su efecto negativo en la productividad y en la formación de capital humano, indispensable en los tiempos actuales. Kirsten Sehnbruch, PH.D. en Cambridge y profesora asociada de UCL (Berkeley), lleva 10 años investigando para el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y sus estudios reportan una alta rotación laboral, con tremendos efectos en la calidad de los empleos y en los ingresos. Sehnbruch sostiene que “de jure, la legislación laboral es un poco rígida. De facto el mercado de trabajo chileno es bastante flexible”. Un juicio fundado en medio de una controversia en la que es difícil separar la ideología de la evidencia empírica.

Según datos de Casen, sólo el 24% de los trabajadores tiene contrato indefinido y conserva más de tres años su lugar de trabajo. El tema, por tanto, no es la indemnización, sino la ausencia de un seguro de cesantía que proteja efectivamente los ingresos de los desempleados. La economista Carmen Pagés ha insistido en que los problemas del mercado laboral chileno están más en la rigidez salarial que en los costos asociados al despido. Según Pagés, responsable del BID en estudios sobre mercados de trabajo y coautora con James Heckman (Premio Nobel de Economía 2000) de publicaciones sobre temas laborales y de seguridad social, sólo el 6% de los trabajadores chilenos termina cobrando indemnización.

Frente a esto, qué pedestre resulta que la discusión sobre políticas laborales se centre en si la legislación laboral chilena es demasiado rígida porque hay indemnizaciones por años de servicio. No hay evidencia que justifique esa afirmación. Por otra parte, se puede señalar lo mismo respecto de quienes afirman que el mercado laboral chileno es demasiado flexible, atendiendo a que la rotación de los trabajadores es altísima, los contratos son cada vez más cortos y no cuesta nada echar a los trabajadores; sobre todo, porque las indemnizaciones casi nunca se pagan en forma íntegra.

La verdad difícil de refutar es que un buen seguro de desempleo es socialmente más eficiente que el actual sistema de indemnizaciones. En algún momento hay que partir hacia un nuevo esquema, asumiendo gradualidades y derechos adquiridos y conservando un costo que actúe como desincentivo al despido.
Otro asunto es cuándo hacer este debate. Pero si las elecciones presidencial y parlamentaria no son para discutir estos grandes temas: empleo y derechos laborales, ¿entonces… cuándo?

Es imposible agotar un trámite legislativo tan relevante en 90 días. Bienvenido el debate; pero no la pretensión de agotarlo de modo imperfecto, especialmente considerando que sería deseable involucrar a los principales actores para que el nuevo marco legislativo no sea letra muerta.


Aunque estos temas han sido siempre motivo de conflicto en Chile, hay que recordar que muchas de las naciones que lograron entrar al club del desarrollo lograron superar ese paradigma. El ingreso a la OCDE no es una panacea, pero nos asocia a un espacio de cooperación relevante con las naciones más desarrolladas, que conjugan riqueza, economías competitivas y alta cohesión social.

Entre sus exigencias, la OCDE ha pedido más derechos de sindicalización, más negociación colectiva y diálogo social. También ha insistido en la importancia de invertir en capacitación e intermediación laboral, generar rangos en el salario mínimo para incentivar la contratación de jóvenes y resolver el sistema de indemnizaciones a favor de un seguro de desempleo.

En esa línea, el mejoramiento de la negociación colectiva, más allá del compromiso del envío de un proyecto de ley, debería representar un objetivo estratégico para contribuir no sólo a políticas redistributivas de los ingresos, sino también a la construcción de una cultura de diálogo y cooperación, donde se pueda pactar un amplio campo de temas, en particular de jornadas de trabajo. Se trata de darle al mercado laboral capacidad de ajuste en las buenas y en las malas, reduciendo, como ha propuesto el economista Joseph Ramos, el impacto de los shocks sobre el nivel de empleo y los ingresos. Por lo tanto, el mejoramiento de la negociación colectiva debe entenderse como un avance en la posibilidad de entendimiento, y en la instalación del diálogo como el instrumento permanente.