Por Fernando Chomali
La Iglesia Católica y el aborto

11 Nov 09

La Iglesia insiste en que la vida es un bien demasiado fundamental para ponerlo en balanza con otros daños, incluso los más graves.

El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. La Iglesia reconoce que, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo. La ciencias biológicas, así como la embriología, confirman este hecho. Y no hay científico alguno que desconozca esta realidad tan evidente: toda vida humana ha comenzado en el momento de la fecundación. Y tanto el sentido común como el respeto que nos debemos mutuamente implica que debe ser acatado.

La enseñanza de la Iglesia Católica en esta materia ha sido clara, unánime y se remonta a su inicio vinculado al mandamiento “no matarás”, siendo considerado un delito particularmente grave e ignominioso. Junto al infanticidio, el Concilio Vaticano II lo declara “crimen nefando”.

Juan Pablo II, en su calidad de sucesor de Pedro y en comunión con todos los obispos, enseñó en su encíclica Evangelium Vitae que “el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente”. Esta ley se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios escrita, trasmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal. Es tan alta la estima que la Iglesia le atribuye a la vida desde su inicio que el Código de Derecho Canónico postula que “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae”. Su finalidad es hacer plenamente conscientes de la gravedad del delito a todos quienes lo cometen y sus cómplices, sin cuya cooperación el delito no se hubiere cometido.

La Iglesia es consciente de que hay situaciones complejas en las que están en juego valores importantes de las personas como, por ejemplo, una cuestión grave de salud, incluso de vida o muerte para la madre; o lo que puede significar para una familia de precaria situación económica otro hijo; o que el hijo venga con una malformación grave; o bien porque el niño fue engendrado fruto de una agresión sexual. Todas esta situaciones son complejas y dolorosas. Sin embargo, la Iglesia postula taxativamente “que ninguna de estas razones puede jamás dar objetivamente derecho para disponer de la vida de los demás, ni siquiera en sus comienzos”. La Iglesia insiste en que la vida es un bien demasiado fundamental para ponerlo en balanza con otros daños, incluso los más graves. Todo ser humano tiene derecho a que se le respete su vida y no es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho; es algo anterior y exige, por tanto, ser reconocido siempre. En efecto, el derecho inalienable a la vida de todo individuo inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica.

No se puede lograr un bien a través de un mal. Cuando un médico se encuentra con una mujer embarazada debe ser plenamente consciente de que está frente a dos pacientes y de que debe hacer todo lo posible por salvar ambas vidas cuando enfrente una patología que pueda derivar en la muerte de uno de ellos o de ambos. En estos casos, que gracias a los avances de la medicina son cada vez más raros, y si la muerte ocurre, no nos encontramos frente a una acción occisiva deliberada, sino resultado de una acción que no logró su objetivo. Situación que se da en la práctica médica. En este caso la causa de la muerte fue la patología y no la acción occisiva del médico, lo que difiere mucho desde el punto de vista moral
respecto del caso en que se procura el aborto. Por lo tanto, para la Iglesia el llamado aborto “terapéutico” es un aborto directo y por ende ilícito, dado que pretende sanar a la madre eliminado al más débil. En cambio, no puede considerarse un acto deliberadamente occisivo una terapia.

Ni siquiera el caso de un embarazo por violación justifica que se practique un aborto, dado que se agrega a un acto de violencia e injusticia otro acto de las mismas características, eliminando a un ser humano inocente. El talante de la sociedad se mide por su capacidad de hacerse cargo de este ser humano y –obviamente– de procurar las condiciones para que estas situaciones no ocurran.

Resulta un imperativo que quienes postulan a la presidencia expresen con claridad y sin ambigüedades lo que piensan acerca del aborto. Lo mismo, quienes tienen responsabilidades legislativas. Estar a favor del aborto, promoverlo e intentar incluirlo como política pública es incompatible con la fe y también con la razón, por lo que un católico debiese declararse claramente en contra. Un médico o el personal que con él colabora no pueden prestarse para realizar ninguna acción que lleve a la eliminación deliberada del embrión. Esto incluye la distribución, la venta y la promoción de la píldora del día después. De más está decir que todo hombre de buena voluntad y, por cierto, todo hombre que profese la fe católica debe privilegiar a los candidatos que se presenten ante la opinión pública en contra del aborto, dado que dan mayores garantías de que respetarán en todas sus acciones el primero de los derechos y el más fundamental: el derecho a la vida. Es en estos temas donde se mide realmente la altura de un estadista, en el sentido de si cree que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y la ley y las políticas públicas nos deben cuidar, o algunos valen menos, al punto que la ley autorice a que sea eliminado, ya sea por su etapa de desarrollo, ya sea porque es enfermo o ya sea porque la madre no lo desea. Lo que claramente es inadmisible.