Por Francisco Pérez Mackenna
Billy the Kid

28 Oct 09

El crimen impone grandes costos, especialmente a los más pobres y a los emprendedores más débiles. El crimen desvía recursos para combatirlo y para protegerse y aumenta los costos, generando un ambiente impropio para la actividad productiva.


Qué tienen en común el embajador de Irán y una importante cadena de farmacias que opera en Santiago? Ambos fueron asaltados por bandas de niños delincuentes el pasado martes 13 de octubre. Sí, como lo lee: bandas de niños asaltantes a mano armada.

Basta pasearse por Santiago y observar la inversión en seguridad de muchas viviendas para concluir en que la tasa de criminalidad contra los hogares y la propiedad ha aumentado considerablemente. Cercos eléctricos, guardias de seguridad, alambres de púas y alarmas dan cuenta de que recursos que antes se destinaban a otros fines hoy son asignados a la protección del hogar. Esto sólo se puede explicar por el aumento importante experimentado por la probabilidad tanto como por la violencia de los ataques. Asignar la responsabilidad de la mayor sensación de inseguridad a los medios es simplemente faltar a la verdad.

No es casualidad que, de acuerdo con la última encuesta del CEP, la delincuencia aparezca primera en la lista de problemas a los que el gobierno debe dedicar mayores esfuerzos, superando temas como la salud, el empleo y la educación, que son los que siguen.

El mundo empresarial no está ajeno a este flagelo. Guardias, barrotes y diversas medidas de seguridad son costos nuevos y crecientes que conspiran contra la recuperación de las inversiones. Ello es particularmente gravoso en el caso de las pequeñas empresas, las que en un solo acto de robo de “autos alunizadores”, por ejemplo, pueden ver que se les sustrae todo su inventario.

¿Por qué nos vemos envueltos en esta tendencia? Lo primero que hay que reconocer es que el problema es complejo y de múltiples causas. Creo que en la base de nuestra incapacidad para resolver este flagelo está la percepción del siquiatra Karl Menninger, quien sostiene que “todos los crímenes cometidos por todos los presos actuales no igualan el daño social de los crímenes cometidos contra ellos”. Según esta visión, los delincuentes son las víctimas y los ciudadanos, sus victimarios. Entonces: ¿cómo y por qué perseguir a las víctimas? ¿Pueden los legisladores y jueces ser severos con ellos? Si la autoridad se siente oprimiendo a los más pobres y marginados con políticas públicas anticrimen, probablemente no lo hará eficazmente.

El error de esta perspectiva radica en que los más severamente afectados por el crimen son los propios pobres. De esta forma, la consecuencia se transforma en causa, creando un círculo vicioso que es necesario romper.

Existe bastante literatura, particularmente para países en desarrollo, que refleja una asociación relevante entre el combate contra el crimen y la capacidad de crecimiento económico. También los datos muestran que las tasas de criminalidad altas producen debilidad en el desarrollo de las PYME, particularmente cuando existen problemas de desempleo.

El costo del crimen para algunos países como Sudáfrica, Brasil, Rusia, Perú y Filipinas se estima en 1,1% de las ventas, 3% del valor agregado y 5% del costo laboral de la empresa promedio (con algunos países gastando más en prevención y otros generando principalmente pérdidas asociadas a los delitos).

No cabe duda, y así lo validan los datos, que parte importante del comportamiento criminal responde a incentivos racionales de una manera predecible. El crimen, particularmente contra la propiedad, es finalmente una actividad en que la probabilidad de ser capturado y la pena a enfrentar se comparan con la eventual recaudación a obtener en un “trabajo” criminal. En nuestro medio, y para los menores de edad, el castigo que afrontar es cercano a cero. Más aún, con nuestro hábito de transformar a pequeños delincuentes en celebridades públicas, más que crear una sanción hemos construido un premio: la fama.

No cabe duda de que la sociedad debiera diferenciar las penas y los programas de rehabilitación de menores y adultos, dado su muy diferente nivel de madurez. Aunque entre las causas de los menores delinquiendo se encuentran la mala educación, el poco capital humano y muy principalmente las familias fracturadas o inexistentes, devolver a aquellos a las calles en forma inmediata es un error. Serán los propios adultos los que utilicen este verdadero portillo legal para aprovechar la impunidad, mandando a niños a los trabajos “en terreno”.

Si bien no existe una bala de plata para combatir el crimen, la combinación de medidas preventivas, represivas y de rehabilitación puede revertir la tendencia.

El crimen impone grandes costos a la sociedad, especialmente a los más pobres y a los emprendedores más débiles. El crimen desvía recursos para combatirlo y para protegerse y aumenta los costos de salud por el incremento del estrés, generando un ambiente impropio para la actividad productiva. Este mayor costo del crimen, directo o indirecto, reduce los beneficios de las actividades legales que pagan sus impuestos, genera gasto público en prevención y administración de justicia, induce a desembolso improductivo en los hogares, destruye capital humano, mantiene a los trabajadores que regresan tarde a sus hogares en constante riesgo, etc. En resumen, genera un círculo vicioso que reduce el crecimiento económico con especial severidad en los más desfavorecidos. Nuestra respuesta como sociedad debe ser capaz de poder sacar a los Billy the Kid de las calles.