Reportajes y Entrevistas
Urbano Marín. Palabras supremas

Artículo correspondiente al número 232 (11 al 24 de julio de 2008)

 

Hijo y nieto de judiciales, de tanto querer alejarse de las cortes, Urbano Marín terminó presidiendo la más importante del país. Desde su llegada a la Suprema, en enero de este año, se ha jugado por entero en modernizar los procedimientos de los tribunales y mejorar la gestión de los jueces. La paradoja del caso es que, habiendo sido formado en la Contraloría, su máxima preocupación actual es que nadie lo controle a él. Por M.Angélica Zegers V. Fotos: Gabriel Pérez.

 

Tiene facha de abuelito de cuento, nada que ver con la imagen lejana y terriblemente seria que suele acompañar al concepto de “supremo”. A sus 72 años y totalmente recuperado de una compleja operación al corazón que lo tuvo alejado del cargo de presidente de la Corte Suprema durante abril, Urbano Marín Vallejo se ve empoderado y dice con humor que si se le escapa algún improperio “es culpa del chancho y no mía”, en alusión a la válvula de ese animal que reemplazó a la suya en la aorta aproblemada. Marín nunca pierde la calma, es acogedor y sabe escuchar. Pero a la vez es dueño de un carácter fuerte y decidido, lo que quedó de manifiesto cuando no se amilanó frente al gobierno y se mantuvo firme hasta en su pelea por las platas para la reforma laboral.

Abogado de la Universidad de Chile, se formó en la Contraloría General de la República, con Enrique Silva Cimma como su maestro y, hasta el día de hoy, una de cada dos frases que pronuncia incluye alguna alusión a esa experiencia. Dice que fue marcadora, que ahí aprendió a administrar y que gracias a ella, su entrada al poder judicial no se le hizo difícil, aunque precisamente eligió esa repartición para alejarse del ambiente al que, según él, estaba destinado. Su abuelo fue juez y su padre, el primer Urbano de la familia, fue fiscal de la Corte Suprema por 30 años. “Todo el mundo me preguntaba si era hijo de Urbano Marín y luego agregaban que si era un cuarto de inteligente que mi padre iba a ser bueno, por lo que instintivamente me quería alejar del ambiente judicial para que no me estuvieran comparando. Ingresé a la Contraloría porque la veía muy alejada de la judicatura. Mientras más lejos me encontraba de los tribunales más cómodo me sentía”.

Sin embargo, los genes y el destino se empeñaron en aliarse y en 1997 Marín fue nombrado abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y un año después fue elegido ministro de la Corte Suprema. Cuando en diciembre del año pasado los 21 miembros de esta corte lo eligieron por mayoría absoluta como su nuevo presidente, Marín se convirtió en el primero en la historia del máximo tribunal del país en asumir el cargo sin haber hecho la carrera judicial. “Yo ni siquiera entré por la ventana, lo hice directamente por el techo”, dice riendo.

Tal vez esta condición de externo es la que ha marcado la diferencia desde que llegó a la Corte Suprema, y hoy se hace más patente que nunca en el plan de modernización que lleva adelante. Su ánimo transformador se empezó a notar hace ya bastante tiempo, cuando se empeñó en renovar el equipo comunicacional –hoy, a cargo de la periodista Mónica González– e instaurar las vocerías, como una manera de acercar la labor de los magistrados a la ciudadanía. “Yo no soy de los que creen que los jueces sólo deben hablar por los fallos; creo que debemos informar y explicar, aunque no opinar”, dice, convencido.

Asimismo, aunque no maneja Internet y reconoce que en materia de música –es fanático de Frank Sinatra y Ella Fitzgerald– todo lo que supera la década del 50 no son más que ruidos, Marín mira al futuro en términos de gestión y está convencido de que el ambicioso proyecto de mejora del funcionamiento de los tribunales, que incluye un convenio de modernización institucional suscrito con el BID y un gran cambio en los procesos informáticos, para disponer de información en línea e instantánea del trabajo de cada juzgado del país, le cambiará la cara y también la evaluación pública al poder judicial. Marín se maneja en las leyes del marketing y sabe que, en los tiempos que corren, hacer bien el trabajo es tan importante como poder comunicarlo. Está a punto de lanzar una nueva imagen corporativa para la Suprema, con el frontis de la escala principal del edificio de Compañía y sus dos cariátides a los costados, “nada que ver con esa idea de la diosa vendada y la balanza, porque queremos proyectar el concepto de una nueva justicia”.

Tan convencido está de lo que hace, que a la hora de sacar a la mesa la discusión sobre mejoras en el sistema de calificaciones o mayor fiscalización en el manejo de los recursos, enumera de memoria todos los cambios impulsados por el poder judicial y refuta de manera decidida que esta área del Estado se oponga a los cambios. El matiz está en que, para él, son los jueces y no otros los que están llamados a hacer las reformas y ejercer los controles. Claramente, el ánimo de apertura y los arranques de modernidad de este presidente tienen como límite el palacio de tribunales.

 

 

 

Maldita dependencia

-¿Qué marca la diferencia entre un juez de carrera y otro de afuera?

-En general, se trata de una forma de vida. Los judiciales suelen ser muy herméticos y si bien ahora es menos, ha existido un cierto aislamiento de la sociedad y del resto de las instituciones del Estado. Para mí fue una sorpresa llegar a la Suprema y, más todavía, que me nombraran presidente, pero desde que llegué me integré de manera fácil y he sentido un total apoyo. La Contraloría fue una muy buena escuela en temas administrativos y me enseñó a pensar y escribir bien: sus dictámenes son muy parecidos a una sentencia, así que no ha sido un cambio tan tremendo.



-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos seis meses?

-En general, lo he pasado bien. Lo complicado ha sido tratar de modernizar la administración sin tener muchas herramientas ni recursos, porque en el tema financiero somos dependientes. Además, en el último tiempo nos hemos debido dedicar muy a fondo a los temas de las reformas de familia y laboral. Ahora creo que vamos a tener más espacio para ir concretando todos los cambios que queremos.



-En el tema de la dependencia económica de los otros poderes, ¿cómo vivió el conficto con Hacienda?

-Creo que se trató de un problema de conceptos, más que de dinero. Hasta enero de este año la reforma laboral regía simultáneamente en todo el país a contar del 1 de marzo y el poder judicial tuvo que prepararse para eso arrendando edificios, porque no tiene facultades para comprar ni construir. Sin embargo, en febrero se dictó una ley que modificó la reforma y estipuló su implementación de forma gradual, lo que fue bueno para evitar los problemas que se produjeron con los juzgados de familia, pero incrementó el número de jueces. Lo más probable es que tengamos que devolver edificios que nunca se usaron y en los que ya habíamos invertido. Para Hacienda, ese gasto era imputable al total, de manera que nos querían dar menos plata que la que pedíamos, pero al parecer ahora estamos de acuerdo y creo que Hacienda asumirá parte de esa pérdida. Nosotros calculamos que nos deberían entregar 16 mil millones de pesos y siempre le mostramos a Hacienda los datos y el detalle de todos los tribunales que hay que equipar para la reforma.

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