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Artículo correspondiente al número 287 (22 de octubre al 4 de noviembre de 2010)
Si hay algo en lo que muchos están de acuerdo es en que se necesita realizar cambios urgentes en el sistema laboral chileno. ¿Dónde están los principales problemas? Se lo preguntamos a distintos especialistas, quienes nos ayudaron a configurar un listado de por lo menos diez claves sobre las que hay que poner ojo. Hay de todo: Aspectos en favor de las empresas y detalles importantes que mejorar en pro de los trabajadores. Por Cristian Rivas Neira; Ilustración, Ignacio Schiefelbein.

Como lo ilustra la imagen que acompaña a este artículo, para muchos especialistas el sistema laboral chileno se asemeja a un auto antiguo, de esos que funcionaban bien hace 20 años, pero que con el paso del tiempo requieren de cambios sustanciales para mantenerse en movimiento.
Aunque la reflexión pueda sacar ronchas o despertar suspicacias, en lo que no hay duda es en que hoy se tiene un sistema laboral que no está sano. Y que, por ello, necesita poner en marcha una serie de cambios que resultan imprescindibles en el mundo moderno, de modo que la fuerza laboral deje de regirse por leyes que pertenecen a otras épocas y que pueden estar entrampando su expansión.
Capital conversó con distintos especialistas en materias laborales para que nos entregaran su visión acerca de dónde nos está apretando más el zapato en estos temas. Y propuestas hubo para todos los gustos: tanto en defensa de los trabajadores como a favor de las empresas y de su mejor funcionamiento.
Por supuesto hubo temas que se repitieron, lo que, visto en forma positiva, confirma que se trata de ideas que cuentan con amplio consenso. Tanto, que para los más tajantes da para pensar incluso en una reforma profunda al Código Laboral... lo que, por cierto, no es compartido por todos.
Aquí describimos los diez principales nudos que hoy enfrenta el país y aportamos algunas luces sobre lo que se debería hacer para liberarlos.
Con la mirada de las empresas
1. La carga de los años… de servicio
La indemnización por años de servicio es ciertamente uno –si no el que más– de los aspectos que se han discutido en el último tiempo. Y ha sido así por los altos costos que implica en la contratación de trabajadores en forma permanente, y que se suman a otros que buscan darles seguridad, como el seguro de desempleo, en el que las empresas, el Estado y los propios cotizantes aportan recursos a un fondo común.
El profesor de la escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Ricardo Paredes plantea que la indemnización por años de servicio tiende a limitar lo que define como “movilidad virtuosa” en la fuerza laboral, porque muchas personas no están dispuestas a cambiarse de empleo para no perder el beneficio y prefieren seguir trabajando hasta ser despedidos. Lo peor, dice, es que este sistema protege a una fuerza laboral pequeña –porque ha llevado a que muchas empresas no realicen contratos de largo plazo, para reducir los costos del despido– y que es menos vulnerable.
Por eso, su idea y la de varios otros expertos es que no se elimine por completo, sino que más bien se reduzca el número de años que están obligadas a pagar las compañías (once, como máximo) en el caso de un despido, pero que se acreciente –por ejemplo– el aporte al seguro de desempleo, de manera de hacerlo mucho más fuerte para que se haga cargo de situaciones complejas, como mejor capacitación y, por ende, aumentos en la productividad.
2. Ser flexibles la lleva
La flexibilidad laboral es otro de los temas candentes a la hora de hablar de piedras en el zapato. Tanto, que para desmarcar la discusión que por años se ha dado en torno al tema, recientemente el gobierno y la CUT decidieron cambiarle el nombre, de modo que su discusión sea menos conflictiva. Ahora se la conoce como adaptabilidad laboral, y está incluida en los proyectos del gobierno que buscan que trabajadores y empresas acuerden directamente temas particulares, como la jornada de trabajo.
La mayoría de los especialistas ve que el sistema es muy rígido, porque funciona con un salario mínimo necesariamente asociado a 45 horas de trabajo a la semana. El director del programa de Justicia de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, dice que lo esencial es que se dé libertad a las empresas para que negocien directamente con sus trabajadores aspectos como jornada laboral y distribución de descansos.
Esto es necesario, a su juicio, porque ayudaría a despejar aspectos relevantes, como ir en beneficio de los quintiles con ingresos más bajos, que viven con un solo ingreso familiar, dado que el otro cónyuge (principalmente, la mujer) no puede abandonar el hogar durante el día, porque tiene a su cargo el cuidado de los hijos. Asimismo, permitiría que jóvenes y estudiantes, puedan integrarse a la fuerza laboral con cargas horarias menores, compatibles con sus otras actividades. De paso, también sería un beneficio significativo para las empresas, que no requieren tener trabajadores en días específicos u horarios determinados.
Y para proteger los intereses de los trabajadores, la académica de la escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez Andrea Repetto dice que una manera sería estableciendo topes a la continuidad de la jornada o que los sindicatos participen de la negociación de estos acuerdos.

3. Menos atribuciones para la Inspección del Trabajo
Tanto Delaveau como el director del programa laboral del Instituto Libertad, Alvaro Pizarro, plantean que dado el carácter paternalista del sistema laboral chileno y sus resabios casi monárquicos –entendido esto como un cuidado excesivo hacia un trabajador que en otros tiempos estaba indefenso– se asignaron a esta institución tareas que hoy parecen incompatibles: dicta normas, las ejecuta y a la vez es mediador administrativo en los conflictos.
En otras palabras, una sola entidad reúne las funciones de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por eso, lo que plantean los expertos es que esas tareas debieran separarse y avanzar sobre un sistema con más autonomía, que también se desligara del poder político de turno.
4. Despolitizar el sistema laboral
Como los temas laborales tienen impacto directo en el bienestar de las familias, esta materia está siempre sujeta a controversias que trasuntan al debate político, ocupan un rol central en cualquier campaña electoral y se exaltan ideas que finalmente pueden no ser muy viables.
Ese es uno de los principales problemas que ve Alvaro Pizarro al analizar el sistema laboral chileno. Advierte que el tema siempre se transforma en un cajón de promesas, lo que dificulta que se legisle adecuadamente, porque las discusiones tienden a acalorarse al ritmo de las convicciones políticas.
Lo que plantea Pizarro es la necesidad de discutir los temas sin esa mirada un tanto oportunista, de modo que se ayude a configurar ideas de largo plazo.
5. Mejorar la justicia laboral
En marzo de 2008 se puso en marcha la reforma a la justicia laboral, que propició la instalación de tribunales especializados, con el objetivo de asegurar a las personas el acceso a la justicia en las máximas condiciones de igualdad posible y velar para que las diligencias judiciales se realicen oportuna y rápidamente.
Aunque esto significó un gran paso para el país, tal como la reforma procesal penal y los tribunales de familia, lo cierto es que su implementación ha tenido algunas dificultades, partiendo por que se ha tendido a judicializar el cobro de beneficios por parte de los trabajadores.
Delaveau menciona en paralelo algunas fallas con que se ha llevado a la práctica la nueva legislación, que originalmente establecía que fueran tres los jueces a cargo de un tribunal; y lo que ha ocurrido es que, por distintas razones, hoy están funcionando con uno solo. También se pregunta si se justifican los millonarios presupuestos para defensoría de trabajadores, pensando en si se tiene que subsidiar a alguien por su condición de trabajador o de pobre.
El jurista propone que se reestudien algunos mecanismos, como que exista una especie de voucher por equis cantidad de dinero con el que las personas puedan buscar su propio abogado.