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Sistema de Alta Dirección. Gerente Público se busca

Artículo correspondiente al número 227 (2 al 15 de mayo de 2008)

 

Durante 2008 el Estado debe llenar 130 vacantes en sus reparticiones. Varias de ellas son claves para el funcionamiento del país, incluidos el nuevo director del Registro Civil y el Defensor Público. Lejos de los cuestionamientos por las demoras, el Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) hacen lo imposible por mantener las nominaciones de los altos funcionarios lejos de los vaivenes políticos. Pero no siempre lo logran. Por Lorena Rubio.

 

 

Para muchos será una prueba de fuego. La designación del director del Registro Civil –que debiera ser nombrado antes de que termine julio y la convocatoria hecha no más allá de mayo– ha concitado la energía del sistema de nominaciones del aparato público.

¿La razón? La traumática salida del PPD Guillermo Arenas, un político por donde se lo mire, que volcó las miradas hacia esa normalmente apacible repartición y, de paso, puso en alerta a los órganos encargados de las nominaciones en el sistema público: el Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública. El perfil y remuneración para el cargo que dejó vacante Arenas se manejan en el más estricto sigilo, pero ya se sabe que el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, defi - nió las características del puesto y que en Hacienda se encuentra una propuesta de renta para el sucesor, sugerida por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP).

Tampoco es un misterio que parte relevante de la nueva agenda pro modernización lanzada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en Icare fue otra señal de que los cargos en el Ejecutivo serán cada vez más profesionales y de que el sistema de nombramientos, aunque lento, está funcionando.

“Este es mejor de lo que había antes, de eso no hay duda. Lo que falta es acelerar los tiempos y eso no depende de nosotros”, afirma Rossana Costa, investigadora de LyD y miembro del CADP, institución que elige a los postulante a un cargo.

Veamos los números. De aquí al 2010 deberían estar nombrados 793 funcionarios de primer y segundo niveles en 101 servicios, pero hasta la fecha se han escogido sólo 236. ¿Lo lograrán? La directora del Servicio Civil, Rossana Pérez, asegura que sí. “Con la actual tendencia de nominaciones, deberíamos tener más del 90% de los cargos concursados”, afirma.

¿Qué pasa con el origen de los designados? Más del 80% sigue proviniendo del mismo aparato estatal (ver gráfico); algo que, aseguran los consejeros del Sistema de Alta Dirección, no es atribuible a ellos. “Nosotros conformamos la mejor quina posible, pero son la presidenta o los ministros involucrados quienes definen a los nominados”, explica la consejera y directora del Instituto Libertad María Luisa Brahm. Y por eso cuesta tanto encontrar a profesionales que vengan del mundo privado entre los jefes de servicio ya designados.

El tema de la politización de los cargos, en todo caso, no es algo que preocupe al experto en políticas públicas y uno de los autores intelectuales del acuerdo para la modernización de 2003 que dio origen al SADP, Salvador Valdés. Para el investigador del CEP, “el objetivo nunca fue que no hubiera gente de la confianza de la coalición de gobierno en los cargos”. El académico lo ejemplifica de la siguiente forma: ningún dueño de empresa o grupo económico va a contratar a alguien que no sea de su plena confianza.

 

 

 

El gran cuello de botella

 

 

Pero donde sí hay críticas y cuestionamientos al modelo de selección de ejecutivos es en la demora en los plazos. Aquí los dardos de Costa, Brahm y Valdés apuntan en una sola dirección: el ministerio de Hacienda: Y, más específicamente, la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Hay una demora promedio de 74 días entre que el ministro define el perfil y Hacienda responde a nuestra propuesta de remuneraciones”, precisa Rosanna Costa.

Rossana Pérez
Por eso, el viernes 11 de abril María Luisa Brahm aprovechó un momento en que se encontraba cerca del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en uno de los salones de La Moneda, para decirle que hay iniciativas del Ejecutivo que podían acelerar el proceso. “Usted podría tomar un montón de decisiones, reduciendo los plazos drásticamente en la elección de directivos, y eso lo podríamos hacer hoy ya”, le dijo la directora de think tank de centro-derecha al jefe de gabinete. Pérez Yoma asintió. Sabe mejor que nadie que una parte de la agenda de modernización recoge la preocupación instalada en el propio gobierno respecto de los retrasos producidos en las nominaciones de ciertos cargos. Porque aunque moros y cristianos se cuadraron con el ministro y aplaudieron las iniciativas, quienes siguen el tema saben que “falta mayor coordinación entre las instancias de gobierno involucradas”, como lo reconoce la propia Rossana Pérez, directora del Servicio Civil.


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