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Reportajes y Entrevistas
Retail a tablero vuelto
Artículo correspondiente al número 222 (22 de feb al 6 de mar 2007)
El plan para revertir
UN FALLO BLINDADO
ESTA TODO LISTO PARA INICIAR UNA NUEVA BATALLA LEGAL, ESTA VEZ ANTE LA SUPREMA. AL EQUIPO INICIAL SE SUMARAN DAVOR HARASIC Y CARLOS CONCHA, Y SE CONTRATO UN INFORME EN DERECHO DE DOMINGO VALDES.
Si bien en la última reunión del equipo de fusión de Falabella y D&S los ánimos estaban por suelo y existía poca claridad respecto a si era conveniente seguir con la pugna legal, el equipo de abogados consiguió “agarrarse” de un hilo para intentar revertir un fallo que parece estar blindado.
La estrategia comenzó a ser diseñada el día hábil siguiente del fallo. Los estudios FerradaNehme, Barros Letelier y Bulnes, Pellegrini y Urrutia, se reunieron con los controladores y plantearon que no había muchas alternativas. Sin embargo, los representantes de FerradaNehme dejaron abierta la posibilidad de ir a los tribunales, propuesta que fi nalmente prendió entre los controladores, encendiendo los motores para comenzar a elaborar la estrategia legal.
El plan que será dado a conocer en las próximas semanas al Comité de Fusión es el siguiente: se presentará ante la Corte Suprema un recurso de queja en el cual se argumentará que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tiene las facultades para rechazar una fusión. Para ello se unió al equipo el abogado Davor Harasic, quien hará su parte en todo lo que tiene que ver con el aspecto procesal. De hecho, será él quien patrocinará el recurso de queja que será presentado ante la Suprema.
Para respaldar esta tesis, se contrató un informe en derecho del abogado Domingo Valdés, fiscal de Enersis responsable para Chile y Latinoamérica, experto en temas de libre competencia y que es el único que ha escrito en Chile un libro sobre la materia.
También formará parte del contingente, el abogado Carlos Concha, socio de Ortúzar, Aguila y Concha, quien fue contactado por los controladores de D&S y Falabella.
Si bien el recurso de queja sería la prioridad, también se está pensando en otras alternativas, que serán presentadas al Comité de Fusión para ver si se procede a darles curso o no, ya que una de ellas sería ir al Tribunal Constitucional. En este caso, las empresas podrían argumentar que el fallo atenta contra las garantías expuestas en la Constitución de la República, en el artículo 21, que se refiere al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
La mítica Tercera Sala
En la eventualidad que las partes decidan seguir con las instancias legales y acudir a la Corte Suprema, la responsabilidad de analizar el recurso de reclamación recae automáticamente en la Tercera Sala, que ha atendido antes varias otras causas relacionadas con la libre competencia, y que es la encargada de los temas constitucionales.
Expertos en temas de libre competencia, que han enfrentado procesos en dicha sala, describen a sus ministros como juristas con una capacidad técnica muy desarrollada. “Es una sala con mucha preocupación por los temas procesales de las causas. Se preocupan mucho en que las pruebas no tengan defectos técnicos”, comenta un abogado de la plaza. Otro agrega que “han ido aprendiendo mucho en temas de libre competencia y ya tienen más experiencia y preparación”.
La Tercera Sala está compuesta por cinco abogados. La preside Ricardo Gálvez, de quien se dice es uno de los jueces más duros al interior del máximo tribunal y de un marcado apego a la legislación. Enemigo de aparecer en los medios de prensa, es profesor de derecho procesal en la Universidad Católica.
Los otros miembros de la Sala son los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry y la recientemente nombrada Sonia Araneda. Sobre ellos, entre los especialistas se advierte que suelen madurar con mucha dedicación sus fallos y que –habitualmente– sus veredictos han sido en forma unánimes, es decir, con un alto grado de consenso. Oyarzún, Carreño y Pierry han estado detrás de otras causas, como la sentencia defi nitiva al pago de una multa por 1.000 UTM a Celulosa Arauco, cursada en 2006 por los problemas de malos olores de su planta en Valdivia.
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