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Artículo correspondiente al número 297 (8 al 21 de abril 2011)
Tres clases de argumentos que, a nuestro juicio, conforman un caso sólido para comprometerse políticamente con la disminución de la desigualdad socioeconómica, incluso en el evento de que Chile ya hubiese cumplido con proveer a todos ese “mínimo digno”. Una tesis de Cristóbal Bellolio y Daniel Brieba; ilustración, Ignacio Schiefelbein.

Los pronósticos más auspiciosos dicen que Chile podría derrotar a la pobreza antes de finalizar la presente década. La estrategia de crecimiento económico y políticas sociales focalizadas podrían transformarnos en el primer país de la región en conseguir dicha meta –salvo que Uruguay nos arrebate el título en los minutos finales–. El presidente Piñera suele nombrar razones para hacerlo: porque se trata de un imperativo moral, una inversión a futuro y una garantía de paz social. Existe consenso absoluto en nuestra clase política –no siempre lo hubo– respecto de la urgencia de esta tarea, ya sea por las razones que entrega el presidente o por otras que no se alejan demasiado. Que el debate sobre el Ingreso Etico Familiar discurra por canales más técnicos que ideológicos refleja ese acuerdo general: todo chileno tiene derecho a un nivel de vida digno, asegurado por el Estado.
Lo interesante es observar qué ocurre una vez que la pobreza, en términos absolutos, ha sido superada. El problema de los países ricos, como Estados Unidos o Gran Bretaña, en la actualidad no es la miseria dura que corroe a las naciones en vías de desarrollo, sino el progresivo aumento de la desigualdad entre los que más y los que menos tienen. Como chilenos, la pregunta que nos hacemos en el presente artículo parece simple, pero reviste una respetable complejidad: ¿nos debiera importar, además de vencer la pobreza, el nivel de desigualdad socioeconómica que existe actualmente en nuestra sociedad?
En una primera aproximación, digamos que la desigualdad en sí misma no es tan grave mientras toda la población cuente con recursos suficientes para vivir decentemente. Por decirlo de alguna manera, una vez satisfecho ese mínimo universal, todo es cancha. Más aún, si los ricos se hacen más ricos, y a consecuencia de ello los pobres son menos pobres, bienvenido sea. La tributación a los primeros debiera ser la justa para no desincentivarlos y la suficiente para establecer una red de protección para los segundos. Todo esto, sin perjuicio de contar con un esquema abierto a la movilidad social. Visto así, todos ganan.
Nosotros no estamos tan de acuerdo. A continuación ofrecemos tres clases de argumentos que, a nuestro juicio, conforman un caso sólido para comprometerse políticamente con la disminución de la desigualdad socioeconómica, incluso en el evento de que Chile ya hubiese cumplido con proveer a todos ese “mínimo digno” y asumiendo que dicho piso básico no es una situación fija sino que demanda mejores condiciones a través del tiempo, en concordancia con el progreso material de la sociedad.
La primera es una razón de justicia y suele estar en el centro de los argumentos igualitarios. Sostiene que es injusto que algunos cuenten con ventajas respecto a otros cuando éstas obedecen a las arbitrarias contingencias del destino. Sabemos que las personas no se merecen enteramente la posición social y económica en que se encuentran. Suena duro, pero la verdad es que estamos donde estamos gracias a una combinación de factores, la mayoría de ellos independientes de nuestro mérito. No elegimos dónde nacer, ni a qué colegio asistir. Si vamos o no a la universidad tiene mucho que ver con las dos variables precedentes. Cuando salimos de ella, ya estamos corriendo con una inmensa ventaja. Alguien podrá objetar que las ganas y el empuje fueron claves para llegar hasta donde están. No lo negamos, pero añadiríamos que las oportunidades que aprovecharon también estuvieron determinadas por el capital cultural que absorbieron del medio, por las redes sociales a las que tuvieron acceso y –cómo no– por su no escogida herencia genética. Casi todo, pura suerte. Un niño que nace en una familia que le enseña desde el comienzo la importancia de la responsabilidad y del trabajo bien hecho tiene mejores perspectivas que otro al que jamás se le transmitieron valores similares. El primero es un niño afortunado; el segundo, no.
Poca gente está dispuesta a sostener que estar condenado por la mala suerte es “justo”. Si quisiéramos ser verdaderamente imparciales, estaríamos de acuerdo en extremar recursos para eliminar o al menos mitigar las diferencias producidas por variables que escapan a nuestro control. Estaríamos de acuerdo en que la sociedad tiene el deber moral de emparejar las condiciones de tal manera que la mala suerte no sea determinante. Este es el origen de la noción de la igualdad de oportunidades. En este esquema, las desigualdades sólo son justas si todos los participantes tuvieron las mismas posibilidades de acceso a las distintas posiciones en la escala social. Es una idea que apela al sentido común: nos gusta que los resultados sean la expresión de reglas uniformes, ciertas e imparciales; nos rebelamos cuando no es así. Aceptamos que haya ganadores y perdedores en la vida siempre y cuando la batalla haya sido leal.
Hoy, lo sabemos, no lo es. La igualdad de oportunidades que existe en Chile es puramente formal. Los casos en los cuales la cuna no determina el nivel socioeconómico se cuentan como excepciones y están lejísimos de ser la regla general. Incluso dos egresados universitarios de la misma carrera y establecimiento enfrentan oportunidades efectivas muy distintas a la hora de conseguir trabajo, si uno de ellos posee el perfil de la elite y el otro no. Conformarse con la igualdad de oportunidades que aparece en el papel consolida la injusticia de un sistema que castiga la mala suerte. Por el contrario, un sistema justo corrige las desigualdades de origen a través de una efectiva igualdad de oportunidades y dispone compensaciones a lo largo de la carrera para aquellos que cargan con desventajas que no pudieron ser eliminadas.