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Artículo correspondiente al Martes 26 de Julio, 2011
PwC, una de las big four en el mapa de las auditoras locales, enfrenta su momento más complejo. La SVS formuló cargos contra la firma por su responsabilidad en el escándalo financiero de La Polar. En la empresa se defienden, dicen que son víctimas de la misma estafa que sorprendió a directivos y accionistas. Pero las querellas están a la orden del día y en las oficinas de la avenida Andrés Bello se respira preocupación. Por Fernando Vega y Carla Sánchez.
Las alarmas saltaron temprano. Como cada mañana, el área técnica de PwC (como se conoce desde el año pasado a la tradicional PricewaterhouseCoopers), a cargo de la revisión de sitios web, echó un vistazo a la página de la Superintendencia de Valores y Seguros. Eran las 8:06 horas del jueves 9 de junio cuando se encontraron con la sorpresa: a través de un hecho esencial, el directorio de La Polar informaba que había tomado conocimiento de malas prácticas en la gestión de su cartera de crédito, las que se habrían efectuado de una forma no autorizada por el directorio, cambiando radicalmente su balance.
Desde ese día, la firma de auditores más antigua de Chile permanece en el centro de la polémica. Su rol como auditor externo de la tienda por departamentos se debate y cuestiona por haber certificado estados financieros que camuflaban la real situación de esa compañía. Buena parte del mercado ya conoce la defensa de la auditora: que, al igual que el directorio, fue engañada por unos empleados inescrupulosos. Que una auditoría puede detectar un error, pero que un fraude de este tipo sale a la luz sólo cuando alguien lo sopla.
Pero el 13 de julio pasado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estimó que Price no hizo bien su trabajo en La Polar y formuló cargos contra la firma, su socio a cargo de la revisión del balance 2010 –Luis Alejandro Joignant Pacheco– y 18 ex ejecutivos y directores del retailer, por sus responsabilidades en este escándalo financiero.
Los cargos contra PwC por la presunta infracción a las obligaciones que le imponen la Ley de Mercado de Valores y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas cayeron como un balde de agua fría al interior de la firma. Según el ente regulador, tanto Price como Joignant arriesgan no sólo millonarias multas, sino hasta situaciones más extremas, como una eventual suspensión de actividades y penas aflictivas.
Acostumbrada a operar con un perfil discreto, la firma comenzó a preparar la defensa. Desde su cuartel general en avenida Andrés Bello, sus máximos ejecutivos han diseñado la estrategia para enfrentar este inesperado y adverso escenario: contrataron al estudio de abogados del destacado penalista Pablo Rodríguez Grez –que destinó al caso en exclusiva al abogado Pedro Pablo Vergara– y a la empresa de comunicaciones Nexos para enfrentar la avalancha mediática.
El comentario que suele escucharse una y otra vez es que Price considera que fue tan víctima del fraude de La Polar como todos los clientes de la compañía repactados automáticamente y los accionistas de la firma, quienes nunca se enteraron de la bicicleta financiera que maquillaba los resultados. Las explicaciones de los ejecutivos sonaban razonables: la crisis económica de 2008-2009 era la gran oportunidad para La Polar. Aprovechando que el retail iba a contraerse, el plan era aplicar una política expansiva de crédito. Para ello, se daría más plazo a los deudores de los segmentos C3 y D, considerados “los mejores pagadores”.
Sin embargo, el directorio de La Polar inició una acción preparatoria contra PwC con el objetivo de recabar antecedentes para futuras acciones en su contra. Y en todas las acciones legales que ya se acumulan sobre el caso, dirigidas contra quienes resulten responsables como autores, encubridores o cómplices, los querellantes apuntan a la responsabilidad de la firma al no haber detectado ninguna irregularidad durante todos los años que auditó al retailer.
La Ley de Valores establece que las auditoras tienen la misión de dar fiabilidad y veracidad a la información financiera de las empresas. Pero también pueden ayudar a detectar potenciales problemas escondidos entre los números presentados por sus clientes. Y es por eso que en el mercado subsisten las voces escépticas sobre la actuación de Price en el caso.
Actualizadas el año 2010, las Normas de Auditorías Generalmente Aceptadas en Chile (NAGAS) establecen que “el auditor tiene la responsabilidad de planificar y desarrollar la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones incorrectas significativas, sean éstas causadas por error o fraude”. Y en el caso de La Polar había indicios de que algo raro ocurría; en particular, si se comparaban sus números con los de buena parte de la competencia: era la segunda cartera de crédito por volumen del retail, a pesar de tener hasta 10 veces menos en términos de ventas, como comprobaron los abogados de Gutiérrez y Silva, el bufete que presentó la demanda ante el Sernac.
La más antigua
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| Luis Alejandro Joignant Pacheco, el socio a cargo de la revisión del balance 2010 de La Polar, fue formalizado por la SVS –junto a la auditora y a 18 ex ejecutivos y directores del retailer– por sus responsabilidades en el escándalo financiero. Según el ente regulador, tanto Price como Joignant arriesgan no sólo millonarias multas, sino hasta situaciones más extremas, como una eventual suspensión de actividades y penas aflictivas. |