Reportajes y Entrevistas
Olla a presión

Artículo correspondiente al número 263 (16 al 29 de octubre de 2009)

 

Río revuelto

 

Así las cosas, la pelea entre las comunidades también llegó al interior de la Conadi. Reyes, que en el período en que se inició la discusión aún no era consejero de la institución indígena, plantea que surgió un doble discurso al interior de esa organización. “Hubo una oposición entre comillas, porque después vimos cómo la misma presidenta de la Conadi, Liliana Cortés, aceptaba visitar Italia y, luego, frecuentemente se reunía y apoyaba las acciones de la empresa con las comunidades de Toconce y Caspana. Hicimos sentir el malestar, incluso realizamos una marcha, pero nuevamente se nos dijo que el proyecto no iba a causar ningún impacto, aunque, en pocos días, se les escapó todo de las manos”, acusa.

Estas mismas peleas incidieron en que finalmente las opiniones se dispersaran y el mundo indígena no fuera capaz de participar activamente de la discusión ambiental en torno al proyecto. Así lo ve la ex gobernadora de El Loa, Sandra Pastene, que también hace un mea culpa de su aprobación al proyecto. Dice que para revertir en parte su falta hoy está trabajando activamente con distintos municipios y asociaciones indígenas con el fin de revocar el permiso y conseguir que se declare a El Tatio como zona protegida.

www.tatio.org

Cuenta que pudo palpar irregularidades en el desarrollo del proyecto cuando, algunos meses después de su aprobación, pidió a distintos servicios que aplicaran fiscalizaciones. Apunta que dichos controles dejaron en evidencia algunas faltas, como la extracción de agua de una pequeña laguna cercana y el hecho de que no tenían autorización para construir la piscina en que depositaban esa agua antes de ser usada en el proceso de inyección para producir vapor.

Esto mismo, más la falla reciente, es lo que llevó a la ministra de medioambiente, Ana Lya Uriarte, a plantear que hubo una mala operación del proyecto por parte de la empresa, al apartarse del estricto cumplimiento de su resolución de calificación ambiental. “Lo más indignante es que para Chile la energía geotérmica representa una energía beneficiosa, pero a raíz de esta situación, anómala, por cierto, estamos viviendo una verdadera consternación”, se queja.

Aunque en el gobierno insisten en que la geotermia es una buena alternativa de generación sin costos ambientales, en otros ámbitos como Libertad y Desarrollo, dicen que hay que ser realistas en que estas iniciativas no resolverán los problemas de la matriz energética chilena. “Este problema deja en evidencia que las energías renovables difícilmente pueden considerarse la base sobre la cual se va a desarrollar nuestra seguridad energética, porque se trata de tecnologías que todavía son muy inmaduras. Cuando haya aplicaciones para otras de estas energías, como la solar, de seguro también habrá impactos alternativos. Por eso, si bien hay que incentivarlas, el desarrollo futuro de la matriz no se puede basar en ellas”, advierte Blumel.

 

 

La judicialización

 

Así como la ministra Uriarte, no hubo autoridad de gobierno que no dijera en las últimas semanas que la empresa actuó irresponsablemente. Sólo las ONG no han salido a criticar lo sucedido, simplemente porque no tienen muchos argumentos para defender el error en algo que ellas mismas han propiciado.

Por eso, no es sorpresa que el tema tienda a judicializar se, con querellas, o anuncios, que van y vienen. Hasta el mediático ex juez Juan Guzmán Tapia –célebre por su procesamiento al general Augusto Pinochet– está entre quienes se han metido en esta polémica. En las comunidades del norte cuentan que lo contactaron dada su cercanía con el tema de los derechos humanos y estaría trabajando en una demanda por los daños y atropellos a los pueblos originarios.

Eso sí, el primer paso concreto lo dieron las agrupaciones indígenas y ciudadanas lideradas por el Consejo de Pueblos Atacameños, que interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) y de la empresa Geotérmica del Norte. La abogada representante, Marisol López, sostiene que lo que buscan es paralizar definitivamente la totalidad del proyecto y amenaza con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esto no se produce.

El Nortino

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió una carpeta de investigación medioambiental por este caso, y requirió por oficio informes a los distintos servicios con competencia en esta área. En este organismo, presidido por Carlos Mackenney, explicaron que esta información se solicitó hace poco más de dos semanas, y una vez que los datos estén en su poder, se estará en condiciones de determinar si se entabla una acción de reparación ambiental, o una demanda civil por indemnización (o ambas en paralelo).

¿Qué pasará en el hipotético caso en que el Consejo inicie una demanda contra la empresa y ésta, a su vez, entable un litigio contra el Estado, por considerar que el error fue de éste al entregar los permisos? Se lo preguntamos directamente a la ministra Uriarte (que en el pasado también era miembro del CDE) y nos aseguró que en este caso el incumplimiento es de la empresa, por lo que tal situación no debería darse. “No hay que confundirse ni un solo segundo: la responsabilidad debe buscarse en quienes no gestionaron cuidadosa y rigurosamente este proyecto”, aseguró.

Desde GDN, el gerente técnico del proyecto Quebrada del Zoquete, Martino Pasti, anticipó frente a estas acciones legales que la compañía mantendrá lo que ha sido su comportamiento hasta ahora, en especial en cuanto al compromiso de colaboración con las distintas instancias que requiera el proceso. “En el escenario actual corresponde que GDN entregue a Corema todos los antecedentes técnicos sobre las causas de la erogación y dar respuestas a los puntos planteados. Avanzaremos en este proceso paso a paso”, sostuvo por escrito al ser consultado.

Defendió que la firma ha puesto en marcha un exhaustivo sistema de seguimiento diario de temperatura, conductividad y grado de acidez, entre varios otros elementos, por lo que “nuestros argumentos se basan en evidencia técnica objetiva. La pregunta es en qué se basan las opiniones catastrofistas”. Por eso, apoya los análisis que puedan realizar organismos técnicos independientes, que aportarían una ayuda al examen y evaluación de la contingencia, que deben hacer las autoridades.

Sostuvo que el compromiso de GDN es contribuir definitivamente a la meta país de la diversificación de las fuentes energéticas, en particular a través de las que son limpias y renovables. “Este gran objetivo no puede cuestionarse en virtud de una contingencia de bajísima ocurrencia en la industria geotérmica mundial y que, insistimos, no está afectando de modo alguno al campo de géiseres El Tatio”.

 

 

 

Italianos al ruedo Entre las acaloradas declaraciones surgidas a raíz de los problemas en El Tatio, sin duda la que más interés público desató fueron las acusaciones del empresario turístico Pedro Ibáñez, dueño de la cadena de hoteles Explora, que habló de un doble estándar en la aprobación ambiental de los proyectos cuando éstos provienen de compañías estatales. Pero la parte que más dolió en la comunidad itálica residente fue aquella en que destacó que “el proyecto lo lidera una empresa italiana de gran envergadura y los italianos son conocidos en el mundo entero porque muchas veces no actúan de manera regular”. Al margen de esta polémica, lo cierto es que no han sido pocos los empresarios turísticos de la zona que han salido a hablar sobre el impacto que podría traer el error de Enel sobre el turismo en torno a los géiseres. Por un lado preocupa el daño irreversible de este gran atractivo, tan simbólico y solicitado por los visitantes, y por otro la negativa imagen-país que se proyecta en aquellos mercados donde existe una conciencia ecológica más desarrollada, de donde proviene justamente una gran cantidad de los turistas que visitan la zona.

 

 

Los otros proyectos Son dos los consorcios que actualmente están liderando el desarrollo de la geotermia en el país. Por un lado está la sociedad entre Enel, Enap y Codelco y Geotérmica del Norte (GDN) que, además del proyecto en cuestión maneja otros en distintas etapas: Apacheta, que se encuentra en la etapa de exploración profunda, y La Torta, que todavía está siendo explorada superficialmente. A ellos se suman derechos que la firma tiene en Calabozo y Chillán; ambos, en la zona centro sur. A esta firma se suma Energía Andina, la sociedad que el grupo Luksic formó junto a Enap (con 60% de control de la empresa privada) y que maneja cuatro proyectos a lo largo del país: tres en el norte y uno en la zona de Tinguiririca. Adicionalmente, el gobierno inició en junio un proceso para licitar otras áreas en distintas zonas que van desde Arica hasta La Araucanía. El potencial geotérmico chileno se ha situado en más de 16.000 MW, de acuerdo a proyecciones del gobierno.

 

 

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