Reportajes y Entrevistas
Olla a presión

Artículo correspondiente al número 263 (16 al 29 de octubre de 2009)

 

Aunque la fumarola gigante de El Tatio ya fue controlada por la firma Geotérmica del Norte –controlada por la italiana Enel, y en la que además participan las estatales Enap y Codelco–, las cosas parecen estar aún en ebullición. Divisiones entre los pueblos atacameños lluvia de querellas e intensos mea culpas de autoridades que dieron su aprobación al proyecto, son parte del intenso movimiento que viven las desérticas tierras nortinas, donde Capital quiso indagar. Por Cristián Rivas y Paulas Vargas.

www.tatio.org

Diariamente, entre las 6 y las 7 de la mañana, los géiseres de El Tatio son protagonistas indiscutidos de la parrilla turística de la II Región ¡Cómo no! Si a esa hora se produce el máximo punto de ebullición de estas fumarolas de vapor y agua, con temperaturas que alcanzan los 85 grados celsius, y que logran alturas de hasta diez metros, convirtiendo a este lugar en el más importante en su tipo en todo el hemisferio sur.

Por eso, el que haya surgido una fumarola de 60 metros de altura a poca distancia de allí –un kilómetro y medio, para ser exactos–, no es algo que pase inadvertido para los turistas. Menos todavía para los habitantes de los pueblos cercanos, que vieron esta inédita aparición durante 27 días y de manera ininterrumpida.

Hay que aclarar, eso sí, que no se trató de un hecho natural. Hablamos de una contingencia no prevista que enfrentó la compañía Geotérmica del Norte (GDN) –controlada por la italiana Enel, pero que tiene como accionistas minoritarios a las estatales Enap y Codelco– en uno de los cuatro pozos en los que tiene permiso para realizar trabajos de exploración de energía geotérmica.

Pese a que la firma logró controlar el episodio hace unos días, el intenso calor de la fumarola quedó traspasado ahora al debate y a las acusaciones que van y vienen. Todo, con ex autoridades de la zona haciendo mea culpas por haber apoyado la iniciativa en sus orígenes; divisiones profundas entre los distintos pueblos atacameños; intensas investigaciones ambientales y procesos judiciales en marcha; y una marcada crítica a la forma en que se inició el proceso de concesión del proyecto.

¿Y para qué todo esto? Para generar unos 40 megawats de energía eléctrica, que supondría apenas el 1% de lo que se mueve en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

 

 

Reparos desde el inicio

 

La hebra que desenreda la madeja de este proyecto tiene su origen a comienzos de esta década. La historia más reciente –porque hubo varios intentos a lo largo del siglo XX; todos, sin frutos– partió con una alianza que sellaron en enero de 2001 las firmas estatales Codelco y Enap, que se unieron para formar Geotérmica del Norte, con el 51% y el 49%, respectivamente.

En aquel tiempo, lo que dijeron estas empresas fue que, dada la promulgación de la ley sobre geotermia el año previo, tenían interés en solicitar algunas concesiones de exploración, para luego emprender la explotación comercial de estos recursos. Discurso muy en línea con lo que se venía planteando desde otras instancias del gobierno, que apuntaban a incentivar la explotación de energías renovables no convencionales.

Sin embargo, es en este mismo punto donde surge el primer reparo a la forma administrativa en que se desarrolló el proceso y que ha motivado críticas de diversos actores: la ley de geotermia entrega los derechos de concesión al ministerio de Minería, cuyo titular es a la vez, por derecho, presidente de ambas firmas estatales.

“En los últimos acontecimientos en El Tatio hay responsabilidad incluso del gobierno central. Es cosa de mirar cuando se entregaron las concesiones a Codelco y Enap donde, curiosamente, el ministro de Minería es juez y parte, porque también es presidente de ambas empresas. Hoy, él mismo reclama la defensa de El Tatio, pero fue ese ministerio el que autorizó que se explotara ¿De qué estamos hablando?”, reclama Wilson Segovia, miembro del Consejo de Pueblos Atacameños.

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Los hechos cuestionables siguen, porque luego de conseguir las concesiones geotérmicas, vino todo un reordenamiento de la empresa en marzo de 2006. El ex presidente ejecutivo de Codelco Juan Villarzú recuerda que la compañía finalmente no tuvo interés de seguir en el tema y autorizó a la petrolera para que negociara la venta. Fue ahí que apareció en la trama la multinacional italiana Enel, que se hizo del 51% de la sociedad y comenzó con los trabajos para su puesta en marcha, asumiendo toda la operatividad del nuevo negocio.

A la deficiencia en materia de gobierno corporativo mostrada en este caso se suma, además, una falta importante de regulación, según cuenta el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Gonzalo Blumel. Argumenta que la zona de El Tatio es vista como un área con alto valor ecológico, turístico y patrimonial que, sin embargo, no está incluida en el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Por eso, plantea que aquí no fallaron las autorizaciones ambientales que se dieron y estuvieron completamente en regla, sino que la falla tiene que ver con que no se reguló institucionalmente algo que parecía evidente con anterioridad.

Además, hay otras inquietudes que han ido surgiendo en torno a la legislación sobre geotermia. Como que la ley entrega al titular de la concesión el derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas, siendo que esa debería ser atribución de la Dirección General de Aguas (DGA). Tema que cobra importancia al momento de hablar sobre el efecto que pudiera tener –o no– una situación como la vivida en El Tatio, que podría haber tenido impacto en la misma agua que utilizan más abajo otras actividades económicas o la propia gente.

Esto cambiaría, dijeron al interior de la DGA, si avanza el proyecto de ley que sugirió hace algunos días el MOP, con el que se quiere dejar expresamente de manifiesto en la Constitución que el agua en todos sus estados –sólido, líquido o gaseoso– es un bien de uso público.

 

 

Aguas separadas

 

En los días previos al control de la fumarola en la Quebrada del Zoquete –cuyo pozo en conflicto, el número 10, se cerró definitivamente según lo dicho por GDN– se realizaron dos concurridas manifestaciones públicas en contra del proyecto. Los organizadores, entre ellos Macarena Suárez, microempresaria de la zona, cuentan que la primera fue “la caminata del perdón”: diversas organizaciones ambientales, sociales, empresariales e indígenas marcharon hasta el lugar, en un intento por pedir perdón a la madre naturaleza por el daño que se estaba produciendo.

La otra fue dos días antes del control de la columna de vapor, en la plaza de San Pedro de Atacama, que se vio inundada de banderas blancas y gente de distintas comunidades cercanas, además de autoridades como el ministro de Minería, Santiago González, que visitaban la zona por esos días.

Aunque desde fuera pueda percibirse una unión muy potente entre las distintas comunidades a las que involucra el tema, lo cierto es que esto sólo ha sido cosa de los últimos días, porque las aguas han estado separadas desde el momento en que la italiana comenzó a gestionar los permisos para materializar las obras geotérmicas.

El mismo año 2006, cuando ingresó a la propiedad accionaria de GDN, los distintos pueblos cercanos a El Tatio conocieron el proyecto y comenzaron a mostrar de inmediato preocupación por la fragilidad del ecosistema y la fallida experiencia previa de Corfo. “Quienes mostraron optimismo en ese momento fueron los servicios públicos y el mundo político, que nos comenzaron a bombardear de noticias sobre energías limpias e incluso nos mostraron un mapa con catorce zonas de posibles exploraciones de geotermia. Nos dijeron que era el tipo de energía más apropiada para la región, sus características geológicas”, recuerda Segovia.
Coincidente con eso, en 2007 las localidades de Toconce y Caspana recibieron la administración del área turística de los géiseres y meses más tarde se produjo la entrega de la concesión definitiva para que GDN explotara los recursos en El Tatio, lo que recibió el beneplácito explícito de esas dos comunidades, a las que la firma ofreció como compensación energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios.

“El mayor dolor que hoy sentimos es que esta situación logró dividir a los pueblos atacameños e incluso también enfrentarnos. Cuando Toconce y Caspana establecieron ese acuerdo con la empresa, el resto de las comunidades las atacó por haber tomado esa decisión. En San Pedro se hicieron panfletos contra ese apoyo y ahí todo esfuerzo por frenar el proyecto se dispersó y derivó en una profunda división entre los pueblos, generando un quiebre institucional de proporciones”, plantea Rubén Reyes, consejero de la Conadi.

 

 

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