Reportajes y Entrevistas
Odisea 2010

Artículo correspondiente al número 224 (21 de mar al 6 de abr 2008)

 

La carrera espacial chilena no se da por vencida. Pretendemos poner en órbita un nuevo satélite en 2010; pero esta vez, uno bueno y esos son más caros. El proyecto implica unos 70 millones de dólares sin contar los gastos en su operación posterior. Nos duraría unos cinco años y serviría para tener nuestras propias fotos del territorio nacional, sin tener que pedirlas ni comprarlas a nadie. Por Cristián Rivas Neira

 

 

Aquí vamos de nuevo. Nada de desfallecer ni sentirnos derrotados. Si el Fasat Alfa no resultó y su sucesor –el Fasat Bravo– pasó desapercibido, asumamos que aquello sirvió de aprendizaje y que nos preparó para lo que viene ahora: la puesta en órbita en 2010 de un satélite “de verdad”.

 

Conocido este historial, se entiende que a muchos parezca una locura gastarnos 70 millones de dólares en la construcción de esta máquina espacial, pero las voces del mundo gubernamental y académico concuerdan en que se trata de una cifra que se justifica y compensa con las ventajas de tener información directa y en el momento apropiado.

 

Porque esa es la idea. Que Chile tenga a su disposición, y en forma independiente, imágenes de todo su territorio, sin tener que depender de terceros y a una escala muy cercana. Incluso, las fotografías podrían tener un alcance de un metro de distancia y eso implica que el potencial de uso es amplísimo: desde estudiar los recursos naturales, vigilar las fronteras, monitorear el comportamiento marino, el nivel de los ríos, controlar las plagas y supervisar el desarrollo de las ciudades, hasta comprobar en detalle el pago de impuestos por construcciones no declaradas, como suele ocurrir –por ejemplo– con piscinas y ampliaciones domiciliarias.

 

El proceso está justo a medio camino. En febrero pasado, las siete empresas participantes de la licitación pública iniciada en abril de 2007 entregaron sus propuestas al grupo de trabajo que dirige la subsecretaría de Aviación y en el que participan representantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones académicas y científi cas. Concursan compañías de Francia, Israel, India, Canadá, Corea del Sur y Rusia.

 

De entre ellas, se seleccionarán las ofertas más atractivas y se iniciará una segunda ronda de negociación de la cual saldrá la firma elegida, que presentará el plan a la Presidencia en mayo. El proceso no debiera tardar más tiempo –explica el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara–, pues la decisión en el gobierno ya está tomada e incluso en diciembre pasado se cursó el visto bueno final para el uso de los dineros, que provendrán de los fondos que entrega a las Fuerzas Armadas la ley reservada del cobre.

 

 

 

Inicio del conteo

 

Teniendo en cuenta el ruido comunicacional que se armó, es difícil evitar cierto bochorno al recordar la primera experiencia espacial chilena. Ocurrió el 31 de agosto de 1995, cuando todo el país siguió en vivo por televisión el lanzamiento del satélite ucraniano que llevaba adosado el Fasat Alfa, una máquina de unos 50 kilos que nuestro país había construido con la ayuda de una empresa inglesa y que le permitiría realizar una serie de experimentos y tareas desde la atmósfera.

 

El coordinador de la Agencia Chilena del Espacio, el ingeniero satelital Héctor Gutiérrez, recuerda que la plana mayor de la aviación estaba reunida en un subterráneo del ex aeródromo Los Cerrillos, siguiendo paso a paso el procedimiento. “Estaba lleno de gente. Era un lugar muy pequeño y todos esperábamos con ansias el resultado del lanzamiento y el desacople del satélite madre. Estábamos tan pobres de comunicaciones que nos íbamos enterando de lo que ocurría por la televisión, ya que no teníamos medios propios, salvo la radio y algunas llamadas telefónicas. De pronto, se recibió una información errónea: que el satélite se había separado y, por lo tanto, se aseguraba el éxito. Incluso hubo brindis con champaña. Pero a los pocos minutos la verdad empezó a asomar. Los técnicos que debían hacer contacto con el satélite nos decían que no había ninguna señal. Fue el primer apronte de que algo andaba mal”.

 

Dicen que el problema estuvo en el bajo costo del satélite, unos 5 millones de dólares, lo que implicó usar tecnología no probada en el espacio, con todos los riesgos que eso suponía. Uno de ellos hizo fracasar el proyecto: no estallaron los elementos pirotécnicos que debían cortar los pernos que sujetaban al Fasat al otro satélite.

 

“Fue un tremendo golpe para Chile porque no teníamos experiencia y nos afectó mucho el fracaso del primer intento”, reconoce Gutiérrez. Por eso, cuando –utilizando el dinero de los seguros comprometidos– se construyó el Fasat Bravo (copia fiel de su antecesor), su lanzamiento y operación a partir de 1998 se concretaron en forma más silenciosa. Así, el desempeño del Fasat Bravo pasó casi inadvertido durante la mayor parte del tiempo que estuvo en órbita hasta 2001, cuando se agotaron sus fuentes de poder y se transformó en chatarra espacial.

 

Gutiérrez dice que ambos procesos fueron muy importantes para el país porque, pese a que tenían resultados acotados, como mediciones o avistamientos particulares, sirvieron para comenzar a formar expertos chilenos en el tema satelital. El mismo formó parte del grupo, enviado a hacer postgrados en la Universidad de Surrey, en Inglaterra.

 

 

 

Seguidilla de adversidades

 

Lo que vino después fue más bien tiempo perdido. En 2001, el gobierno de Ricardo Lagos decidió formar una comisión asesora presidencial para desarrollar el tema espacial. Surgió así la Agencia Chilena del Espacio, que ha sobrevivido hasta ahora con mínimos aportes financieros.

En ella tienen participación diversos subsecretarios, Conicyt y el Consejo de Rectores. Su primera misión fue generar una institucionalidad que permitiera desarrollar el área, lo que finalmente no prosperó porque Hacienda se mostró reticente a entregar recursos a una nueva instancia estatal. El tema no se retomó hasta 2005, cuando el entonces subsecretario de Aviación, Carlos Parra, decidió crear una comisión formada por representantes de las Fuerzas Armadas y de otros organismos estatales y académicos.

 

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