Reportajes y Entrevistas
Notarios al ataque

Artículo correspondiente al número 222 (22 de feb al 6 de mar 2007)

 

Acompañados de un intenso lobby, los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile comparten un estado de alerta máxima. El próximo envío de un proyecto que podría restringir sus actuaciones y traspasarlas al Registro Civil los tiene más que inquietos, al punto que aseguran que detrás de esta iniciativa hay intereses del Banco Mundial y el BID. Aquí, los argumentos de uno y otro lado. Por Lorena Rubio.

Los notarios de Chile no se fueron de vacaciones este verano y decidieron dejar de lado esa imagen monótona y levemente grisácea que refleja la novela Madame Bovary, de Flaubert. Atrincherados en la Asociación que los agrupa junto a Conservadores y Archiveros Judiciales, preparan su artillería para afrontar un proyecto anunciado por la presidenta en su discurso del 21 de mayo de 2006 y ratificado en diciembre pasado por la mandataria: nuevas normativas y fiscalización para las actividades de notarios y conservadores, que les restaría algunas de sus funciones para traspasarlas al Registro Civil. Los más preocupados: los notarios, porque son sus servicios los que podrían verse más restringidos una vez que el proyecto se apruebe. Su envío debería ocurrir durante marzo o abril.

En Chile hay 310 notarías, de las cuales 120 están en Santiago.

La nueva normativa está en la oficina técnica de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), cuyo titular, el ministro José Antonio Viera-Gallo, ya ha recibido mensajes de la Asociación, manifestándole sus inquietudes. Tanto en el mundo político como entre los propios profesionales que serán afectados, se afirma que el envío –anunciado con bombos y platillos el último mes de 2007– ha demorado “más de la cuenta”, por lo que nadie sabe muy bien cuál será el cuerpo legal que reciba el Congreso.

 

 

 

 

El gran poder cuestionado

 

 

Cultivadores de un bajo perfil y caricaturizados como personas serias y hasta aburridas, los notarios eran considerados hasta hace algunos años verdaderas autoridades, sobre todo en provincias, y sus vidas transcurrían sin ningún cuestionamiento.

 

El caso del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado –quien preside la Asociación y que se vio envuelto en un caso de chantaje a fines de 2006 y co- Acompañados de un intenso lobby, los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile comparten un estado de alerta máxima. El próximo envío de un proyecto que podría restringir sus actuaciones y traspasarlas al Registro Civil los tiene más que inquietos, al punto que aseguran que detrás de esta iniciativa hay intereses del Banco Mundial y el BID. Aquí, los argumentos de uno y otro lado. Por Lorena Rubio. Notarios al ataque mienzos de 2007– puso el foco sobre ellos y planteó una serie de cuestionamientos sobre sus ingresos y actuaciones.

 

“Con el asunto del conservador quedó una imagen falsa: que en este rubro la gente gana mucho dinero, en circunstancias que eso ocurre sólo en algunas comunas y en cargos específicos”, afirma el vicepresidente de la Asociación, el notario Alfredo Martín, quien por estos días oficia de vocero de la agrupación y es el encargado de reunirse con los actores involucrados en el tema. La imagen, según la Asociación, es muy distinta, al punto de afirmar que en Chile hay unas 10 notarías deficitarias. Se trata de las oficinas de Puerto Cisnes, Porvenir, Hualaihué, Chile Chico, Chaitén, Cochrane, Puerto Natales y Achao, lo que equivale al 3,2% de total de notarías existentes en el país.

 

Además, sostiene que cualquier persona que sienta que un notario infringe sus derechos puede denunciarlo en la intendencia o en la gobernación que correspondan a la región o a la provincia en la que se asienta la oficina cuestionada.

Como sea, los notarios del país están convencidos –a menos que la autoridad retroceda en sus intenciones, cosa que ven como poco probable– de que el Ejecutivo les restará poder de actuación afectando, de paso, a sus bolsillos, pese a que arguyen que los aranceles que fijan sus actuaciones están “congelados” desde 1998. Sin embargo, es cosa de darse una vuelta por las notarías de Santiago para darse cuenta de que muy pocas se ciñen a lo publicado en el Diario Oficial (ver tabla). No obstante, en la propia Asociación advierten que es en los instrumentos públicos (como las escrituras), donde “puede haber diferencias entre un notario y otro”.

 

Tampoco están de acuerdo con traspasarle funciones al Registro Civil (RC), al que definen como “registro de personas” y no como “ministro de fe”, que sería el papel de los notarios. Pese a ello, el director nacional de esa repartición pública, Guillermo Arenas, asegura que la misma está perfectamente preparada “tanto en lo tecnológico, como en lo humano” para afrontar nuevas responsabilidades, cosa que ya hace en las comunas sin notarías.

 

Martín retruca que las oficinas del RC están “colapsadas”, a lo que Arenas responde que ningún trámite demora más de 30 minutos y que para eso se han separado las distintas operaciones por sucursal.

 

Como se ve, las posturas en juego son diametralmente opuestas y, desde ya, los afectados afirman que realizarán todas las acciones legales necesarias “para defender sus derechos” –como explica Martín–, lo que incluye la contratación de los más prestigiosos bufetes de la plaza, algunos de los cuales ya han sido contactados, y la voluntad de llevar el caso a la justicia, de ser necesario. Esto último no sería un escenario deseado por el gobierno, no sólo por la duración de un eventual juicio, sino porque es sabido que nadie tiene mejores nexos en las cortes que, precisamente, notarios y conservadores. “Los ministros y jueces saben exactamente lo que nosotros hacemos, y lo valoran”, advierte Martín.

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