FERNANDO JIMENEZ :

EL ESCANDALO DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES...DE PRIVILEGIOS. 
 
La de los Notarios públicos y Conservadores en Chile es una institución arcaica. Decimonónica. Grotesca. Y además, un reto a la paciencia y pasividad ciudadana.  
No tiene justificación alguna que unos señores emparentados o vinculados a través de dudosas relaciones con gente del poder judicial o del Ministerio que los nombra y “faculta”, tengan el privilegio de cobrar escandalosas cifras por unos simples actos administrativos, bajo pretexto de servir de ministros de “fe” para atestiguar tales actos, como si estuviesen premunidos de un don especial. El cobro de jugosos “honorarios por ese pseudo atestiguamiento causa verdadera rebeldía, por la inutilidad, falsa solemnidad y clara intrascendencia de tal testimonio, la mayor de las veces tácito, anónimo e invisible.  
Firme acá y páseme cinco mil pesos, repite latamente una funcionaria con cara de no muy buenos amigos para que nosotros, las víctimas, rubriquemos echando simultáneamente mano a la billetera para depositar el óbolo. Y así desfilan por esas oficinas, lujosas en su interior, pero incómodas para el público común, miles y miles de ciudadanos, indefensas víctimas de este abuso generalizado y tolerado desde hace siglos en nuestro país.  
Pingüe negocio el de estos personajes. Su solo nombramiento equivale a garantizarles varios lotos o kinos pagados por la gente común, claro que de manera diferida a lo largo del tiempo y sin gastos de sorteos ni publicidad. Debieran trabajar uno o dos años y jubilarse y ello sería tiempo suficiente para asegurarles un futuro que aquella gente común sólo puede alcanzar a lo largo de treinta o cuarenta.  
Su defensa: Es que en Chile existe la escritura “pública”, otro documento justificado quizás hasta la Revolución Industrial, que –dirán- entre otras características de sesuda legalidad, no admite prueba en contrario (?). Pero ocurre que hoy día todo registro puede ser público, lo son aún aquellos que podríamos quizás calificar como estrictamente “privados”. La tecnología actual podría resolver – qué duda cabe- el asunto de las inscripciones en registros de propiedades, hipotecarios y otros cuantos, en tan solo cinco minutos, con programas elementales de computación, controles harto más efectivos, menos burocracia y por ende menos derroche en recursos que –mal canalizados como “honorarios” o “derechos”- constituirían un ahorro neto para miles y miles de usuarios de estos inútiles “servicios”, curiosamente así llamados. Una póliza de seguro que cubre la fidelidad de los actos que atañen a la transacción de propiedades y su adecuado registro en nombre del adquirente propietario, opera desde años en Estados Unidos (donde cualquiera puede ser un Notario: un vecino, un bancario, una secretaria) y su costo es ínfimo en comparación con los jugosos “derechos” que estos conservadores de privilegios se embolsan día tras día, a vista y paciencia del deterioro económico del resignado público local.  
La existencia del Conservador de Bienes Raíces es un escándalo que raya en la obscenidad. En el caso de Santiago, el actual propietario de este feudo de la Edad Media, heredero de un antiguo Presidente de la Corte Suprema, fue entrevistado hace un par de meses para un programa televisivo. Sus respuestas, medio ingenuas y medio ignorantes, dejaron perplejo al auditorio. Parecía no saber muy a ciencia cierta el número de ceros que se ocultaba detrás de sus periódicos y asegurados ingresos, que decía algo mermados por los impuestos que gravan estos ya consabidos derechos. Lógico, el fisco está siempre detrás de estos abusos, estirando su codiciosa mano para asegurar así su no menos preciada parte. Llamó la atención dentro de la confusión de sus respuestas, la baja proporción destinada al pago de su personal que (parientes incluidos, por cierto) - son quienes ejecutan –todos somos testigos- el “trabajo sucio” para que el señor feudal se enriquezca más y más con el sistema. Con razón, una cortesana dama de compañía al parecer conocida suya, quiso sacarle años atrás una parte por el disfrute de ciertos favores, a sabiendas que las arcas de este señor deben estar muy engrosadas con tamaños derechos.  
En todo caso, la culpa no es del chancho...Una reforma profunda de este sistema es tanto más importante que otras que se publicitan a diario. Páguenle a una consultora internacional (no las del Transantiago) dotada de un buen know how tecnológico, unos ciertos emolumentos y la ciudadanía se ahorrará con ello, a futuro y ojalá para siempre, cientos de miles de dólares que justificarían tal inversión. Y los inmuebles que hoy ocupan estos señores –otra parte importante de sus negocios – quedarían así naturalmente desocupados y habilitados –ojalá- para fines más nobles y altruistas como hogares de ancianos, centros de rehabilitación de menores, salas cuna, policía, colegios o institutos de educación.  
Buena tarea, como muchas otras, para un futuro gobierno que quiera emprender reformas sustanciales y no de papel publicitario. Manos a la obra señores políticos. He aquí una fuente a donde echar mano para elevar algo el magro nivel de vida de nosotros, los ciudadanos corrientes.