Reportajes y Entrevistas
Monumentos históricos. Carga preciosa, pero carga al fin

Artículo correspondiente al número 224 (21 de mar al 6 de abr 2008)

 

La mayoría de los chilenos valora el patrimonio nacional como parte de la cultura histórica. Nos gusta visitar casonas antiguas, imaginar a quienes las habitaron, presentarlas en catálogos de turismo o simplemente saber que están ahí y que el país se preocupa de conservarlas. Y se supone que es así, porque desde 1970 hay una ley que se encarga de protegerlas, aunque no de financiarlas. Por María Luisa Vicuña. Fotos: Verónica Ortiz.

 

Hace 54 años el padre Eduardo Giesen compró una casona antigua en Peñaflor que se supone perteneció a a Javiera Carrera y luego a Ignacio Carrera Pinto. Las escrituras del histórico inmueble no certifi can el hecho, pero por tradición oral y según algunos libros que todavía se conservan en la casa, parece ser cierto. Cuando hace diez años Eduardo y su señora, Adriana Amtmann, se trasladaron a vivir a la mansión y dado el valor histórico de la propiedad, decidieron informar sobre su existencia al Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, cuyos miembros se entusiasmaron con conocerla, aunque no llegaron a visitarla sino hasta varios años después.

 

A fines de 2005 el matrimonio decidió vender el inmueble. La jubilación de Eduardo no les permitía seguir conservando una casa tan grande y que por su antigüedad requería de caras obras de mantención. Se unieron a los propietarios de los terrenos vecinos –todos pertenecientes a la familia Giesen– y la pusieron formalmente a la venta. En octubre de 2006 firmaron una promesa de compraventa con una inmobiliaria, pero finalmente nunca llegó a concretarse. Al mismo tiempo, descendientes de la familia Carrera se interesaron por la casona y empezaron a buscar posibles compradores que quisieran mantenerla. El Instituto Carrera también intervino con la idea de rescatarla e incluso funcionarios del ministerio de Cultura informaron a los Giesen que había compradores para la propiedad, pero nunca aparecieron. Eduardo y Adriana también estaban interesados en que la casa se conservara y se le hicieran los trabajos necesarios para mejorarla, pero no podían ser ellos. Así pasaron los meses y la primera oferta concreta no fue por la casa, sino por el terreno, donde un comité de allegados –con ayuda del SERVIU– pretende construir viviendas sociales. Los Giesen firmaron una nueva promesa de compraventa en enero de 2008 con un plazo de seis meses para dar por finalizada la operación.

A raíz de ese hecho, la casa de los Carrera en Peñaflor se hizo públicamente conocida. Comenzaron acciones concretas para declararla monumento histórico y una arquitecta del Consejo de Monumentos Nacionales ya visitó la propiedad. El asunto está actualmente en discusión y, de aceptarse en el Consejo, la casa pasará a formar parte del patrimonio nacional, con lo cual no podrá destruirse y se asegurará su preservación. Pero también significa que el comité de allegados perderá su interés en la compra del terreno, ya que no podrá construir sus viviendas, y la familia Giesen se quedará con una casona que sería monumento histórico, pero que sólo les significa gastos.

 

 

¿Declaración o expropiación?

 

El caso de Eduardo Giesen es uno entre muchos. Hace algunos días se demolió la casa ubicada en Ñuñoa que perteneció al ex presidente Gabriel González Videla. Todos lamentaron la pérdida; sobre todo, porque la casa estaba en proceso de declararse onumento nacional. La pregunta obvia que surge es por qué los dueños de estas propiedades antiguas y valiosas prefieren venderlas antes que conservarlas. La respuesta es simple y clara: todos queremos conservar los edificios, jardines, pueblos y documentos que son reflejo de nuestra historia, pero eso tiene un costo, la mayoría de las veces muy elevado, y los particulares no quieren o no pueden afrontarlo.

 

Actualmente, este tipo de patrimonio se rige por la Ley de Monumentos Nacionales promulgada en 1970 y que otorga la facultad de declarar un bien como monumento nacional al Consejo de Monumentos Nacionales, un organismo de carácter técnico dependiente del ministerio de Educación e integrado por distintas personas del mundo público y privado. La mayoría de las propuestas que se hacen a este consejo para que declare un bien como parte del patrimonio nacional, como explica Oscar Acuña, secretario ejecutivo del organismos, proviene del público y son los particulares los que más se interesan en que su barrio sea declarado zona típica o que una casa que ven a diario y que les parece grandiosa no se venda a una constructora. Una vez que llega la propuesta, arquitectos de la entidad visitan el lugar, se hace el respectivo estudio, se conversa con el dueño o con los vecinos y finalmente el consejo decide si procede o no la declaración. También se oye la opinión del dueño del inmueble, pero no es vinculante y el consejo puede decidir en contra de los intereses del particular.

 

El propietario del monumento se mantiene como el dueño legal; es decir, puede usar, vender o dejar en herencia la propiedad, pero en la práctica su dominio puede verse tan limitado que llega a asimilarse a una expropiación, forzosa como ésta, pero sin ninguna indemnización. De partida, no puede demoler el inmueble ni usar el terreno para lo que quiera, ni tampoco puede hacerle modifi caciones sin la aprobación del Consejo, situación que sufrieron los socios del Club de la Unión, insigne obra arquitectónica del centro de Santiago. “Hace algunos años intentamos hacer un cambio en la terraza del edificio y conseguimos la aprobación, pero fueron tantas las exigencias que pusieron para que no se viera desde fuera y no alterar así la fachada del edifi cio, que al final el proyecto nos costaba varios millones más de los que teníamos y no lo pudimos hacer”, cuenta Alejandro Lira, presidente del club.

 

 

El abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, ha estudiado este tema tanto en Chile como en Estados Unidos. “Aquí no hay un acto material de expropiación, pero el dominio sí está siendo afectado. Por un lado, sigo siendo el dueño, pero por otro están limitando mi posibilidad de usarlo para lo que yo quiero. La Constitución protege el derecho de propiedad en su totalidad, es decir de la facultad de usar, gozar y disponer del bien, y dice que cualquier privación de una de estas facultades sería expropiación”. Para ejemplifi car, Delaveau explica el caso de una persona que se compra un fundo lleno de araucarias –antes de que ésta sea declarada patrimonio– con la idea de cortar los añosos árboles porque quiere explotar los terrenos con otro fin. En el camino declaran a la araucaria monumento natural y no puede tocar ninguna de ellas, ¿De qué le sirve el campo ahora? ¿Quién le indemniza esa pérdida? El punto del jurista es que naturalmente tendemos a manifestarnos a favor de conservar la mayor cantidad de bienes que consideramos valiosos, pero siempre que sea el del lado el que pague por ello. El particular, en este caso, no tiene derecho a voto y puede en la práctica verse amarrado a un bien que no le sirve o que no puede conservar y al que incluso debe prestar cuidados que le resultan una carga.

 

Oscar Acuña reconoce que la Ley de Monumentos presenta falencias a la hora de establecer incentivos para que a los dueños de un bien les resulte atractivo que éste sea declarado monumento nacional y no termine, al contrario, convirtiéndose en un cacho. Sin embargo, destaca los aspectos visionarios de la ley: “nosotros estamos conscientes de que la ley está desfasada en el tiempo, pero su sentido proteccionista permitió en su momento que no se perdieran bienes que, como la Iglesia de san Francisco, habrían terminado en escombros hace rato de no haber contado con ella. También tuvo el acierto de proteger no sólo bienes culturales, sino también naturales y así cuidar lugares como los santuarios de la naturaleza, que por ser privados, quedan fuera del resguardo de la CONAF”.

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