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Artículo correspondiente al número 220 (28 de dic del 2007 al 24 de ene 2008)
El gobierno lanzó un plan para regularizar la situación de 20 mil extranjeros que viven en el país sin documentación, pero hasta el cierre de esta edición las solicitudes ya bordeaban las 40 mil. Para los expertos, es una prueba de que estamos frente a un fenómeno de alto calibre y que urge implementar políticas para evitar futuras situaciones explosivas, como las que encendieron otras latitudes. Por Sandra Burgos; fotos, Enrique Stindt
Casi como un fenómeno bíblico, de un buen tiempo a esta parte Chile se ha convertido literalmente en una nueva tierra prometida. Con una fuerza inusitada, las corrientes migratorias se enfocaron hacia este rincón perdido del planeta, potenciadas por el endurecimiento de los mecanismos de control de ciudadanos extra comunitarios en Europa y en Estados Unidos, y atraídas por nuestra humilde oferta de estabilidad económica y política.
Y claro, como ya no estamos hablando de turistas, sino que de personas que vienen a vivir, trabajar, estudiar en Chile, impactando en forma multifacética a nuestra sociedad, el tema ha dejado de ser una materia de sobremesa o una curiosidad periodística y se ha constituido en uno de esos llamados "tema país", o sea, importantes, con ribetes imposibles de soslayar por parte de las autoridades políticas.
Sin ir más lejos, la población migrante que tenemos hoy en términos de porcentaje llega al 1,6% del total, es decir, unas 258.829 personas. Un porcentaje bajo si se compara a nivel mundial, donde la población migrante representa el 3%, sin considerar refugiados ni desplazados, o si se compara con los chilenos que viven en el exterior, que suman 857.781 personas.
Sin embargo, la tendencia en Chile es creciente en los últimos diez años, especialmente en lo que respecta a población proveniente de Perú y Ecuador. Desde esos origenes, los crecimientos son de 300% entre los censos de 1992 y 2002, mientras que el total de extranjeros creció 75% en ese decenio. Además, según un informe de marzo del Observatorio Interamericano de Inmigrantes (OCIM), Chile ha pasado a ser relevante en esta materia, porque es el país que tiene la tendencia creciente mayor de inmigrantes en Sudamérica.
La amnistía: nos quedamos cortos
La tendencia avala que el fenómeno de la migración esté de lleno en la agenda pública y explica los últimos movimientos del gobierno, como la implementación de un proceso de regularización migratoria (entre el 5 de noviembre y 22 de febrero) que buscaba beneficiar a 20 mil personas que hoy están en situación irregular. Sin embargo, la cifra parece que se quedó corta. Hasta el cierre de esta edición ya iban más de 34 mil solicitudes de regularización, cifra que en todo caso correspondería a la mitad del total de inmigrantes en condición irregular, según estimaciones de expertos.
Para el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, estas cifras demuestran dos cosas importantes: “primero, que el mensaje que hemos dado de la necesidad de regularizarse está llegando y, en segundo lugar, que la gente tiene conciencia también de que estar en situación irregular es un riesgo para ellos”.
Sin embargo, para el abogado Diego Carrasco, director ejecutivo internacional de OCIM, demuestra básicamente que el gobierno se quedó corto. Es más, agrega que sus estimaciones son que en Chile hay cerca de 93 mil extranjeros que no tienen cédula de identidad, es decir, están en condición irregular, lo que significa que no tienen derecho a ser atendidos en la seguridad social y que están expuestos a trabajar en negro y caer en las redes de mafias de trata y tráfico de personas. “Creemos que la intención del gobierno es buena, pero sabemos que Chile está haciendo esto porque le toca informar la situación de los migrantes a las Naciones Unidas durante el primer semestre de 2008”, señala Carrasco.
Para la coordinadora académica de la carrera de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni –que se ha especializado en migración–, “esta amnistía permitirá regular a muchas personas, y eso está muy bien, pero si no se soluciona el problema de contar con una ley, con una institucionalidad que privilegie la integración, en cinco años vamos a tener exactamente el mismo problema”, sentencia.
Una opinión parecida tiene Susana Rodera, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM: “con la legislación actual, creo que Chile se va a encontrar con una situación difícil de manejar. No por la cantidad de gente que llegue, sino porque no podrá dar solución a cuestiones que deberá enfrentar en cuanto a demandas sociales”.
La nueva ley que se está preparando

La carencia de una buena institucionalidad que sostenga el fenómeno de migración que está llegando a Chile, es asumida por el gobierno. Por eso, Felipe Harboe explica que lo primero que se requiere es modificar la estructura administrativa y jurídica para dar cuenta de la nueva realidad: “Chile es un país atractivo para radicarse y, por tanto, la institucionalidad pública y jurídica debe adecuarse. Por eso estamos trabajando en la nueva ley de extranjería, que toma como uno de sus principios importantes la integración y lo compatibiliza también con la necesaria protección interna”.
Esta nueva legislación ha modernizado el departamento de extranjería, contando hoy con un edificio de 8 pisos con sistemas de identificación biotécnica, con archivo digital, con información digitalizada por la Policía de Investigaciones y el Registro Civil.
“Se han modernizado las estructuras porque una de las externalidades que tiene el fenómeno de la inmigración es que es irregular, lo que altera los mercados laborales y sociales. En consecuencia hemos hecho hincapié en establecer un sistema que facilite la regularización, para beneficio del propio inmigrante, porque una persona que está regular en un país tiene derecho a un contrato de trabajo bajo las leyes chilenas, derecho a la seguridad social, a la salud, educación y puede postular a la vivienda. Lo que queremos es hacer entender al inmigrante que ser regular en Chile lo beneficia”, explica Harboe y agrega que al contrario de lo que la gente cree, la regularización de extranjeros irregulares fortalece el mercado laboral nacional. “Muchas veces hay algunos empresarios que valiéndose de la condición irregular de un extranjero, lo subcontratan o le pagan por debajo del mínimo, sin leyes sociales, lo cual se transforma en la práctica en una competencia desleal para un trabajador chileno”, asevera.