Reportajes y Entrevistas
Los nuevos ejes laborales

Artículo correspondiente al número 215 (19 de oct al 01 de nov 2007)

¿Diálogo o confrontación? La irrupción de movilizaciones sindicales tiene a los empresarios en estado de alerta. Temen una agenda laboral oculta y miran con recelo el rol del ministro Andrade. Sin duda un ambiente difícil de enfrentar para una dirigencia gremial que hizo del diálogo su sello de éxito con los últimos gobiernos. Por M.Angélica Zegers V.

 

Huelga de subcontratistas en Codelco, tomas en instalaciones de Celco, huelga en Agrosuper… Los empresarios denuncian que el ambiente se está radicalizando, que se abrió espacios a dirigentes de extrema izquierda, y que el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, busca rigidizar las relaciones laborales.

 

Una polémica que llegó a su clímax con la filtración de las actas de un consejo de la Sofofa, donde varios participantes hicieron explícita su inquietud por este enrarecido ambiente laboral.

 

La presidenta Bachelet respondió a las voces que reclamaban mayor autoridad, con el llamado a construir un gran pacto social con el tema de las relaciones laborales como plato fuerte. “Es necesario construir un Chile más equitativo y en este esfuerzo debemos renovar nuestras relaciones laborales y actualizar nuestro pacto social”, dijo la presidenta al explicar las tareas del Consejo de Equidad que preside el economista Patricio Meller.

 

Pero la idea del pacto no tranquiliza a todos los empresarios, menos a aquellos que esperan un comportamiento más duro por parte de las organizaciones gremiales. Su posición se resume así: Ya no bastan las agendas pro crecimiento, también quieren una agenda firme de comunicación de sus demandas.

 

 

 

El eje gremial

 

 

La Sofofa es hoy el riñón de la organización empresarial en su contacto con el poder político y en la fijación de la pauta que interesa a los empresarios.

 

Es la organización más fuerte, no solo por tamaño y porque cuenta con departamento de estudios y una estructura interna más potente que la CPC, sino porque al menos en los últimos diez años ha sido presidida por dirigentes de fuerte liderazgo, como Felipe Lamarca o Juan Claro. Así lo han entendido las decenas de asociaciones y empresas independientes que han engrosado la lista de socios de la Sofofa.

 

Cuando se eligió a Bruno Philippi como presidente de Sofofa en abril de 2005, de los 63 consejeros asistentes, 62 votaron a favor de él y se registró un solo voto en blanco. La imagen de Philippi entre los miembros de la organización era altísima y hasta hoy goza de un fuerte ascendiente. Hay pocas dudas sobre su excepcional inteligencia, poder ejecutivo y nivel de contactos. Pero la reticencia de Philippi a la exposición pública y al contacto con los medios, que en ese momento se veía como una debilidad menor, se fue exacerbando. Al mismo tiempo, los cambios en el escenario político y económico han influido en que esa debilidad se haya convertido en un problema para muchos integrantes del gremio.

 

Dentro de la Sofofa, las aguas se están moviendo, pero no tanto por los llamados “disidentes”, que –encarnados en consejeros como Pedro Lizana o Fernando Agüero– siempre han existido, sino por los consejeros electores, es decir, los que tienen voz y voto. Al filtrarse a la prensa las famosas actas privadas del consejo general, Philippi quedó “cazado” en una cierta posición equívoca, ya que quedó de manifiesto la existencia de una discusión interior mucho más dura que la expuesta ante la opinión pública.

 

Resultaba imposible pensar que la estrategia de diálogo directo con las autoridades no sufriría menoscabo, aunque en confianza los actuales dirigentes reconocen que sus expectativas de diálogo con el nuevo gobierno nunca fueron muy altas y que, más bien, la lógica de la conversación se limitaba a un plan de “control de daños”.

 

En este escenario, la huelga de Agrosuper fue una verdadera bomba, no solo por el tamaño de la empresa y el objetivo respeto que genera su dueño, Gonzalo Vial, sino porque fue él quien tomó las riendas del asunto y en una posición dura y firme –donde incluso se especuló que la empresa podría cerrar la planta en conflicto– se planteó desde el primer minuto en contra de la huelga.

 

Desde la vereda gremial, el presidente de la CPC, Alfredo Ovalle, dice que su organización estuvo en constantes conversaciones tanto con la empresa como con la CUT, al igual que como en su momento lo hicieron en el conflicto de Codelco.

 

“El primero que saltó a la palestra con Codelco fui yo, y no solo públicamente, sino que también hablándolo con la presidenta y con el propio Arturo Martínez. El no aparecer en los diarios no significa que no estemos trabajando”, dice Ovalle.

 

Esta defensa, que desde la CPC existe –conocido es el comunicado donde expresan preocupación por los hechos de violencia producidos en el último tiempo y denuncian que las autoridades no han actuado con la suficiente celeridad y energía– no es percibida como potente entre algunos empresarios. Ellos ven con preocupación la irrupción de dirigentes sindicales como Cristián Cuevas (el dirigente detrás de las movilizaciones de subcontratistas), profundamente radicalizados y lo que consideran una seguidilla de conflictos y de movimientos de choque que al alero del Partido Comunista toman cada día más fuerza.

 

 

 

El eje político

 

 

Muchos empresarios tienen hoy un diagnóstico distinto al que mantuvieron en los anteriores gobiernos de la Concertación, en el sentido de que ahora son más gravitantes los planteamientos y las posiciones públicas de poder, que las persuasiones a puertas cerradas. “Lo importante es persuadir a las autoridades y a las diferentes bancadas del Congreso y eso lo logra Philippi”, dijo en su momento Fernán Gazmuri, ex vicepresidente del gremio.

 

Hoy el panorama parece distinto. A su vez, la derecha –la misma que hasta ahora había llevado la parte pesada de la agenda laboral y económica, reivindicando los principios liberales y asumiendo el costo político– parece haberse cansado de defender a un empresariado que, como dijo Hernán Somerville en su momento “ama a Lagos” o, en este caso, al gobernante de turno. Muchos dirigentes y parlamentarios de la Alianza sienten que en sus reuniones privadas con la autoridad, los empresarios llevan la agenda que a ellos les interesa, sin tener en cuenta necesariamente cuáles son los intereses generales del país o, al menos, los con beneficio o costo electoral.

 

No son pocos los dirigentes aliancistas que apuestan ahora porque el empresariado se las arregle solo. Ejemplos de esta postura fueron el voto en contra en el Congreso del proyecto de depreciación acelerada, la agenda laboral que prepararon los senadores Allamand y Longueira o el llamado al sueldo ético, que como lo ha reconocido el propio ministro Andrade fue planteado por Longueira antes que por monseñor Goic. Incluso, el propio Pablo Longueira le ofreció al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, toda su colaboración para sacar adelante la ley de Concesiones, que es resistida desde el empresariado.

 

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