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Artículo correspondiente al número 202 (20 de abr al 03 de may 2007)

El clan Mazza dejó al descubierto que Chile no escapa a los delitos de lavado de dinero. Y a pesar de estar en las fases iniciales de este combate –ya que recién desde el 2003 tenemos una unidad especializada para estos casos– ya hemos logrado importantes avances...
Por Javiera Moraga.
Lo que para Mauricio Mazza era uno más de sus viajes a Estados Unidos, terminó siendo el epílogo de una investigación de meses. Las autoridades especializadas estaban sobre sus pasos. El hombre estaba entre ceja y ceja de las agencias estadounidenses, especialmente inquisidoras después de los atentados del 11-S, y habían registrado tanto los frecuentes viajes del empresario como las cantidades de dinero que llevaba.
Esta vez su nombre y el de su primo Luis estaban en los computadores de policía internacional en Estados Unidos asociados a órdenes de captura, de modo que apenas se digitaran saltaría una alerta roja.
El asunto era a estas alturas una tómbola, ya que el primero que pisara suelo norteamericano sería detenido... Y aunque las probabilidades decían que sería Luis, finalmente fue Mauricio, hoy en una cárcel de Nueva York con varios cargos en su contra.
Algunos dicen relación con la licencia que no poseía para traspasar dinero, y otros con el delito de lavado de dinero, enmarcado en la investigación Southern Cross, una de las cinco más importantes que hoy se llevan en Manhattan.
Pero eso no es todo. La detención en Estados Unidos precipitó la operación “Suspiro Europeo”, que el abogado del CDE Hernán Peñafi el en cooperación con la UAF venían investigando desde el 2003 y a partir de la cual se entregaron algunos antecedentes a las autoridades americanas.
En Chile probar los delitos de lavado de dinero es complicado. Si bien el delito está tipifi cado en la ley 19.336, de enero de 1995, y en la ley 19.013, de diciembre de 2003 y sus reformas posteriores, en estricto rigor los esfuerzos en esta materia comenzaron más seriamente el 2004, cuando fue nombrado Víctor Ossa como director de la Unidad de Análisis Financiero del CDE. Por lo mismo, en Chile el tema es relativamente nuevo, aunque internacionalmente se nos ha reconocido como un país comprometido en la lucha contra la plata sucia:
-Creo que Chile ha dado importantes y signifi cativos pasos en los últimos tres años con la dictación de esta ley. Primero porque el tema se ha puesto en la agenda cada vez con más fuerza y, luego, porque hemos incorporado a diversas actividades económicas a los mecanismos de prevención -asegura Víctor Ossa.
Efectivamente, hay una lista de 32 tipos de industria o sectores obligados a enviar reportes de operaciones sospechosas –llamados ROS–, cuando sean advertidas en su ámbito. En el 2006, por ejemplo, se reportaron 376 ROS a la UAF, de las cuales un 79% salió de la banca.
-Hay que decir que el sistema bancario viene trabajando hace tiempo en prevención de lavado de activos, básicamente por inspiración de la Superintendencia de Bancos, que puso altas exigencias en materia de control, prevención y detección de blanqueo de activos. La normativa se actualizó en marzo de 2006 con medidas bastante
estrictas -explica Ossa.
Las exigencias a la banca tienen que ver básicamente con el conocimiento del cliente. Se trata, en el fondo, de que los flujos fi nancieros de las personas sean concordantes con su actividad y capacidad económica. La Superintendencia de Bancos obliga a actualizar la información de todos los clientes del banco –no solo los grandes– una vez al año, lo cual puede suponer para entidades del tamaño del Banco de Chile una pesadilla. Pero esto no es lo único que se ha hecho. El Ministerio de Hacienda también está preocupado del tema. Dice la subsecretaria María Olivia Recart:
-Es importante destacar que a partir de este año el Ministerio de Hacienda tomó la coordinación de toda la institucionalidad pública relativa a lavado de activos. El ministerio coordina a instituciones como la Superintendencia de Bancos, Aduanas y la Superintendencia de Casinos, entre otras, para revisar y concordar sus procedimientos según las mejores prácticas internacionales.