Reportajes y Entrevistas
Las cuentas pendientes

Artículo correspondiente al número 281 (29 de julio al 15 de agosto de 2010)

 

El costo de un desastre natural, la sobreexplotación de recursos o lo que dejará de ganar el país si una forestal no tala un bosque, son inquietudes que agarran cada vez más vuelo a nivel internacional. En Chile, el tema aún no echa raices. Por Marta Lillo.

 

Entre los objetivos del nuevo ministerio de Medio Ambiente, una vez que entre en acción, está comenzar un sistema de cuentas de activos ambientales, o un Ipom ambiental, como se refieren al asunto quienes estarán a cargo de la titánica tarea de ponerle números al ecosistema nacional.

A diferencia de sus símiles de política monetaria y de estabilidad financiera que presenta el Banco Central, este estado de cuentas buscará valorizar los activos en biodiversidad y los servicios que entregan los ecosistemas... descontando aquellas áreas protegidas por ley, claro.

Un tremendo desafío, porque hasta ahora sacar las cuentas ambientales en Chile ha sido una experiencia agraz. El país no escapa a este enfoque económico que, aparte de considerar el medio ambiente como un factor de producción, calcula los servicios que entrega la Naturaleza y el pago por la regeneración de recursos naturales renovables, la capacidad de dilución y la tasa de vaciado de recursos naturales no renovables, como los combustibles fósiles.

Y ciertamente ha surgido la inquietud de saber cuánto aporta la biodiversidad y cuál es la “pérdida” que produciría su desaparición: tema muy sensible tras la crisis de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, hace seis años.

Pero a diferencia de Europa, donde el programa de indicadores ambientales SEBI 2010 ya considera 26 índices que explican el uso de biodiversidad por sus economías miembros, en Chile y en toda Latinoamérica este ítem ha mostrado un desarrollo parcial y desigual, consigna la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Una historia breve

La palabra experimental es el denominador común de gran parte de los escasos esfuerzos por valorizar al medio ambiente en Chile.

En esa lista está el estudio académico liderado por el profesor Eugenio Figueroa, del Centro de Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Chile con la participación del Centro de Gobiernos Corporativos y Mercado de Capitales de la misma casa de estudios que, a petición de la Conama, preparó un informe que exponía modelos a seguir de cuentas ambientales satelitales. Junto a ellos también destacan los trabajos del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, que cuenta con una división de Economía Ambiental.

Otros esfuerzos que consigna esta breve historia son algunos estudios realizados por Conama a fines de los 90 (en los que destaca un ejercicio piloto de aplicación del formato de cuentas del agua sobre la cuenca del Aconcagua), y por Cepal junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes han liderado intentos de mayor envergadura en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago.

Con todo, el mayor intento de las autoridades por incorporar el valor ambiental en la contabilidad nacional fue uno que fracasó estrepitosamente en 1995, con la renuncia del entonces jefe de la Unidad de Cuentas Ambientales del Banco Central, Marcel Claude, y el cierre del Programa de Cuentas Ambientales (PCA) en el instituto emisor, convirtiéndonos –junto con Costa Rica– en un país que dejó de hacer contabilidad ambiental a nivel oficial en la región.

Al rebobinar ese episodio, se ve que fue en 1993 cuando el Banco Central inició su proyecto Cuentas Ambientales (PCA), que buscaba cuantificar los efectos de la actividad económica sobre los recursos naturales y el medio ambiente; especialmente, en los sectores minería, pesca y forestal.

El trabajo comenzó con la industria forestal y de inmediato la polémica estalló al filtrarse un preinforme, en noviembre de 1995, sobre el estado de situación de la superficie de bosques disponibles para producción. En él se incluían proyecciones hasta 2025 con alarmantes conclusiones sobre el futuro de este recurso: la advertencia decía que la forma de intervención del bosque nativo significaría una pérdida de renta para la economía nacional y que, en un escenario pesimista, ya al 2020 el país quedaría sin superficie productiva suficiente.

El sector forestal reaccionó airado ante las conclusiones, y refutó los datos como errados. Y no sólo eso. Tanto Conama como Conaf restaron peso a que se diera el escenario pesimista, porque en él no se consideraba la aplicación de incentivos al manejo del bosque nativo.



Las aguas aún no se calmaban y, al poco tiempo, otra polémica estallaría. Una nueva filtración con estimaciones catastrofistas –esta vez, del informe sobre el sector pesca– crispó a muchos. Raya para la suma, la Unidad de Cuentas Ambientales fue intervenida en diciembre de 1995 por el entonces gerente de la División de Estudios del instituto emisor, Nicolás Eyzaguirre, tras una petición directa del Consejo. El economista Marcel Claude presentó su renuncia voluntaria ese mismo mes, asegurando que “sabía que iban a existir presiones y que nuestro trabajo tendría algún costo”.

¿Cuánto vale un cisne?

Como sea, con los años las cosas se enfriaron en el frente de las cuentas ambientales. No sería hasta la crisis ambiental de los cisnes de cuello negro en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter, en 2004, que volvería al debate público la necesidad de conocer el valor económico del ecosistema nacional. Entonces se asoció la muerte de esas aves con la entrada en funcionamiento de la planta Valdivia de Celulosa Arauco, que alcanzó a descargar 77 millones de toneladas de residuos líquidos industriales (riles) al río Cruces.

Bien conocido es el debate que se originó en junio de 2005, tras una provocativa reflexión del profesor de Economía Ernesto Fontaine, quien hizo el ejercicio experimental de valorizar los cisnes del santuario en 20 millones de dólares. Buscaba evidenciar que era preciso saber cuánto necesitaba invertir Chile para conservar su biodiversidad en este caso específico. Sus comentarios generaron desde bromas sobre el valor económico de un atardecer hasta posturas como que resulta imposible medir cuando todavía el país no tiene los recursos para ello.

El episodio fue sabroso; pero digamos que, una vez agotada la discusión, desde 2005 a la fecha la contabilidad ambiental desapareció del debate nacional.

Auditoria verde

El primer gran intento por calcular el valor económico total del planeta lo hizo la revista Nature en 1997, cuando se estimó en 33 billones de dólares anuales. Pero como los autores del cómputo extrapolaron al resto del globo recuentos de sectores productivos ubicados en zonas geográficas específicas, el número pronto fue desestimado. No obstante, estimaciones de la consultora británica TruCost cifran en unos 2,2 billones de dólares anuales el daño ambiental que causarían a la biósfera en conjunto las principales 3 mil empresas del mundo. Pero para que el sector privado se interese en aplicar un valor económico a la biodiversidad que utiliza en su cadena productiva y en incorporar esta cifra a sus estados financieros, se necesita que las fórmulas pasen de la academia a la práctica. O sea, que se creen estándares de contabilidad y regulaciones que permitan este tipo de reporte. Se trata de un asunto que podría cambiar pronto. Las entidades que marcan la pauta en contabilidad y auditoría internacional, como la International Accounting Standards Borrad (IASB), The Prince of Wales Accounting for Sustainability Project y el Instituto de Auditores Contadores Certificados de EEUU (AICPA), están evaluando la forma de establecer estándares para que las empresas publiquen sus impactos ambientales y sociales en sus estados financieros. Un gran paso, considerando que hace apenas 10 años los textos de macroeconomía consideraban imposible el cálculo económico de un activo tan especial como el medio ambiente.

 

Cálculo global

No todo es perfecto en el mundo de la economía ambiental. Los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron en 2002 a reducir la tasa de pérdida de la biodiversidad hacia 2010. Pero en la III Perspectiva Global de Biodiversidad de la Convención de Diversidad Biológica, publicada en mayo, quedó claro que la meta no se logró. Repasemos: mientras desde 1970 la población animal se ha reducido en 30% a nivel global, las áreas de humedales lo han hecho en 20% y los corales marinos en 40%. La población de abejas en el hemisferio norte también ha estado sufriendo trastornos, con dramáticas reducciones en los últimos cuatro años, sin que haya hasta ahora una explicación confiable, pese a que sus alcances económicos son graves, al ser una fuerza polinizadora crucial para el planeta. De hecho, si desaparecieran todas las abejas de Norteamérica y Europa, ello costaría sólo a la industria apícola 190 mil millones de dólares, según estimaciones publicadas en la revista Ecological Economics. El caso de las abejas es ilustrativo y revela que una forma de cuantificar es calculando el costo que representaría a la humanidad el que los ecosistemas dejen de prestar sus servicios naturales. El más reciente informe de Economía del Ecosistema y Biodiversidad, del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) y Price, hizo el cómputo para China, a propósito de su desordenada tala de bosques entre 1950 y 1998. En ese período fueron consumieron cerca de 75 millones de hectáreas para satisfacer la demanda de la construcción y de otros servicios. La fuerte deforestación derivó en erosión y anegamiento de los suelos, lo que exacerbó el período de sequías y dio paso a mortales inundaciones. Se calcula en 12 mil millones anuales la pérdida que la desaparición de esos bosques provocó en la regulación del clima local, el suministro de madera y combustibles, la productividad agrícola, la regulación hídrica, el ciclo de nutrientes, la conservación del suelo, la prevención de inundaciones y la reubicación de personas.

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