Reportajes y Entrevistas
La sheriff

Artículo correspondiente al número 302 (17 al 30 de junio de 2011)

 

Desde su oficina en el 7° piso del centro de Justicia, en Santiago, la fiscal Ximena Chong dirige las principales investigaciones de delitos económicos en Chile. Por sus manos han pasado los casos más emblemáticos de estafa y uso de información privilegiada. ¿Cómo investiga los complicados y difíciles de probar crímenes de cuello blanco? En esta entrevista responde a esa pregunta, explica por que no prosperó la investigación contra Hans Eben en la indagación por la fallida fusión D&S-Falabella y defiende las salidas alternativas como fórmula para cerrar un proceso. Por Fernando Vega; Fotos, Verónica Ortiz.

 

Por sus manos han pasado los casos de delitos económicos más emblemáticos de los últimos seis años. Desde el “simple” cohecho hasta la manipulación de informes financieros de compañías, pasando por la revelación de secretos, negociaciones prohibidas, fraudes fiscales, desvíos de fondos y uso de información privilegiada. Ximena Chong Campusano, jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, ha dirigido las investigaciones por escándalos como las becas Valech, la manipulación de los precios de Schwager, los jeans falsos de Jesús Manzur, el uso de custodia en las corredoras de bolsa Serrano y Alfa y, últimamente, la fallida fusión entre D&S y Falabella.

Hasta su oficina, ubicada en el 7° piso del centro de Justicia, en Santiago, han concurrido algunos de los hombres y mujeres de negocios más importantes del país. Verdaderos modelos del emprendimiento nacional. Personas respetables y respetadas, pero también algunos cerebros de irregularidades y reales símbolos de la codicia financiera se han sentado frente a ella para defender sus argumentos.

Con indagaciones que la han llevado desde el extremo sur de Chile hasta Suiza en busca de dineros escondidos, la fiscal ha debido aprender a diseccionar pacientemente informes financieros, hacer cruces de información, pedir informes a organismos públicos y a peritos, buscar testigos y hasta realizar escuchas telefónicas con el fin de conseguir pruebas: no es fácil demostrar que detrás de operaciones mercantiles relativamente normales se esconde un delito.

La actividad delictiva en el mundo de los negocios es por lo general más sofisticada que en los crímenes comunes y sus protagonistas, personas más cultas y mejor asesoradas.

Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Chong inició su carrera en 1993, con la persecución de los fraudes tributarios en el Servicio de Impuestos Internos. Años después se trasladó a Valdivia y en 2005 volvió a Santiago para trabajar en la Fiscalía de Delitos Económicos. Actualmente, junto a su equipo de fiscales y la Policía de Investigaciones, indaga otros dos casos de uso de información privilegiada.

-¿El mercado colabora con sus investigaciones?
-Los operadores entienden que es relevante la investigación de este tipo de ilícitos, para evitar distorsiones en el mercado, y colaboran de manera bastante llana con los requerimientos de información. Lo propio sucede con directores de empresas o las mismas compañías.

D&S-Falabella: “no teníamos un mal caso”

Con 16 carpetas, 80 testigos, 12 peritajes y tres años de investigación, el caso D&S-Falabella ha sido hasta la fecha –como ella misma lo reconoce– uno de los más interesantes que le ha correspondido investigar.

No sin antes aclarar que todas las indagaciones y sus resultados fueron fruto de un trabajo en equipo, la fiscal asegura que quedó conforme con los resultados.

Ello, pese a que la causa se cerró después de un acuerdo con 7 de los 8 imputados para suspender el proceso; el que restaba fue absuelto porque jamás se encontraron pruebas en su contra.

La suspensión generó una fuerte controversia, ya que los acusados quedaron en libertad y sin antecedentes penales: Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Peter Studer, formalizados por usar información privilegiada; Ana María Laguna, investigada por revelar información privilegiada, y María Luisa Solari y Marcel Zarour, por revelación y uso de información privilegiada, respectivamente.

Además la Fiscalía decidió suspender la investigación en contra del ex vicepresidente de D&S, Hans Eben, acusado por la Superintendencia de Valores y Seguros de revelar información privilegiada.

-¿Por qué decidieron no perseverar con Hans Eben?
-Nosotros tomamos la decisión de no perseverar en el procedimiento porque, a diferencia de lo que aconteció con las señoras Laguna y Solari, no logramos reunir antecedentes suficientes para una formalización por entrega de información privilegiada. Si bien tratamos de enfocar lo más posible la indagación, los medios recopilados no fueron suficientes.

-¿Por qué no hubo un sobreseimiento definitivo?
- No es que nosotros hayamos llegado a la conclusión de que el señor Eben no tiene ninguna participación en los hechos, sino que nuestra conclusión es que, a lo menos desde la perspectiva penal, no pudimos acreditarlo. En el caso particular de la revelación de información privilegiada todavía es más delicado de investigar, porque no es sólo una sanción al deber de reserva, que es la sanción de la SVS, sino que además la revelación de información privilegiada debe hacerse con la intención de que otro la use para obtener una ganancia o evitar una pérdida. No basta sólo con revelarla. Por lo tanto, si la persona la usa para una razón distinta, la entrega de información no es delito. Es algo muy difícil de probar.

-Pero quedó la sensación de que sale bien barato usar información privilegiada...
- En general los delitos económicos son delitos que tienen penas bajas, pero no me corresponde a mí entrar en eso. Pero que esas penas existan implica que estamos en condiciones de llegar a salidas distintas en el juicio. Si la persona tiene dos atenuantes, cosa que es muy común en los delitos económicos, es obligatorio bajar la pena en un grado. Por lo tanto, si tenemos un delito de uso información privilegiada en que la pena parte en presidio menor en su grado mínimo con una atenuante, la pena posible máxima que arriesgaría una persona, de ser condenada, es de entre 41 y 60 días. Entonces, en ese contexto una salida alternativa resulta a nuestro entender bastante razonable.

-¿Y fue por eso que la usaron en este caso?
-En esto caso lo que nosotros advertimos es que, si bien investigamos la existencia de delitos de uso de información privilegiada y eventualmente de otros delitos de la ley de mercado de valores, al concluir la investigación las imputaciones que pudimos hacer fueron uso de información privilegiada por una parte y revelación de de información privilegiada en el caso de las señoras Solari y Laguna. En ese contexto nos vimos enfrentados a que la imputación implicaba penas de 61 días a tres años; es decir penas que nos permitían la salida alternativa.

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