Reportajes y Entrevistas
La secreta batalla de Olga Feliú

Artículo correspondiente al número 270 (26 de febrero al 11 de marzo de 2010)

 

La familia Benavides Feliú, con la cual la unen lazos familiares, reivindica en tribunales su derecho de propiedad sobre unos terrenos con valor estratégico para la construcción de un corredor bioceánico en la IV Región y que el MOP no ha expropiado. El juicio ya ha superado varias etapas y hoy espera fallo en la Corte Suprema de Casación. Por Camila Miranda.

 

La historia comienza más o menos así: a mediados del siglo pasado, René Benavides del Villar vio cómo su vida se entrelazaba con la historia de la actual IV Región. Los vínculos fueron creciendo y al cabo de los años terminó siendo electo diputado por esa zona. Como parlamentario la recorrió varias veces y en 1956 tomó una decisión que lo uniría aún más a ese territorio (la compra de la estancia La Laguna) y que hoy está al centro de una disputa entre el MOP y los familiares del comprador del predio.

Tras la muerte de Benavides del Villar en 2009, la hacienda pasó a manos de sus nueve hijos, entre ellos Juan Benavides Feliú, actual gerente general de Falabella, quienes están a la espera del fallo de la Corte Suprema de Casación por un juicio iniciado por la familia en 2002 para impedir el uso de un camino que cruza por su estancia, debido a que el Ministerio de Obras Públicas nunca expropió la franja, y que es clave para la comunicación de la IV Región con San Juan, en Argentina.

Un caso que la abogada y cuñada de Benavides del Villar, Olga Feliú, dice que se remonta a cerca de 40 años. Así lo resume: en 1972, el MOP comunicó que en esa zona fronteriza se contemplaba la construcción de una aduana y que, previo a las obras, era necesario expropiar; cuestión que cinco años más tarde, en 1977, quedó sin efecto. El asunto entonces quedó prácticamente paralizado, hasta que en 2000 se reiniciaron los trámites de expropiación. Se comunicó a los propietarios que el lote sometido a la medida tenía una superficie de 4 millones de metros cuadrados (400 hectáreas) y se solicitaron antecedentes de títulos de dominio. Al año siguiente, la familia Benavides aceptó el monto propuesto por el MOP (por ley, el dueño no se puede oponer a una expropiación, aunque le es factible recurrir a tribunales si no está de acuerdo con el precio), pero la expropiación finalmente no se concretó. Dice Feliú que cuando consultaron al MOP por la frustrada operación, se les explicó que había problemas de caja.

Fue entonces que la familia Benavides decidió reivindicar su derecho de propiedad y le pidió a ella que iniciara un juicio para prohibir el acceso al camino. “La familia lo que está pidiendo es que no se pueda entrar más al predio, porque o expropian o respetan la propiedad ajena. Pero no puede una propiedad privada, por una decisión administrativa de hecho, no de derecho, utilizarse como bien público. Desde las más antiguas leyes del MOP se ha considerado la expropiación para hacer los caminos públicos”, remarca.

Explica que uno de los argumentos que hoy tendría el fisco para no expropiar sería que la ruta que va hacia Argentina es de antes de la compra de la estancia por parte de René Benavides. De hecho, una de las pruebas presentadas apunta a que la carretera existiría al menos desde 1936, para lo cual se citan la Revista de Caminos de ese año y una publicación de marzo de 2007 del diario El Día de La Serena, en que el periodista Fernando Moraga da cuenta del comercio entre la IV Región y la provincia de Cuyo, a través del paso Agua Negra.

Pero Feliú ha sostenido, y reitera, que no está probado que el camino sea ancestral, a lo cual añade que existe un título que tiene 80 años y que acredita que se trata de una propiedad privada.

El argumento, en todo caso, no convence al abogado del Consejo de Defensa del Estado Leonardo Corral, quien dice que, más que la data del camino, lo que está en juego es la calificación de público o privado de éste y del terreno en que está emplazado. A juicio de Corral, un decreto supremo de 1966 estableció que se trataba de un camino público, cuestión que no fue objetada por la familia Benavides, a lo que se suma que el fisco inscribió como de su propiedad los terrenos en litigio en 1980.

En suma, dicen en el CDE, el fisco no reconoce el dominio de los Benavides sobre estos terrenos, ya que ellos tenían como máximo 5 años para pedir la nulidad de la inscripción fiscal... plazo que venció en 1985. Por otra parte, Corral menciona como punto a favor del fisco que, de existir dos inscripciones de dominio sobre un mismo predio, quien ejerce el acto de señorío y dueño se presume propietario. Esto, en virtud de haber operado la llamada prescripción adquisitiva extraordinaria, de 10 años contados desde la inscripción de dominio; en este caso, en 1980. En esta situación, señala, es el fisco quien ha ejercido ese acto al construir y mantener esta ruta.

Pero más allá de las argumentaciones, ¿en qué está el juicio hoy? Desde 2002, año en que comenzó el litigio, la causa ya ha tenido dos sentencias favorables a la familia Benavides. La primera se produjo el 31 de julio de 2006 y la segunda el 26 de diciembre de 2008. Esta última, precisa Feliú, es muy clara. Lee: “el Estado de Chile, conociendo la situación de los bienes raíces del propietario y habiendo llevado a cabo una negociación destinada a una expropiación como lo establece la ley y lo faculta el MOP... se aparta de tal tramitación y lleva a cabo una tramitación espuria en su origen y que además constituye, claramente, conforme a los antecedentes acoplados en el procedimiento, una conducta contraria a la ética y al respeto del estado de derecho...”.

En todo caso, el proceso ha seguido tramitándose y hoy está a la espera de la resolución que adopte la Corte Suprema de Casación, cuyo fallo podría salir a mediados de este año, indica Feliú.

Se abre un nuevo frente

Pero lo que podría ser un caso más de diferencias entre privados y el fisco, en realidad puede tener consecuencias, incluso al otro lado de los Andes... Sí, porque el camino que une la Región de Coquimbo con San Juan a través del paso fronterizo Agua Negra, y que cruza la estancia La Laguna, está siendo objeto de exploraciones con miras a hacer un túnel que permita tener este paso operativo todo el año y no, como es ahora, con largas interrupciones en el período invernal.

A fines del año pasado, cuentan los Benavides, se encontraron con siete contenedores de alojamiento para 28 personas, una antena parabólica, estanques de agua, iluminación y maquinaria pesada, a la altura del kilómetro 29,4 desde el complejo aduanero Juntas del Toro (este es el nombre de la aduana y el paso se llama Agua Negra), y a la altura del kilómetro 48,8 desde la aduana, en el lugar llamado Llanos de Liebres, notaron un camino nuevo, sólo de bajada, de 1,35 kilómetros.

Debido a esto, dice Olga Feliú, el 18 de diciembre de 2009 presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena en contra de Edgardo Townsend, director regional de Vialidad, “por haber violentado la garantía constitucional del n° 24 de la Constitución, al efectuar un conjunto de faenas y obras materiales que acusan una clara y manifiesta privación, perturbación y amenaza al ejercicio de su derecho de propiedad”.

Con todo, la Corte rechazó el recurso, explicando que quien hacía las obras era un tercero (no el recurrido) y que, como existe un litigio, tampoco está claro el derecho de propiedad que se dice violentado.

Olga Feliú advierte que, a pesar de este revés, no se quedarán de brazos cruzados. “En marzo vamos a intentar todas las acciones para que las personas que están ahí no puedan ingresar al predio, porque esto se ha convertido en una especie de propiedad pública, cuando es privada”, puntualiza.

¿Corredor en juego?

Los trabajos a los que hace referencia la familia Benavides corresponderían a la instalación de faenas para los trabajos de exploración de un túnel que permita mantener el paso habilitado durante el año, un viejo anhelo de la IV Región y de la provincia de San Juan, que permitiría la materialización de un corredor bioceánico entre Coquimbo y Porto Alegre, en Brasil.

Pero si la idea no es nueva, sí lo es el dinamismo que ha adquirido.

En octubre de 2009, Michelle Bachelet y Cristina Fernández firmaron en el Museo del Carmen del Templo Votivo de Maipú el Tratado de Integración y Cooperación que protocolizó, entre otros, el túnel de Agua Negra. Este pacto fue rápidamente aprobado por ambos congresos y, a fines de enero de este año, se creó el ente binacional que será el encargado de llevar a cabo el proyecto, de ver los temas de licitación, financiamiento y administración. Esta comisión se reunirá este 2 de marzo, nuevamente.

Sin embargo, si los recursos de la familia Benavides prosperan, estos avances podrían verse afectados, reconoce la propia Feliú. “Ahora son cada vez más necesarios estos caminos que unen a los países y este es un corredor bioceánico que puede ser muy bueno para Chile y Argentina. He planteado muchas veces y formalmente al Consejo de Defensa del Estado la conveniencia de llegar a un acuerdo, porque si en definitiva se acoge la demanda de la familia Benavides, esto se va a cerrar”. Agrega que incluso propuso que, de común acuerdo, se designara una comisión de tasadores, pero el CDE le comunicó que el MOP no había dado ningún instructivo para llegar a acuerdo.

Una posibilidad que ven como lejana en Obras Públicas, ya que –según señalan fuentes de gobierno– el ministro Sergio Bitar ha manifestado que no se opondrá a la expropiación si así lo determina la Corte Suprema.

El factor Argentina y Brasil

Mientras en la IV Región los avances tendientes a la construcción de un túnel binacional no es noticia de todos los días, en San Juan, Argentina, es raro que pase un día sin que se conozca un nuevo paso en esta dirección. Esto se debe a que el gobernador de esa provincia, José Luis Gioja, ha sido un fuerte impulsor de la integración con la IV Región. Más allá de los beneficios económicos evidentes de tener una salida hacia el Pacífico y a los mercados asiáticos, también existiría un claro interés político por parte de Gioja, quien no oculta su deseo de presentarse a las elecciones presidenciales de 2011. Otra pieza fundamental del corredor bioceánico entre Coquimbo y Puerto Alegre es el presidente de Brasil. A través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el gobierno de Lula destinó 20 millones de dólares a financiar el último estudio técnico para viabilizar el túnel de Agua Negra y propiciar la participación y adjudicación de esta obra a una empresa carioca. En agosto del año pasado, el gobierno de San Juan firmó un contrato con la brasileña Bureau de Projetos Limitada, para que ésta haga los estudios de ingeniería básica y de impacto ambiental, más el pliego licitatorio para la construcción definitiva del túnel. En esa oportunidad, el intendente de la IV Región y quien ha sido el protagonista de estos avances por la parte chilena, Ricardo Cifuentes, dijo que la presidenta había manifestado su intención de que el proyecto fuera licitado antes del término de su mandato. Aunque no será así, sino en 2011, el proyecto ya está en tierra derecha.

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