Reportajes y Entrevistas
La reforma educacional bajo la lupa de los expertos

Artículo correspondiente al número 218 (30 de nov al 13 de dic 2007)

Patricia Matte, Cristián Larroulet, Dante Contreras y Mariana Aylwin analizan el acuerdo alcanzado entre Alianza y gobierno por la reforma educacional.

 

Luego de años de discusión, con “revolución pingüina” de por medio, comisiones y polémicos proyectos, la Concertación y la Alianza sellaron el acuerdo que busca sacar adelante la reforma educacional. Para analizar sus alcances y desafíos pendientes, Capital expone la opinión de cuatro expertos que participaron activamente del debate.

La clase política se puso finalmente de acuerdo en ciertos principios que hasta último minuto –de ahí lo dramático y eufórico del reciente abrazo en La Moneda– tuvieron en entredicho la posibilidad de lograr un acuerdo para reformar la educación. La exigencia de derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) planteada por los estudiantes en abril del 2006, y que provocó un verdadero terremoto político por la fuerza que tomó el movimiento, fue la mecha que encendió el debate sobre la calidad de la educación chilena. El fuego afloró nuevamente en abril pasado con el tema del lucro, cuando la presidenta Bachelet dio a conocer el proyecto de Ley General de Educación (LGE) en que se establecía que los sostenedores de los colegios particulares subvencionados no podrían obtener ganancias de esta actividad y tendrían que transformarse en corporaciones o fundaciones.

 

Luego en mayo presentó otro proyecto que creaba una Superintendencia de Educación. Aunque las iniciativas se originaban en la multitudinaria comisión creada por el gobierno, el rechazo inmediato de la Alianza dio origen a un proyecto alternativo y, dado que el gobierno necesitaba un quórum de 4/7 para cambiar la LOCE, se creó una mesa de diálogo.

 

Entre los puntos más relevantes de este acuerdo, que reemplaza la propuesta anterior del gobierno, se cuenta la posibilidad del emprendimiento privado en educación –el proyecto anterior planteaba que además de los municipios, sólo podían ser sostenedores las instituciones sin fines de lucro– y la regulación de los disostenedores a través de mayores requisitos.

 

También se llegó a acuerdo en el tema de la selección, estableciéndose que los colegios subvencionados no podrán seleccionar hasta sexto básico –el proyecto del gobierno establecía la prohibición hasta octavo–, y permitiendo la selección por proyecto educativo, lo que implica que los de tipo confesional decidirán si aceptan o no a estudiantes de otras religiones. Tampoco se podrá discriminar en base al rendimiento académico o solicitar antecedentes socioeconómicos de la familia.

 

Dentro de los cambios más emblemáticos está la norma que establece que en un plazo de ocho años a partir de la aprobación de la ley, la enseñanza básica se reduce de ocho a seis años y se amplía la media de cuatro a seis años (4 de formación general y 2 de especialización) y 30% del currículum será de libre disposición. Además, se acogió la propuesta de la Alianza y la Superintendencia se remitirá a fiscalizar el adecuado uso de los fondos provenientes de la subvención y de los diez miembros del Consejo Nacional de Educación, que visa las decisiones del Mineduc, sólo tres serán designados por el Ejecutivo.

 

Capital convocó a cuatro expertos en educación para que opinaran sobre este emblemático acuerdo. Sus columnas son un buen resumen de lo que se avanzó en el tema y también de lo mucho que todavía queda por hacer.

 

 

 

Logros y desafíos

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El país tiene conciencia de que el objetivo de mejorar la calidad de la educación no se ha cumplido. Afortunadamente se ha firmado un acuerdo para superar esta realidad, pero ahora corresponde que los compromisos adquiridos se concreten en los textos legales y en la creación y adaptación de las instituciones relevantes para ello. Por Cristián Larroulet.

 

 

Considerando los resultados educativos y el constante aumento del gasto en este sector, los lectores de esta columna deben estar legítimamente incrédulos respecto de si los cambios que se introducirán esta vez, harán posible el propósito de dar a cada niño chileno una educación mejor.

 

La respuesta es que en el sistema vigente ya hay un gran instrumento para mejorar la calidad: la existencia de una subvención por alumno atendido y que permite a los padres y apoderados escoger libremente el colegio para sus hijos, sean éstos municipales o privados. Sin embargo, este instrumento no es suficiente, porque ha sido limitado por la rigidez del Estatuto Docente que dificulta enormemente sancionar a los profesores que no hacen un buen trabajo, por la falta de información adecuada para los padres sobre la calidad de las escuelas, por la escasez de incentivos para premiar o castigar a los establecimientos educacionales en función de sus resultados, por la inexistencia de flexibilidad y autonomía para que los establecimientos puedan innovar con programas y contenidos curriculares diferentes a los del Ministerio de Educación, y por el bajo nivel que posee la subvención para financiar una educación de calidad especialmente para aquellos niños de nivel socio-económico bajo.

 

Respecto de estas materias, el acuerdo propone avisar directamente a los apoderados respecto de las categorías de calidad en que estarán clasificados los establecimientos de sus hijos y notificar a las escuelas de peores resultados que si no mejoran podrán ser cerradas. Además, crea mecanismos para trasladar a los alumnos de las escuelas con malos resultados, lo que, en conjunto con lo anterior, va a motivar a los profesores, directivos y sostenedores a mejorar su desempeño. Además, se consagra la autonomía como un principio básico de la gestión educacional, concretándose a través de la obligación de que el ministerio de Educación ponga a disposición de las escuelas otros cinco programas, cuya calidad haya sido probada, como alternativa a los planes y programas oficiales; así como también, el que los contenidos obligatorios no podrán sobrepasar el 70% de las bases curriculares, pudiendo utilizarse el otro 30% en aquellos propósitos que cada establecimiento desee.

 

Finalmente, el acuerdo establece una institucionalidad de largo plazo que vela por la calidad de la educación, alejándola de la contingencia política, al establecer que las autoridades encargadas tanto de la Agencia de la Calidad, como del Consejo Nacional de la Educación permanezcan en sus cargos por un período mayor que lo que dura el ciclo político.

Cristián Larroulet es Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo.

 

 

 

Triunfó la sensatez

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Entre quienes aspiran a un sistema sobre regulado desde el Estado y quienes sólo confían en las leyes de la competencia para mejorar la calidad de la educación, había un amplio espacio que este acuerdo viene a llenar. Por Mariana Aylwin.

 

Finalmente triunfó la sensatez en el Acuerdo por la Calidad de la Educación. Bien por nuestros políticos que, en este caso, antepusieron el bien común y demostraron flexibilidad y apertura. El contenido de lo acordado es un avance en la orientación correcta. En especial, la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad que define mejor los requisitos para los proveedores de servicios educativos; obliga al Ministerio a establecer estándares de calidad; establece sistemas de evaluación del logro de los estándares y sistemas de información pública; asegura recursos y apoyos para que puedan lograrse; fiscaliza e inspecciona con mayor foco en quienes no obtienen resultados esperados; establece rendición de cuentas, incentivos y sanciones en relación al logro de los estándares. Todo ello, garantizando transparencia y autonomía escolar.

 

Pero más importante, es haber logrado un consenso en un tema que tradicionalmente ha dividido a los chilenos en posturas ideológicas antagónicas. Ello se reflejó en la polémica discusión acerca del lucro y los procesos de selección derivada del proyecto inicial del gobierno. Sin embargo, entre quienes aspiran a un sistema sobre regulado desde el Estado y quienes sólo confían en las leyes de la competencia para mejorar la calidad, había un amplio espacio que este acuerdo viene a llenar. Por primera vez en muchas décadas tendremos una normativa producto de un consenso político, lo que es fundamental, ya que la educación requiere de gobernabilidad y reglas claras para desarrollarse. La LOCE llevó el estigma de haber sido dictada entre gallos y medianoche el último día del gobierno militar y, aunque tuvo muchas modificaciones, nunca iba a legitimarse. Si las cosas marchan como establece el compromiso, tendremos un respaldo más fuerte para apoyar el esfuerzo que necesita nuestra educación.

 

Con todo, ojo con poner tantas expectativas en los cambios legales. Por una parte, quedan pendientes temas sustantivos como el de la educación municipal y la carrera docente. Esas discusiones no serán fáciles y requerirán romper prejuicios e intereses corporativos. Pero además, los avances en calidad incluyen factores que no dependen de las leyes, como la formación del recurso humano. Chile está viviendo el impacto de la masificación y la globalización. Aún no contamos con profesores adecuados y suficientes para enseñar en un mundo escolar muy distinto, caracterizado por su heterogeneidad y por la demanda de una enseñanza distinta. Por siglos los profesores trasmitieron el conocimiento de generación en generación, y eso ya no sirve.

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han cambiado la cultura de niños y jóvenes. En cambio, la tendencia en la formación inicial de los docentes sigue sin hacerse cargo de esta realidad. De allí que la magnitud de la tarea supera los alcances de este acuerdo. Pero es un primer paso esperanzador, que puede fijar el rumbo de los que han de venir.

 

Mariana Aylwin es directora ejecutiva de Corporación Educacional Aprender.

 

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