Reportajes y Entrevistas
La reforma educacional bajo la lupa de los expertos

Artículo correspondiente al número 218 (30 de nov al 13 de dic 2007)

 

 

Aterrizando el acuerdo

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Los que concurrimos con nuestro aporte a hacer realidad este acuerdo, esperamos que se respete su espíritu y que el ánimo de colaboración empape los siguientes pasos que se deberán dar en un camino que es complejo y requiere dedicación, pero por sobre todo una mirada país.Por Patricia Matte.

 

En estos días hemos escuchado y leído los más diversos comentarios sobre el significado del acuerdo firmado entre la Alianza por Chile, la Concertación y el Gobierno y los efectos que produciría en la calidad de la educación. Los que participamos en el proceso sentimos una tremenda responsabilidad por las expectativas que se han generado en torno a éste y por ello, resulta trascendental aclarar lo que se puede esperar de él y los aspectos más relevantes que deben monitorearse para que la tan esperada y ambicionada calidad de la educación llegue a ser una realidad en un tiempo prudencial.

 

Para empezar, debemos tener claro que esta ley representa un diseño de lo que debiera ser nuestro sistema educativo. Una vez aprobada definirá claramente los deberes y derechos de cada uno de sus actores y fijará las reglas del juego. Desde ese punto de vista, el que sea producto de un acuerdo transversal le otorga permanencia en el tiempo, algo indispensable al hablar de educación. Este primer punto justifica el tiempo y esfuerzos que requirió este acuerdo. Tomando en consideración las visiones contrapuestas que existían al comenzar esta negociación y que se vieron claramente reflejadas en la propuesta de Ley General de Educación presentada por el Gobierno y el proyecto alternativo de la Alianza, este es el mejor acuerdo al que se podía llegar.

 

Si el proyecto de ley que se presentará al Congreso refleja lo acordado, debiera asegurar el libre emprendimiento en educación y la autonomía de los que proveen servicios educativos, para mantener proyectos que reflejen las diversas visiones que hay en educación y que permitan a los padres elegir el que mejor los represente. También deberá especificar las funciones y límites de la institucionalidad pública relacionada con este tema, para que no sólo se respete la libertad de educación, sino también para que garantice la existencia de alternativas de calidad para todos los ciudadanos de nuestro país, independiente de su situación socio económica, geográfica y cultural. El riesgo de que esta nueva institucionalidad reproduzca los vicios de la existente existe y por eso el país debe monitorear que el espíritu de los acuerdos se preserve, no sólo en la ley misma, sino también en los reglamentos que se deberán diseñar a partir de ella y, finalmente, en el rediseño del ministerio de Educación y la implementación del sistema de reemplazo propuesto.

 

No hay duda que este es sólo un primer paso, pero es la base que se requiere para dar los siguientes. Sin un financiamiento adecuado que realmente dé cuenta de las urgentes necesidades de nuestro sistema educativo y sin un cambio radical en la forma de gestionar los recursos humanos, financieros y pedagógicos de los establecimientos educacionales municipales, todos los esfuerzos que se hicieron para llegar a estos acuerdos podrían transformarse en letra muerta.

Patricia Matte es presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria.

 

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