Reportajes y Entrevistas
La prensa bajo amenaza

 

Primero fueron los ataques verbales, las campañas publicas de descrédito y, en general, un animo adverso que incluyo negación de entrevistas, bloqueos a los reporteros y retiro de publicidad fiscal. Ahora la cuestión es mas seria: varios gobiernos de la región avanzan en riesgosas reformas a las leyes que regulan la prensa en sus respectivos países. Por Marcela Corvalán.

Enarbolando sus particulares concepciones sobre democracia, derecho a la información, libertad de expresión y defensa ante los monopolios, algunos de los gobiernos más populistas de la región han transformado o están transformando las leyes de prensa de sus países casi al extremo de lo ridículo. Condimentan la polémica mediante el hostigamiento a través de procesos judiciales y de un mañoso manejo de los presupuestos de publicidad fiscal. Revocan licencias por faltas administrativas o esgrimen leyes ambiguas. Incentivan la hostilidad hacia los periodistas y dan chipe libre a supuestos movimientos ciudadanos que se especializan en atacar estaciones de televisión, salas de redacción o imprentas.

Como buenos caudillos latinoamericanos, reacios a aceptar críticas, son los gobernantes de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela los que han llevado la cuestión más al extremo en esto de limitar el poder de los medios de comunicación privados.

Pero la situación más visible es la de Venezuela, probablemente porque el presidente Hugo Chávez no se anda con sutilezas. El informe que presentó David Natera en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en Buenos Aires, a comienzos de mes, pone los pelos de punta. Guillermo Zuloaga, propietario del canal de noticias Globovisión, opositor a Chávez, y el periodista Rafael Poleo, editor del diario El Nuevo País y de la revista Zeta, están procesados por la justicia. Zuloaga no puede salir de Venezuela y debe firmar cada semana en tribunales. Poleo optó por el exilio y vive en Miami.

A fines de marzo, la presidenta de la Asamblea Nacional (poder legislativo) pidió que se abriera una investigación contra la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, por difundir los salarios de los diputados (una información negada a los venezolanos por su carácter “estratégico”). En mayo, la Asamblea solicitó sanciones contra el mismo Globovisión por ser el primer canal en informar del sismo que sacudió a Venezuela el 4 de ese mes y causar “alarma pública”.

El informe de Natera consigna que, también en mayo, Chávez dijo a la fiscal del Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que renunciaran si no iban a actuar contra los medios, y pidió celeridad en el caso del dueño de Globovisión (que a estas alturas acumula 40 causas, entre procesos judiciales y administrativos).

La fiscal siguió sus instrucciones y ya en julio presentó el proyecto de ley que sanciona los delitos mediáticos: una verdadera joya del absurdo, que propone penas de hasta cuatro años de cárcel para los profesionales que la infrinjan. El artículo 4 señala que “constituyen delitos mediáticos las acciones y omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”. Tal cual. Por ahora, parece que los diputados venezolanos han optado por el sentido común y la ley no se ha tramitado.

En lo que va de año, se han registrado 107 casos de agresión a medios y periodistas opositores, además de reiteradas amenazas de bomba a organizaciones como los diarios El Carabobeño y Notitarde. El 3 de agosto la activista Lina Ron, que apoya al presidente Hugo Chávez (aunque éste la ha calificado de “incontrolable” y la ha reprendido en público), encabezó un ataque armado contra la sede de Globovisión, en el que participaron unas 30 personas, portando armas de fuego, granadas y lanzando gases lacrimógenos. Ron está detenida, pero el gobierno ha enviado a funcionarios públicos a controlar las “condiciones” en que se encuentra.

En junio, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abría un procedimiento administrativo para recuperar la concesión otorgada a 86 emisoras AM y 154 emisoras FM, luego que no actualizaran sus datos ante el organismo que las supervisa. Aunque se trata de una falta administrativa, se les aplicará lo contemplado en la ley de telecomunicaciones por uso no autorizado del espectro radial: el decomiso de los equipos y la inhabilitación por 5 años en el uso del espacio radioeléctrico. “Estamos empeñados en democratizar el espectro radioeléctrico y estamos empeñados en eliminar, erradicar totalmente, el latifundio radioeléctrico”, afirmó Cabello.

Según los datos del Bloque de Prensa Venezolano, el gobierno cuenta con 238 emisoras de radio, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en Internet. La obligatoriedad de transmitir las intervenciones del presidente por cadena nacional atenta, además, contra los compromisos de los medios audiovisuales y afecta su relación con los avisadores: no pueden garantizar rating ni emisión de los comerciales. Porque si el Aló Presidente dura siete horas, como ha ocurrido, son siete horas que no se pueden interrumpir con publicidad.

 

 

Permiso por un año

 

La situación en otros países latinoamericanos es igual de preo-cupante. En Ecuador se debate una nueva ley de comunicaciones. La propuesta que tiene más posibilidades de ser promulgada, debido a la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, es la presentada por el legislador Rolando Panchana, que considera –entre otros aspectos– la regulación y sanciones a los medios por los contenidos que difunden. Y se discute en un contexto en el que el presidente Rafael Correa acusa a los medios de prensa de “mentirosos”, “conspiradores”, “corruptos” y “mediocres”.

La Ley Panchana crea un Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI) que tiene, entre otras facultades, las de amonestar, multar, suspender e incluso cancelar definitivamente el registro para el funcionamiento de un medio por los contenidos que pueda difundir. La ambigüedad en el lenguaje usado –por ejemplo, la potestad para sancionar por contenidos que “afecten los derechos de los ciudadanos”– da un margen amplio de interpretación a los consejos respecto de lo que consideren adecuado. La Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte de 2004) de Venezuela dio a Conatel la posibilidad de revocar la autorización para el funcionamiento de medios cuando se considere que cayeron en faltas tan ambiguas como “difundir mensajes que inciten a las alteraciones del orden público”. Fue sobre estas normas que se prohibió la señal abierta de RCTV (sigue operando a través del cable). La Asamblea Nacional venezuela prepara ahora normas que regulen la televisión pagada.

El proyecto Panchana obliga a los medios de comunicación impresos, radiales y audiovisuales a someterse a un registro de funcionamiento ante el CNCI como requisito para operar, el que tendrá una vigencia de un año. Una duración tan breve debilita las condiciones de seguridad jurídica necesarias para el desarrollo de cualquier industria, debido a la incertidumbre en cuanto a
que, por cualquier motivo, el registro no se renueve, lo que desincentiva la entrada de nuevos actores y la inversión a mediano y
largo plazo. En el caso de México, las licencias duran 20 años; en Chile y Perú, diez años, con causales muy acotadas para la revocación.

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