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Reportajes y Entrevistas
La prensa bajo amenaza
Artículo correspondiente al número 266 (27 de noviembre al 10 de diciembre 2009)
El proyecto Panchana no pone límites a la realización de cadenas nacionales obligatorias presidenciales en todos los medios de comunicación, lo que podría llevar a que se repita la situación de Venezuela. Datos de la Fundación Ethos, con sede en México, muestran que desde 1999 hasta noviembre de 2008 Hugo Chávez realizó 1.751 cadenas de radio y televisión, con una duración de 1.091 horas (equivalentes a 45 días de transmisión continua).
En Argentina, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual aprobada en octubre por el Congreso prevé la caducidad de la licencia para operar a medios que, a criterio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (donde la mayoría de sus miembros son designados por el Ejecutivo), no cumplan con los parámetros establecidos para los contenidos.
Aunque sea cierto
En Bolivia, el presidente Evo Morales ha planteado repetidamente su visión crítica sobre el papel de la prensa y ha propuesto como solución un Estado “con muchos medios de comunicación propios”.
El mandatario ha calificado a los periodistas de “pollos de granja”, “sucios” y “vendidos”, prohibiéndoles a muchos el acceso a sus conferencias de prensa. Y no es raro que el mandatario cuestione las preguntas de los periodistas que logran ser “invitados”. El 31 de octubre, la reportera Judith Prada, de Gigavisión, preguntó a Morales por qué se había ordenado un operativo armado en el que falleció el supuesto líder de lo que el gobierno asegura era una banda terrorista, si al mismo tiempo aseveraba que tenía controlado al grupo. “Si usted no me cree, póngase de fiscal o juez para investigar, yo estoy diciendo la verdad”, fue la respuesta del presidente a la periodista. Y la acusó: “cualquier pretexto para tratar de tapar o defender el separatismo o terrorismo no comparto, compañera; lo que está haciendo usted con esas preguntas es defender al terrorismo y defender al separatismo”.
A la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia le preocupa que cada vez que el presidente Morales lanza estas acusaciones sus bases parecen tomarlas como incitación a agredir a los periodistas.
El año pasado, la Dirección Nacional de Comunicación, que depende del ministerio de la Presidencia, pagó en diarios de circulación nacional avisos titulados “La manipulación informativa en los medios de comunicación”, apuntando a matutinos como El Mundo, El Deber, La Razón, La Prensa, El Diario y El Potosí.
Antes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) envió a todos los canales de televisión y radios del país una circular en la que se advertía de multas y cierres para las emisoras que incurrieran en “transmitir informaciones que, aún siendo auténticas, puedan dañar o alarmar a la población por la forma y oportunidad de su difusión”. El portavoz presidencial dijo que la carta era un “error”, pero que Sittel era un ente autónomo, por lo que sólo cabía pedir un informe. El superintendente había sido designado menos de un mes antes por Morales.
Modelo único
La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el gobierno argentino bajo la bandera de desmonopolizar los medios y democratizar la información. Para eso, entre otras cosas, limita las licencias de radio y televisión que puede poseer un mismo grupo a dos en una ciudad y diez en todo el territorio nacional. El grupo Clarín, el gran afectado, tiene 264 y un año para deshacerse de ellas cuando entre en funciones el nuevo Consejo Federal de Medios Audiovisuales, lo que está previsto para diciembre. La desinversión forzada, si se realiza, bajará los precios de los activos del grupo, aunque es poco probable que haya mucho interés de privados en participar en un negocio que, además de riesgoso en períodos de crisis económicas, ahora está muy regulado por el Estado.
A la hora de distribuir las licencias de radio y TV, la ley reparte en tres el espectro radioeléctrico: un tercio para el sector comercial; otro, para cooperativas, universidades y otras organizaciones; y el tercio restante, para radios comunitarias y pueblos nativos. No está claro cómo financiarán sus operaciones estos últimos grupos, aunque los críticos de la ley indican que es probable que quienes se arriesguen sean partidarios del gobierno que sepan que pueden contar con la publicidad fiscal para solventar sus gastos.
La ley establece también que los canales de televisión abierta deben tener un mínimo de 60% de producción nacional y un mínimo de 30% de producción propia, incluyendo informativos locales. Las radios privadas deben emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música debe ser de origen nacional. Sólo quedan eximidas las emisoras dedicadas a colectividades extranjeras.
El abogado y ex secretario de Comunicaciones de Argentina Henoch Aguiar, ha analizado extensivamente la ley en su sitio web (www.henochaguiar.com), en columnas de opinión en la prensa y en su participación en paneles y jornadas de discusión. Aguiar destaca como positivo que haya concursos que permitan el acceso de nuevas voces y se incentive la producción nacional. Pero critica que se prohíba que los canales y cables puedan comercializar más de una señal en el país: “es como obligar a una fábrica de autos a comercializar un único modelo”. Quienes tienen la capacidad de hacer más no pueden hacerlo.
La prensa escrita quedó exenta de la ley, pero no de la campaña. A comienzos de noviembre, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto que ordena que diarios y revistas se vendan sólo en kioscos sindicalizados. Eso abre la puerta para que interrumpan la distribución de medios que no sigan la línea gubernamental, aparte de limitar el derecho de los medios a vender por cualquier vía legítima su producto.
La presidenta se alineó además con Hugo Moyano, el líder del poderoso sindicato de camioneros, en un bloqueo a la distribución de Clarín, La Nación y otros diarios, exigiendo que los conductores de los vehículos repartidores sean representados por sus sindicatos.
El último contagio
Ni Brasil se escapa. El Partido de los Trabajadores (PT), que oficialmente es el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este mes su postura en cuanto a que se deben institucionalizar las sanciones a las empresas periodísticas y que la sociedad debe tener mayor control sobre las mismas. La dirección nacional del PT aprobó un texto en el que además de proponer la creación de mecanismos sancionadores a la prensa, impulsa cambios en las concesiones al sector de la comunicación, que, según el partido, es anacrónico y autoritario, y “privilegia grupos comerciales en detrimento de los intereses de la población”.
Hasta ahora, las propuestas del PT no habían encontrado eco en el gobierno y sus proyectos no avanzaban. Pero en las últimas semanas Lula ha hecho comentarios respecto del “monopolio de la información” y, según la revista Veja, declaró que “el papel de la prensa no es fiscalizar sino informar, los periodistas deben mezclarse con la gente, publiquen lo que oigan, no interpreten”.
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