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Artículo correspondiente al número 262 (2 al 15 de octubre de 2009)
No obstante, son varios los que apoyan una legislación más rápida. En el marco del proyecto de ley planteado por la mencionada comisión del Senado, la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, planteó que es necesario que los glaciares cuenten pronto con una adecuada protección legal, porque son fundamentales para el equilibrio hídrico y climático de las cuencas y cualquier alteración significativa podría provocar consecuencias en los ecosistemas y economías locales. Por ejemplo, la remoción de un glaciar en la alta cordillera, influye en la presión atmosférica y afectan el curso de los vientos y la lluvia, y con ello, a los ríos y a un sinnúmero de actividades que se desarrollan a su alero.
También el glaciólogo e investigador del CECS Andrés Rivera planteó, a propósito del Informe de la Comisión Especial Campo de Hielo Patagónico Sur (que culminó en julio pasado), que a nivel país falta una legislación adecuada para enfrentar el uso, el manejo y la conservación de todos los glaciares. Dijo que hasta ahora también es poca la información disponible y no hay en ella continuidad en el tiempo.
El camino avanzado
Haciendo a un lado las diferencias, lo concreto es que el gobierno, a través del consejo de ministros de la Conama decidió irse por el camino de la investigación y puso en marcha hace un par de meses una Política Nacional de Glaciares, que definió como primera medida la confección de un plan estratégico. Es en esto en lo que han estado sumergidos la DGA y el centro de estudios con sede en Valdivia. Esperan tener listo un plan concreto a fines de 2009, para que se implante en no más allá de tres o cuatro años. Eso significa desplegar estudios, monitoreos y el desarrollo de capacidades profesionales en Geología al interior de las universidades nacionales.
Por eso, lo más probable es que para los próximos años el presupuesto anual destinado a esta materia se eleve varias veces. Hasta 2006 se dedicaban unos 20 mil dólares anuales al estudio de glaciares, y recién a partir de 2007 Hacienda elevó a 1,5 millón de dólares los recursos, lo que permitió crear una unidad especial de glaciología y nieve en la DGA, a cargo del glaciólogo Gonzalo Barcaza. Ese monto es menor considerando el plan que ahora se tiene por delante y que incluye la compra de equipos y materiales de mejor calidad.
Del camino recorrido hasta ahora, Chile tiene el registro más antiguo de un glaciar en América latina. Se trata del Echaurren, en la cuenca del Maipo, que se comenzó a monitorear en 1975. Eso fue casi lo único que se hizo hasta hace pocos años, principalmente por la falta de recursos.
Recién entre 2008 y este año –con el incremento presupuestario– se pudieron realizar otras expediciones, entre las que destacan las de Campos de Hielo Patagónico, que ya han rendido sus primeras conclusiones. Como que el grosor de la capa de hielo en el sur desciende a razón de un metro por año. El estudio de estos movimientos también ha servido para establecer algunas conjeturas respecto a la delimitación pendiente que existe entre Chile y Argentina en Campo de Hielo Sur, donde coexisten varios glaciares.
Los ojos ahora están puestos en lo que se podrá hacer en el mediano plazo. Todos concuerdan en la necesidad de una mirada país sobre los glaciares, por lo que diversas ONG y el mundo político están a la espera de lo que se determine en el plan estratégico. Mientras más rápido se avance en conocer los recursos que tenemos como país, más pronto se podrá tomar medidas que permitan cuidar y mantener estos hielos… ojalá el tiempo no termine escurriendo estas ideas entre las manos.
| Para quedarse helado… |
| Derechos de agua, la otra arista en debate Además de elevar a rango constitucional el agua en estado sólido, la propuesta que envió el ministerio de Obras Públicas a La Moneda incluye algunos otros cambios al Código de Aguas. Entre ellos hay uno que ha sacado varias ronchas en algunos sectores productivos como el eléctrico y la agricultura: la idea de que el Estado tenga facultades para caducar derechos de agua que no se utilicen. Entre las opiniones surgidas en los últimos días está la de la abogada Olga Feliú, que planteó a Diario Financiero que la caducidad de un derecho de propiedad corresponde sólo a la Justicia y no a órganos de la administración pública. El debate promete encenderse en las próximas semanas. |