Reportajes y Entrevistas
La ley del hielo

Artículo correspondiente al número 262 (2 al 15 de octubre de 2009)

 

Lo último que oímos fue que se pretendía “estatizar” los glaciares. ¿Y de quien son?, nos preguntamos. Pues bien, eran, son y seguirán siendo territorios públicos y privados. Lo que pasa es que ahora se quiere explicitar que, como agua, (en estado sólido) son un bien de uso publico. En la practica, esto les asignaría un valor económico que finalmente podría traspasarse al precio de los derechos de agua en el futuro... Y ahí, claro, las cosas cambian. Por Cristian Rivas N.

La imagen de los imponentes bloques de hielo de la Laguna San Rafael son la postal que casi todos imaginamos al pensar en glaciares. ¡Cómo no!, si en esa zona de la Patagonia el país es dueño nada menos que de unos 15 mil kilómetros cuadrados de puro hielo que, si los sumamos a los que hay a lo largo de la alta cordillera –que aún no han sido completamente inventariados–, nos pone en un lugar importante del mapamundi, al poseer una de las mayores reservas de agua dulce en el globo.

Por eso, los ojos están comenzando a posarse sobre estos recursos. Claro que, como permanecen en estado sólido, no hay mucha certidumbre respecto a lo que puede o no hacerse con ellos. El Código de Aguas habla del recurso como bien nacional de uso público, pero no hace precisiones sobre sus distintos estados: sólido, líquido o gaseoso. Eso ha dado pie para que surjan distintas discusiones e interpretaciones respecto de los alcances que tiene la legislación chilena sobre el uso de los glaciares.

Se habla de empresas que han estado dispuestas a extraer este hielo de sus propiedades para comercializarlo en forma de agua, o de compañías mineras que durante décadas han hecho desaparecer glaciares rocosos en la profundidad de sus yacimientos. Incluso, el senador Antonio Horvath recuerda que en los 60 se los pintaba de negro para que atrajeran el calor del sol y se derritieran con mayor rapidez, de manera de favorecer la agricultura de la zona central en años de sequía. “Una barbaridad, si lo miramos con la óptica de los tiempos actuales”, reflexiona.

Por eso, en los últimos años surgieron distintas ideas para proteger y dar continuidad a estas reservas. Entre las últimas está la descrita hace algunos días por el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, que envió a la presidencia de la República un proyecto que busca cambiar el Código de Aguas, dando rango constitucional a este recurso en sus distintos estados y explicitando que con ello es el Estado de Chile quien posee el dominio sobre todos los glaciares.

Hay que aclarar, eso sí, que no se trata de “estatizar” los glaciares, porque éstos seguirán rigiéndose como hasta ahora; es decir, situados naturalmente tanto en territorios públicos como en privados. Lo que se busca más bien es salvaguardar su uso… y, más que todo, impedir su mal uso. Porque en la práctica lo que la iniciativa permitiría en el largo plazo es asignar un valor económico a algo que hoy no lo tiene y que por lo tanto no enfrenta restricción de ningún tipo.

Los derechos de agua actuales se entregan en razón de la cantidad del líquido que fluye por los ríos y no por los glaciares o la nieve que sustentan ese flujo, por lo que el precio al que se adjudiquen debiera tender a incorporar esa variable, con el tiempo. “Así como los derechos de agua tienen valor económico y se transan en el mercado, donde un litro por segundo en promedio vale unos 50 mil dólares, ¿cuánto vale un metro cúbico de hielo, que también es agua? No lo sabemos”, sostiene el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner.

El tema no es menor si se piensa que el recurso hídrico es cada vez más escaso en el mundo, con reservas que están muy acotadas y disminuyendo con rapidez, bajo los efectos del cambio climático y del aumento de las temperaturas en el planeta. Todo esto hace pensar que en el mediano plazo el valor económico de estas reservas será cada vez más importante e incidente en la economía.

Para Chile, con mayor razón. El consumo de agua a nivel nacional es hoy de 700 metros cúbicos por segundo, y las estimaciones apuntan a que superará los 950 metros cúbicos en un lapso de 10 a 15 años. Por eso y por que somos un país semiárido hasta prácticamente la VII Región, con ríos que descienden bruscamente al mar e impiden aprovechar adecuadamente el recurso, la situación en sí reviste importancia y justifica toda la inversión y dedicación posibles.

 

 

 

¿Legislar o no?

 

No hay verdades absolutas sobre la cantidad de glaciares que hay en Chile; precisamente, por la falta de información. En el Centro de Estudios de Valdivia (CECS), se habla de 1.750 de distintos tamaños, que en conjunto sumarían cerca de 17 mil kilómetros cuadrados, con Campos de Hielo Norte y Sur como protagonistas. En el gobierno, sin embargo, hablan de más de 3.500 glaciares, con una superficie total de 20 mil kilómetros cuadrados.

Kilómetros más o menos, por la importancia estratégica que contienen estas moles bajo la escarcha como reservas de agua dulce, y ante la falta de información que hay sobre su comportamiento, en la DGA trabajan con la hipótesis de que antes de sentarse a evaluar una legislación particular es necesario conocerlos con más profundidad.

Por eso fue que el gobierno decidió no patrocinar un proyecto de ley surgido en la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que buscaba imponer un marco especial para reglamentar, entre otras cosas, la ejecución de proyectos en el entorno de los glaciares, sino sólo sugerir inicialmente la aclaración en el Código de Aguas del concepto de agua en sus tres estados. No es que no se apoye la idea de legislar, se apresura a defender Weisner. “El planteamiento del gobierno es que por ahora no se necesita una ley para acometer el tema de los glaciares. No se puede regular lo que no se conoce. No es que consideremos que sea mala la ley, sino que no es oportuna”, defiende.

Esta visión, sin embargo, tiene sus detractores. Como el senador Horvath (RN), uno de los firmantes de la iniciativa, que acusa al gobierno de no querer avanzar más rápido en legislar sobre glaciares por los intereses que tiene la estatal Codelco en la alta cordillera –particularmente, en la división Andina, donde ha reconocido la intervención de glaciares en el tiempo–, y por las presiones generalizadas de varias otras empresas del sector. Hasta el cierre de este artículo no fue posible conseguir la visión de los gremios asociados a la minería, aunque en la DGA indicaron que están interesados en colaborar al máximo en una política sobre glaciares y ya han sostenido conversaciones.

 

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