Reportajes y Entrevistas
La hora de los sindicatos

Artículo correspondiente al número 211 (24 de ago al 06 de sept 2007)

Aun cuando el país presenta estupendas cifras macroeconómicas y en general las empresas muestran un buen desempeño, comienzan a aparecer amenazas de ruptura en el ambiente laboral chileno. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Es la riqueza que se ha estado generando en distintos sectores o es el modelo económico, en la forma en que lo hemos conocido hasta ahora? Los que mejor se manejan en el tema dicen que la actual arremetida laboral es propia de los tiempos de bonanza. Los trabajadores entienden que cuando la torta se agranda, a ellos también debiera corresponderles algo más. Por Lorena Medel y M. Angélica Zegers.

 

El ambiente laboral está enrarecido. En muchos sectores se respira conflicto, rabia y rencor. Mientras los sindicatos de trabajadores amenazan con paralizaciones y un sinfín de demandas laborales, parte importante de los empresarios se queja de ataques desmedidos y de poca objetividad en la autoridad laboral. Si bien no estamos ni por asomo reviviendo los enfrentamientos que se produjeron en Chile a comienzos de los años 70 –cuando los disparos, tomas y amenazas de muerte estaban a la orden del día– es indiscutible que los episodios protagonizados por los subcontratistas de Celulosa Arauco y Codelco sacaron a la luz las deudas que Chile todavía tiene pendientes en el frente laboral. En este escenario de desencanto, los sindicatos parecen haber tomado la delantera. En los medios se habla de una nueva etapa, de la hora del sindicalismo duro y han surgido líderes poderosos dispuestos a hacer lo que sea con tal de reivindicar los derechos de los trabajadores. ¿Pero son los sindicatos los únicos instrumentos válidos para establecer equilibrio en las relaciones laborales? No hay consenso al respecto. El gobierno en general cree que sí. Pero en el mundo privado las percepciones están divididas. En Chile, la tasa de sindicalización es de 12,8% en término de fuerza laboral y de 14,5% en términos de asalariados. Para algunos, estos bajos niveles de sindicalización responderían precisamente a que son los propios trabajadores los que dudan de la efectividad de las organizaciones sindicales. Para otros, en cambio, la tasa se debe al temor y amedrentamiento patronal.

 

El tema ha alcanzado revuelo y es parte del replanteamiento en el Chile actual de eso que la Iglesia antes llamaba “la cuestión social”. El debate se está intensificando. Partiendo por el mundo empresarial, que aglutinado en torno a organismos como Icare, Sofofa y la CPC, ha tapizado los diarios de columnas de opinión defendiendo lo que considera justo. Lo mismo han hecho las dirigencias sindicales. La Cámara de Diputados está llena de mociones para “mejorar” la ley laboral y hacer cambios “profundos” a la de subcontratación. La jerarquía eclesiástica, por su lado, llamó públicamente a los empresarios a hacer un esfuerzo y pagar, de una vez por todas, un salario ético del orden de los 250 mil pesos. Al presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, ese llamado le pareció razonable. En un discurso ante la Unión Social de Empresarios Cristianos, el dirigente dijo que Chile aún tenía mucho por avanzar en el plano de la ética empresarial.

 

 

 

Bonanza y externalización

 

 

Según Alberto Armstrong, académico experto en relaciones laborales de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, lo que está ocurriendo hoy tiene mucho que ver con el ciclo económico. En tiempos de bonanza –dice– es una constante mundial que aumenten las huelgas y las demandas salariales. Así ha sido, según él, desde los días de la industrialización.

 

-Hoy las empresas chilenas están llenas de plata y es normal que los trabajadores quieran llevarse parte de esa torta –asegura el académico–. La huelga de Escondida notificó al país de los cientos de millones de dólares que ganaba esa compañía. Hoy es cosa de leer los diarios y ver los resultados de los supermercados, los centros comerciales, las firmas inmobiliarias. La situación es complicada para los empresarios, pues está demostrado que cuando una firma tiene mucha plata disminuye drásticamente su poder de negociación.

 

La percepción de la directora del Trabajo, Patricia Silva, es distinta. La titular de la repartición considera que el origen de los actuales vientos de conflicto está en la forma en que se ha ido estructurando la economía chilena. En los años 80, asegura, el país se organizó en torno a la externalización de los procesos productivos y eso generó una serie de cambios en las relaciones laborales. Estas dejaron de ser bilaterales y comenzó a aparecer la figura del intermediario, del contratista, de la agencia… Y, aunque asegura que todo se ha hecho sin pasar a llevar la normativa vigente, es indiscutible que ese proceso se tradujo en fuertes consecuencias para los trabajadores.

 

-En ese marco se inserta todo lo que está pasando hoy. Se transparentó algo que veníamos viendo desde hace muchos años. Ya no es un tabú la forma en cómo están organizadas las empresas en Chile. A nadie le sorprende que D&S esté subdivida en 115 razones sociales, que Paris tenga más de cien RUT o que existan empresas que tengan externalizada hasta la esencia del negocio. Nadie ha cometido delito en esto, pero tenemos que hacernos cargo, como sociedad, de esa parte de la población que se ha visto afectada en sus condiciones laborales.

Se suponía que la Ley de Subcontratación, promulgada en octubre de 2006, iba a corregir los excesos a que había conducido la externalización. Pero no fue así. Si bien la nueva ley mejoró las exigencias de higiene y seguridad al interior de las empresas subcontratistas y transparentó el concepto de suministro de trabajadores, reconociendo que un subcontratado no puede realizar tareas permanentes más allá de 180 días, su gran aporte fue acabar con las responsabilidades difusas, imponiéndole a la empresa principal obligaciones perentorias respecto del cumplimiento de los derechos que asisten a los trabajadores subcontratados.

 

Sin embargo, en parte porque esta normativa alentó aspiraciones desmedidas y en parte porque el objetivo de la ley no era subirle los ingresos a los subcontratados, el sector laboral siente que nada cambió.

 

La iniciativa, dicen algunos, fue como tapar el sol con un dedo. Hoy, a la luz de los hechos, dicen, hay más incertidumbre y confusión que hace diez meses.

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, a marzo de este año, solo el 30% del empleo en Chile estaba en la categoría de “decente”, es decir, se desarrollaba en un contexto de relaciones contractuales indefinidas y con seguridad social. Ese porcentaje, según la directora del Trabajo, es el que acusa los efectos de la externalización. Se estima que existen más de 500 mil trabajadores subcontratados, de los cuales unos 300 mil trabajan en precarias condiciones contractuales, mayoritariamente en el sector servicios, en el comercio y la industria. Asimismo, es un hecho comprobado que muchas empresas han usado la externalización como mecanismo para reducir costos y mejorar sus estándares de productividad, generando efectos adversos sobre la calidad de las relaciones laborales.

 

-Hay un porcentaje alto de empresarios que se organiza en función de que el costo de la mano de obra sea el menor posible –sostiene el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez–. El modelo de desarrollo basado en la externalización está hecho para que las empresas bajen sus costos. Esa modalidad ha permitido que los empleadores puedan subdividir sus empresas en 115 razones sociales distintas, dándoles margen para burlar derechos laborales, pagar bajos salarios, eludir responsabilidades patronales y hacer que los trabajadores vivan en un clima de permanente amenaza a su estabilidad laboral. Nosotros queremos que a los empresarios y al país les vaya bien, pero no a costa de nosotros.

 

Pero los conflictos laborales ni siquiera empiezan por ahí. La esencia de las demandas siempre está en los salarios. Según un estudio del Instituto Libertad, el 50% de los trabajadores de nuestro país recibe ingresos inferiores a los 180 mil pesos. Tanto como describir un posible cuadro de injusticia, esa proporción habla de lo que la economía chilena todavía tiene de pobre y de tercermundista. En Chile, la productividad de la mano de obra no calificada es extremadamente baja.

 

 

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