Reportajes y Entrevistas
La educación ¡al pizarron!

Artículo correspondiente al número 237 (17 de septiembre al 2 de octubre 2008)

La calidad de la enseñanza en Chile deja mucho que desear. Todos lo saben, pero no es mucho el avance que se hace, sobre todo por la falta de consenso politico. Mientras la Ley General de Educacion se discute en el Congreso y es bombardeada desde distintos frentes politicos y sociales, hay quienes advierten que se requieren cambios profundos. La ministra Mónica Jiménez anticipa procesos para evaluar calidad de nuevos profesores y el posible termino del estatuto docente. Por Cristian Rivas.

 

 

Aunque a algunos les cueste creerlo, Cuba es el que está mejor posicionado en educación dentro de América latina. Si bien no está al nivel de las grandes potencias, sí maneja un sistema del que bien podrían extraerse ideas para Chile. En particular, la evaluación de los profesores. Cada año, quienes no pasan este “test de la blancura” son devueltos a las universidades a perfeccionarse. Si no logran mejorar, se los deriva a cargos administrativos, fuera de las aulas.

La situación en Chile es casi al revés. A los mejores maestros se los premia en cargos administrativos, como una forma de incrementar sus ingresos, mientras los demás, gracias al Estatuto Docente, pueden continuar en el sistema valiéndose de una serie de otros elementos ajenos a la ocación, como la antigüedad.

Pero ese problema es sólo parte de una lista larga de desafíos a los que se necesita hincar el diente. En paralelo a los proyectos que se discuten en el Congreso, la ministra de esa cartera, Mónica Jiménez, adelanta que ya se ha iniciado un trabajo que busca evaluar a los profesionales que egresan de unas 30 instituciones –la mitad de las que imparten pedagogías en el país– y que en el ministerio también están de abeza preparando mejoras a la institucionalidad de esa secretaría de Estado, las que pronto podrían ser dadas a conocer por la presidenta Bachelet.

Entre estos cambios hay ideas tan necesarias como definir quién estará a cargo. En otras palabras, quién se hará responsable de la calidad de la enseñanza en el país. Hasta ahora no hay una cara visible, pues el Estado no participa directamente de la educación, sino que lo hace a través de aportes a los municipios. En la superintendencia que se formará por ley se definirá, también cómo se elegirá al encargado y sus atribuciones.

Y para los que todavía siguen defendiendo el cuestionado Estatuto Docente, ojo, porque también vienen cambios, de la mano de una nueva forma de hacer carrera, donde se privilegiarán los resultados.

Esas tareas son parte de un abanico inmenso de cambios. Y los expertos coinciden en que es necesario avanzar en un trabajo que podría demandar por lo menos una década. Las ideas se repiten: además de mejorar la institucionalidad, ponen énfasis en profundizar la formación de los profesores, privilegiando la calidad más que la cantidad y mejorando los incentivos económicos para mantener en el sistema a los buenos docentes. También hacen hincapié en la necesidad de continuar incrementando el financiamiento del sistema, donde los aportes públicos están 6 ó 7 veces por debajo de lo que se paga en establecimientos privados.

Los primeros pasos se están desarrollando con la Ley General de Educación (LGE) y con proyectos como el de Aseguramiento de la Calidad. Pero a nivel político subyace una serie de diferencias que hacen muy difíciles los cambios y que se traducen en 300 indicaciones para la ley, pese a que se construyó con el aporte de todo el espectro político.

 

 

 

 

Mas financiamiento

 

 

Para poner en contexto la situación de la educación basta con mencionar lo que ocurre con el Simce. Año a año entrega datos lapidarios, como que los alumnos no comprenden lo que leen. En números, 4 de cada 10 no entienden nada y, lo que es peor, la cifra se eleva a 6 si se indaga en los segmentos con menores ingresos.

La duda que surge es qué estamos haciendo mal, porque mientras la calidad de la educación ha empeorado, los recursos públicos que se invierten han subido cuatro o cinco veces en dos décadas. Y si nos ponemos a buscar ejemplos, también hay muchas escuelas que, aunque están ubicadas en sectores de alto riesgo social, han mostrado mejoras significativas.

El ex ministro Secretario General de Gobierno y actual profesor e investigador de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, dice que es equivocado pensar que se ha aumentado en forma drástica los recursos. Explica que las cifras de subvención todavía están muy por debajo de lo que se paga por estudiar en colegios privados. El aporte estatal por alumno alcanza los 38 mil pesos mensuales, lejano al arancel promedio de 200 mil pesos o más de las instituciones privadas.

El también ex ministro Edgardo Boeninger agrega que pese a que Chile tiene a la educación como primera prioridad, esto apenas se traduce en incrementos presupuestarios anuales de entre 10% y 12%: “la cifra habría que multiplicarla 30% ó 40%, por lo menos”.

Del presupuesto de educación, el 70% de los recursos se traspasa en forma directa a subvenciones. La diferencia tiene que cubrir todas las áreas restantes y, lógicamente, no alcanza para hacer algo mejor.

Jiménez pone énfasis en lo que se ha avanzado. De partida, dice, se logró dar cobertura universal de 12 años de enseñanza obligatoria, cuestión que no han conseguido Argentina o Brasil. Se mejoró la entrega de textos escolares, alcanzando el nivel de la enseñanza privada y se aumentaron a 2,5 millones las raciones de comida para alumnos de menores ingresos.

Y si bien se ha avanzado en mejorar el equipamiento escolar, no se ha hecho Mucho con los antiguos, como vimos hace unos días en el Liceo de Aplicación. La ministra dice que hay 36 colegios en Chile que, pese a ser emblemáticos, necesitan cambios estructurales de importancia.

 

 

 

 

El eje angular

 

 

En lo que sí se requiere avanzar a zancadas es en la calidad de los profesores. Aquí Hay posiciones más drásticas que otras, como la del empresario José Luis del Río, quien cree que es necesario realizar una reforma total al Estatuto Docente. “Lo que tenemos que hacer es poner estándares de educación de verdad. Es un tema serio y si hay que negociar para sacar a los malos profesores, habría que hacerlo”, comenta.

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