Reportajes y Entrevistas
La deuda de la discordia

Artículo correspondiente al número 253 (29 de mayo al 11 de junio de 2009)

Lo que viene


Desde el comienzo de la discusión legislativa, algunos parlamentarios –perfilados inicialmente como partidarios del proyecto– pusieron como requisito el que los consumidores sean escuchados antes de resolver. Ya afinan el listado de invitados para la segunda sesión, en que se continuará con el análisis en particular. Se espera escuchar a todos, desde los bancos, casas comerciales, cajas de compensación y asociaciones ciudadanas, hasta los prestamistas.

Es evidente que persisten muchas dudas, como la aplicación del sistema en el período de transición –fijado en un año– o si el Consejo de Transparencia es el mejor organismo para resolver ante posible mal uso de las bases de datos. Saben que están frente a una lucha de titanes, donde los intereses abundan.

Como telón de fondo, las casas comerciales están resueltas a no dejarse arrebatar los buenos deudores, que sumarían más de medio millón, cifra que es más que interesante para la banca en su interés por penetrar nuevos segmentos.

Pero esta guerra tiene varias batallas. Si el proyecto avanza a toda costa, en el retail idean estrategias. “Si quieren meterse en nuestro negocio, compitamos con las mismas armas. Que los bancos nos dejen entrar con nuestras tarjetas a los comercios que monopolizan (Redbanc y Transbank) y que la señora Juanita pueda usar sus cajeros automáticos las 24 horas y toda la semana”, enfatizan. En otras palabras, la tuya y dos más y una polémica que tiene para rato.

 

 

 

Se buscan asesores

El Comité de Retail Financiero partió con todo. Contrató a la abogada Olga Feliú para su defensa. Una elección que no dejó nada al azar, porque fue ella quien en 1998, como senadora, acudió junto a un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una indicación similar, siendo acogida por el organismo. Aunque el TC se pronunció en la forma y no en el fondo, la ex parlamentaria señala que siguen vigentes los argumentos de inconstitucionalidad. Menciona que el proyecto actual vulnera aspectos constitucionales como el derecho a la reserva e intimidad de las personas, y los derechos de propiedad de las empresas a ejercer libremente sus actividades económicas. Argumentos similares a los presentados por el estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, al que el Comité de Retail Financiero pidió el año pasado un estudio en derecho, y que hoy, junto a los planteamientos de Feliú, configurará la estrategia del retail ante el Parlamento y, si es necesario, ante los tribunales. En la parte técnica y económica son asesorados por el economista Ricardo Paredes, quien sostiene que, al contrario de lo que afirma el gobierno, este proyecto no reducirá el endeudamiento, pues muchos de los individuos que hoy no son atractivos para la banca pero que son buenos pagadores en las casas comerciales serán inducidos a un mayor nivel de deuda. Coincide el gerente general de Retail financiero de Falabella, Gastón Bottazzini, quien agrega que el proyecto adolece de errores conceptuales graves como ortodoxia económica y desconocimiento de los clientes del retail. A su juicio, aunque la teoría económica diga que a mayor información mayor competencia, esto no siempre es verdad, y expone el caso de Estados Unidos, que cayó en sobreendeudamiento incluso teniendo información positiva. La banca dispara en la dirección contraria. Para ellos es inconcebible que el retail señale que se trata de una expropiación de datos construidos por su patrimonio. “¡De qué estamos hablando! Les recuerdo que han podido crecer gracias a la banca”, enfatiza el máximo ejecutivo de un banco local. Añaden que “este proyecto apunta a una disminución del riesgo para muchos de los clientes del retail y claramente va a aumentar la competencia”, como afirma el gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón. Advierte que el comercio está equivocado al decir que es una base de datos de su propiedad. “Nunca le pidieron permiso a nadie para hacerla. La información es de las personas”. En cualquier caso, el ánimo de la banca es el mejor. Estudian la documentación para contratar las asesorías correspondientes y evitar que esto se entrampe en alguna parte de la tramitación y menos, en el TC.

 

 

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