Reportajes y Entrevistas
La deuda de la discordia

Artículo correspondiente al número 253 (29 de mayo al 11 de junio de 2009)

 

Despues de años de pugna y dilaciones, finalmente se presento el proyecto de informacion comercial positiva. A días de su ingreso al Congreso, los tira y afloja comenzaron y el lobby no se ha hecho esperar. Todo hace prever una discusión prolongada entre parlamentarios de distintas corrientes y sin posiciones comunes, ni a nivel de partidos ni de coaliciones. Por Elena Martinez y Paula Vargas.

Si hay algo claro en esta polémica es que estamos frente a una discusión que no será breve ni exenta de pugnas. La reforma legal que busca consolidar la deuda de los chilenos y crear un registro único y centralizado involucra a dos potentes actores del mundo empresarial chileno –la banca y el retail– con un historial de conflictos y una relevancia que extiende sus relaciones hasta lo más connotado del mundo político, lo que hace suponer un lobby no menor en los pasillos del Congreso.

Añada a la mezcla dos ingredientes más que dejan en evidencia el potencial inflamable del proyecto: los más de 10 años que acumula la iniciativa desde las primeras aproximaciones hasta su envío propiamente tal a Valparaíso y la infructuosa búsqueda de una acuerdo de autorregulación entre los bancos y las multitiendas, y que incluyó la desechada mediación del ex ministro Alejandro Jadresic.

El año electoral tampoco contribuye en la tarea de apaciguar los ánimos. Basta recordar que en agosto de 2008, cuando el Ejecutivo tenía lista una iniciativa para unificar la deuda de las personas, la suspendió. La causa esgrimida fue, precisamente, la proximidad de los comicios municipales. Ahora, a nivel de dirigencias de la Concertación y de la Alianza hay quienes cuestionan o, al menos, piden evaluar la oportunidad, mientras otros recalcan que no hay mejor momento porque la sensibilidad es muy alta. Porque en esto también hay algo claro: tanto el antagonismo como el respaldo al proyecto se encuentran de manera transversal, con parlamentarios de la Concertación que lo apoyan o lo rechazan, al igual que sus pares de la Coalición por el Cambio.

En el gobierno, quien lleva la batuta del proyecto es la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, con todo el respaldo del titular de la cartera, Andrés Velasco, con quien mantiene una estrecha relación desde sus orígenes en Expansiva.

Este apoyo resulta clave si se consideran los rumores que hablan de diferencias en torno a la iniciativa al interior del comité político de La Moneda. Dicen que ni el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ni el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, habrían estado de acuerdo con la forma y el fondo de la presentación del texto.

Recart, en todo caso, lo desmiente: “no, no, es un proyecto que tiene el apoyo de todos los sectores del gobierno. Lo trabajamos con Justicia, Economía y la Segpres. Hay una visión más grande de esta iniciativa”. Y respecto de la oportunidad, recalca que llevan dos años discutiéndolo en el gobierno y que “a veces, la fruta cae de madura, y ésta estaba madura y cayó”.

Pero si nos atenemos a los hechos, ni Pérez Yoma ni Viera-Gallo parecen mostrar un especial entusiasmo. El silencio puede ser elocuente, sobre todo en el caso de Pérez Yoma, cuyo círculo –ante anteriores intentos de reflotar la iniciativa– dejó entrever que no le ve ningún rédito para la administración Bachelet y que, por lo mismo, no tendrá sentido abrir el flanco. A su vez, Viera-Gallo lanzó una frase para el bronce cuando se envió la indicación que reimpulsó la tramitación legislativa: “se va a armar un boche muy grande en el Parlamento”. Y aclaró que la decisión del contenido fue de Hacienda.



Lobby con mayúsculas


Con la banca y el retail en posturas irreconciliables, el camino se ve pedregoso y con ofensivas para sumar apoyos. Es el epílogo de una historia de distancias tajantes, donde ni siquiera la mediación encargada al ex ministro Jadresic logró romper el hielo. Los retailers fueron los encargados de desechar sus propuestas: “a juzgar por sus conclusiones, se escuchó mucho más a la banca que al retail”, afirma un alto ejecutivo, lo que es desmentido por el aludido, quien asegura no haber cargado la balanza hacia ningún lado. La mediación, además, es cuestionada por dirigentes políticos que dicen que el Ejecutivo cedió a los privados un tema donde debió defender los derechos ciudadanos.

Así las cosas, el lobby sectorial no se ha hecho esperar. Hasta Juan Cúneo, el vicepresidente de Falabella, se reunió con Pérez Yoma y Viera-Gallo para dar cuenta de las inconveniencias de la iniciativa; encuentros en que han participado el gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill.

Para qué hablar de la reciente arremetida para conversar con la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde está radicado el proyecto. Los primeros parlamentarios en ser contactados fueron los promotores del proyecto y los indecisos. “Había que explicarles bien los efectos para las personas y las Pymes. Particularmente, éstas últimas y la publicación de la deuda tributaria, que estaría disponible por 10 años y no por cinco, como hoy. Y para las personas el efecto es claro. Van a quedar muy expuestas y aparecerán con un endeudamiento con el cual difícilmente van a ser sujetos de crédito, o accederán a créditos
más caros”, asegura un representante del comercio.

Pero existe conciencia de que las partes están intentando mover el juego al ritmo de sus influencias. Un ejemplo: el presidente de la comisión de Economía, Gonzalo Arenas (UDI), contó que la sesión en que partió la discusión en detalle, el 19 de mayo, fue televisada a expresa petición de la subsecretaria Recart “para mayor transparencia” porque “es tal la cantidad de presiones... y aquí hay una batalla comunicacional”.

Según el diputado Eugenio Tuma, del PPD –autor de la moción original con su colega Antonio Leal–, aquí “todos tienen un interés especial”. Y no sólo la banca y el retail, sino también Hacienda, con una mirada fiscal que él considera legítima.

En Hacienda dicen que los motiva su interés por proteger los derechos de las personas, mediante una base de datos independiente y centralizada. En la Cámara de Comercio ven otro trasfondo: la intención de estatizar una actividad hoy en manos del sector privado. “Lo que aquí hay es un afán por controlar una actividad que no tienen dominada, y eso les causa molestia e impaciencia. Las cosas, por su nombre”, afirma el secretario general de la Cámara, Cristián García-Huidobro.

 

 

Banca vs retail: enemigos conocidos 1998.- En la discusión de la modificación de Ley General de Bancos, la industria bancaria dio la pelea por crear una base de datos con información positiva y negativa. La iniciativa fue impugnada y desechada por el Tribunal Constitucional. 2002.- Transbank y casas comerciales entran en disputa por la negativa de Falabella, Ripley y Paris de suscribir la promoción 3 cuotas precio contado en vísperas de Navidad. La Comisión Resolutiva Antimonopolios multó con cerca de 90 millones de pesos a las tres firmas. 2006.- Se desata la guerra del plasma. Falabella y Paris presionan a proveedores de productos de electro-hogar, a fin de que se desistan de participar en una feria organizada por Travel Club y Duty Free para clientes del Banco de Chile. Falabella y Paris fueron multadas con 6.000 y 3.750 Unidades Tributarias Anuales (UTA), respectivamente. 2008.- Vuelve la disputa por el envío del proyecto de deuda consolidada. A esta pelea se suman la Cámara de Comercio de Santiago y otros agentes no bancarios.

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