Reportajes y Entrevistas
La delicada zona gris

Artículo correspondiente al número 303 (1 al 14 de julio de 2011)

 

Que haya gente con platas no declaradas podría no sorprender a nadie. Lo que sí ha llamado la atención es la transversalidad política que ha concitado el lobby para sacar adelante una ley de registro de capitales en el extranjero. Aquí, los pasos del gobierno y del Congreso por el proyecto de amnistía fiscal.

Son más de 30 mil millones de dólares, de los cuales se estima que no menos del 60% ya estaría circulando en Chile. Platas que salieron del país, la mayoría en forma legítima –sobre todo, en los 70 y a inicios de los 80, cuando huyeron despavoridas por el clima político–, pero que con uno que otro arreglo han entrado de vuelta a Chile, o bien descansan y se multiplican bajo estructuras jurídicas en Panamá, Delaware, Luxemburgo, las Islas Vírgenes…

Son los famosos capitales extranjeros. Pero en su mayoría, en manos de empresarios o familias de altos ingresos locales, que todavía andan por el mundo sin registrarse. A fin de cuentas, platas negras que llevan más de 20 años en cuentas corrientes, fideicomisos o fondos en el exterior, o que han regresado acogidas a distintas normas de inversiones extranjeras. La vía clásica consiste en armar una sociedad en diversos paraísos fiscales y que, por ejemplo, compra una casa en la playa en la que el verdadero dueño –el mismo chileno– aparece como el mandatario de la sociedad. Igual fórmula se aplica para las grandes inversiones, en cuyos casos se acogen al DL 600 para incentivar el ingreso de industrias a Chile.

Todo, porque el costo actual de un ingreso formal no deja de ser desincentivo: tendría que declararse en el Servicio de Impuestos Internos y, como no tiene justificación, la persona natural deberá pagar el global complementario –proporcional al monto y progresivo– de hasta 40% del total; o bien, un impuesto de primera categoría en el caso de ser una persona jurídica; cuya tasa, por este año, es del 20%.

Hasta ahí, nada nuevo. El ingrediente que vuelve a poner estos capitales sobre la mesa es la idea –trabajada por un grupo transversal de políticos más el ministerio de Hacienda– de elaborar una ley de amnistía fiscal para que los dueños de esas platas puedan finalmente entrar al sistema, pagando un impuesto que incentive a hacerlo.

La imagen es todo

La idea de poner en marcha esta suerte de perdonazo viene rondando en La Moneda a partir del estudio de fórmulas de financiamiento para la reconstrucción post terremoto. Cuentan que entonces el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, estaba entusiasmado con el asunto. Después de todo, algo similar se había aplicado tras el terremoto del año 60 y formaría parte de una tendencia mundial que se inició en la década pasada y que ha sido tan exitosa en algunos países como desastrosa en otros.

A lo anterior se sumó un elemento clave: apenas este gobierno se instaló en La Moneda, se desató un intenso lobby para sacar adelante esta ley. Una presión ejercida con fuerza por parlamentarios de todos los colores políticos, por abogados tributaristas y, obvio, por los mismos dueños de las platas. Entre los argumentos que rondan es que varios de los que tienen estos dineros necesitan gastarlos o, de no ingresarlos, podrían tener problemas con sus respectivas herencias. Además, tras el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos emprendió una cruzada contra los paraísos fiscales que ha vuelto más restrictivo el manejo de recursos y, según muchos proyectan, se traducirá pronto en una completa revelación de las identidades tras estas cuentas.

Medio en serio medio en broma, en el gobierno cuentan que no hay matrimonio al que asista Felipe Larraín en que no se le acerque un conocido a pedirle que apure la ley. Pero Hacienda ha sondeado el piso político y encontrado poco respaldo... en la misma derecha. La lectura es simple: marcaría el debut del “gobierno de los empresarios, haciendo una ley del mono para sus amigos”.

Incluso el presidente Piñera, quien en un principio estaba abierto a la fórmula, advirtió a Larraín que no era conveniente presentarla como una iniciativa de La Moneda. Lo mismo, cuentan, habrían hecho el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, más asesores internos de Teatinos 120, quienes apuntaron, además, a que esto golpearía fuerte el tipo de cambio; e hicieron ver que los organismos internacionales estiman que esta fórmula es mejor evitarla; pero que si eso ya es imposible, hay que tomar extremos resguardos para controlar el lavado de dinero y el ingreso de platas mal habidas.

Hubo entonces que cambiar de estrategia. Y ahí es donde el socialista Juan Pablo Letelier entró en escena, convirtiéndose sorpresivamente en el adalid de la repatriación de capitales.

Mi nuevo mejor amigo

“¿Por qué tanto entusiasmo?”, es la duda que ronda en los círculos políticos. Las sospechas apuntan a que, al igual que otras figuras del Congreso, el vicepresidente del Senado tendría cercanos en el mundo empresarial a quienes beneficia esta ley.

Por otro lado, para el gobierno es mucho mejor que aparezca un senador socialista impulsando el proyecto, y lo patrocinará una vez que Letelier haya juntado suficiente masa crítica en el Congreso.

Letelier asegura que su actuación no obedece a ninguna de las sospechas que le apuntan. Su respuesta es una sola: levantar fondos para la reconstrucción patrimonial. “Si registrar los capitales permite recaudar dinero para el patrimonio, yo estoy de acuerdo”, dice.

Ha recorrido todas las bancadas de diputados y senadores buscando apoyo; organizado seminarios sobre restauración patrimonial y hasta un libro publicó con un catastro del terremoto, cifras, costos, gráficos, fotos, etc… Ha conversado el asunto con Piñera varias veces. Un trabajo personalizado que, por ahora, rindió frutos: logró que 25 de 48 senadores y 57 de 120 diputados firmaran la iniciativa. Ley que crea el fondo para la reconstrucción y preservación del patrimonio de valor histórico y de la vivienda rural y mecanismo de regularización tributaria de inversiones, se llama. El documento señala que hoy “existe una cantidad muy importante de inversiones, de chilenos o residentes en Chile, en el exterior sea en el mercado de capitales, en instituciones bancarias o financieras y en acciones de sociedades anónimas con acciones al portador o nominativas, constituidas en los llamados paraísos tributarios, sociedades que son a su vez dueñas de acciones o derechos de sociedades constituidas en Chile o dueñas de bienes raíces o muebles situados en el país”. Por eso, plantea que es necesario “establecer algún mecanismo que logre regularizar las inversiones, utilidades e intereses y otros incrementos patrimoniales que se han mantenido al margen total o parcialmente de la legislación tributaria y/o cambiaria de aplicación general”. A ello, añade que esta sería una oportunidad atractiva para las personas para “declarar y regularizar, de forma voluntaria y sin presiones ni sanciones, los capitales que mantengan en el extranjero sin haber tributado”.

En el texto –de siete páginas– se describe, entre otras propuestas, que a esta ley sólo podrán acogerse quienes sean contribuyentes domiciliados o residentes en Chile con anterioridad al 1 de enero del 2010 y propone que el SII debe mantener en reserva la información sobre quiénes se acogieron a esta ley. O sea, nadie sabría si usted tenía platas negras.

Ni mucho ni muy poco

El proyecto no habla de ninguna tasa en específico, pero la idea de Letelier –a quien se han sumado activamente senadores como Andrés Zaldívar (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD), más diputados como Nicolás Monckeberg (RN) y Edmundo Eluchans (UDI)– va en torno al 6%. Su argumento es que con esa cifra la cosa se vuelve atractiva para los dueños de los capitales y para el país, pues sube la base tributaria. Sin embargo, en Hacienda señalan que si esta ley llega a ver la luz, por ningún motivo la tasa será tan baja.

El pasado 9 de junio, el senador Letelier envió una carta al ministro Larraín. “Dando cumplimiento a lo acordado en la reunión sostenida en su despacho, el pasado 2 de junio del año en curso, le hago llegar el proyecto de ley...” con el listado de todos los parlamentarios firmantes. El 16 de junio le envió otra, contándole que se sumaban más nombres a la petición del proyecto.

Algunos, ya casi los menos, no han querido suscribir. No quieren ser la cara del costo político que puede conllevar aparecer legislando para los empresarios cuando se discute si el salario mínimo puede tener mil pesos más. Las cosas tienen su oportunidad, es su conclusión. Y esta no parece ser la más adecuada.

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