Reportajes y Entrevistas
La cuestión del sacristán

Artículo correspondiente al número 286 (8 al 21 de octubre de 2010)

 

Una cosa es citar a Dios cada vez que se pueda y otra, a sus representantes en la tierra. Esa pareciera ser la consigna del presidente Piñera en lo que a relación con el clero se refiere. Una convivencia llena de tiras y aflojas, como quedó demostrado con el impasse del indulto bicentenario y, ahora, con el rol de “facilitador” en el conflicto mapuche.

 

Tras una década de mandatarios agnósticos, las cinco referencias a Dios durante el primer discurso presidencial de Sebastián Piñera hacían prever una relación distinta y más fluida entre el nuevo gobierno y la jerarquía católica. Incluso, frases del mandatario como el llamado “a todos los chilenos para que recemos” por la salud de los mineros atrapados en el norte habían provocado recelo entre los sectores más liberales de la sociedad.

Pero el paso de los meses dejó en evidencia una convivencia distinta a la presupuestada. Quizás, como advierte un seguidor del tema porque al final, para un presidente con convicciones religiosas es más difícil acoger planteamientos de la Iglesia que para uno agnóstico (algo así como cuando dicen que es más fácil para la derecha subir impuestos o para la izquierda cambiar leyes laborales) o, como señala otro, porque Piñera ha buscado marcar la diferencia: una cosa es citar a Dios y otra, a sus representantes en la tierra.

Así lo cree también un miembro del clero: “muchas veces un católico en política o en instancias de gobierno es demasiado cuidadoso en cuanto a su adhesión eclesial y a las motivaciones religiosas de su servicio público. A veces han aportado poco a la libertad de acción y expresión de la Iglesia en el servicio que queremos ofrecer a la sociedad. ¿No es mejor agnósticos o ateos más libres en sus decisiones respecto a acoger los planteamientos de la Iglesia? Por eso, bienvenida nuevamente la libertad que nos otorga la separación Iglesia-Estado”.

En efecto, dos hitos han venido a marcar esta relación: la huelga de los 34 detenidos mapuches y el rol de facilitador que asumió el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, y el rechazo del Ejecutivo a la propuesta de indulto bicentenario. En este último caso, a pesar de que los obispos demoraron la entrega del texto –tensionando el debate político en torno a si correspondía o una ley de indulto general, aun cuando no se conocía la propuesta concreta– la respuesta negativa de Piñera, sólo cinco días después de presentada, y por cadena nacional, fue interpretada como un rayado de cancha para la curia chilena: por muy católico que sea el presidente, no va a ceder a presiones. Y segundo, dentro de palacio no todos comulgan con un rol preponderante de la Iglesia.

Algunos parlamentarios cercanos a ésta, sostienen que los obispos “no se movieron bien. Si hubieran querido generar presión, lo podrían haber hecho mejor. Ahora pareciera que da lo mismo decirle a la Iglesia que no”. Al interior de la jerarquía eclesial, la evaluación es diversa: “lo peor para el gobierno es plantearse en términos de poder hacia la Iglesia y que, en temas tan relevantes para la sociedad como era la fundamentación doctrinal, jurídica y humanitaria de la petición de indulto bicentenario, no haya tenido la capacidad reflexiva para analizar los antecedentes y, en cambio, optara por una respuesta inmediatista”, afirma un prelado. Tampoco concuerdan con el juicio del apresuramiento: “la idea del indulto se venía trabajando desde el gobierno de la presidenta Bachelet y se había conversado con muchos sectores; se consultó a juristas y teólogos, entre otros expertos”.

Incluso, sostienen que –desde su punto de vista– al final la propuesta logró poner sobre la mesa puntos que hasta entonces no figuraban entre las prioridades de la autoridad, como la situación de hacinamiento que sufren los presos en las cárceles, al mismo tiempo que surgieron opiniones autorizadas, como la de la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Sczaranski, a favor de atender a la situación de los procesados por casos de violación de derechos humanos. “Tan poco libres somos que si el Estado de Chile protege a sus etnias, saca aplausos; si el Estado de Chile protege a sus ciudadanos culpables en asuntos de derechos humanos, saca pifias”, dijo en una reciente entrevista en Diario Financiero. También hubo puntos de convergencia en los planteamientos del reconocido defensor de los derechos humanos y colaborador de la Vicaría de la Solidaridad, José Zalaquett.

Pero ante el rechazo mucho se dijo que primó la idea del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Pragmático, político y con una agenda antidelincuencia como principal móvil de su gestión, el jefe del gabinete se inclinó desde el primer momento por no aceptar la petición de la jerarquía católica, y así lo dejó muy claro: “siento que la Iglesia hace planteamientos en campos que no son estrictamente propios de la confesión religiosa”, dijo el ministro el 14 de julio, en la comisión de DDHH de la Cámara. Y fue esa idea de Hinzpeter –de religión judía, dicho sea de paso– la que se impuso.

Para algunos, esto tiene que ver también con que la posición del titular de Interior se asemeja a la primera de las dos visiones que conviven en La Moneda sobre cómo tiene que ser la relación con la Iglesia: una visión más propia de los católicos que se identifican con una derecha más liberal, como sería el propio presidente. Una visión que cree firmemente en un estado laico y que, si bien respeta las posiciones del clero, no sucumbe ante sus peticiones. Es decir, que quiere mantener a la Iglesia en una relación de poder similar a la que ésta tuvo en los gobiernos anteriores y que, si necesita pedirle ayuda en casos como la huelga mapuche, tampoco escatimará en hacerlo. La segunda mirada es la que tienen aquellos integrantes del gabinete que pertenecen a una Iglesia más conservadora –asociada a distintos movimientos–, como el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien además es el encargado de llevar las relaciones con el clero.

Larroulet ha cultivado una buena relación con las distintas figuras de la Iglesia, y en su ministerio aseguran que éstas son fluidas, “mucho mejores que en los gobiernos anteriores”. Según cuentan, además de asistir a una reunión mensual con algunos integrantes del comité permanente de la Conferencia Episcopal –una costumbre que viene desde el primer gobierno de la Concertación–, mantiene contactos informales, al menos cada dos semanas, con varios líderes de la Iglesia y algunos obispos con los que tiene una relación personal de amistad que viene desde mucho antes de que asumiera en el gabinete. Así, cuentan que asistió a coloquios, primero con los obispos y luego con los vicarios de Santiago, sobre los planes del gobierno. Estos encuentros fueron cordiales, señala una fuente eclesial, pero sin anestesia en los planteamientos del clero, sobre todo post terremoto, cuando pidieron al gobierno que escuchara y trabajara con las diversas instancias de asociación de los ciudadanos de las zonas afectadas.

“Es importante para la Iglesia mantener siempre una relación fluida con representantes del gobierno, porque creemos que podemos contribuir a una mirada realista de la sociedad, como pastores que conocemos en terreno las demandas y la situación de los chilenos de Arica a Magallanes”, dice un representante del clero. “Otra cosa es que aparezca un señor destemplado y diga que la Iglesia tiene un rol exclusivamente privado, no sólo desconociendo la naturaleza de la Iglesia y su rol histórico en la sociedad chilena, sino porque –como decía san Alberto Hurtado– el evangelio es social o no es”, añade en lo que no cabe más que considerar como una directa alusión al ministro del Interior.

El rol facilitador

Monseñor Ezzati, arzobispo de Concepción.

En el caso de la huelga de los reos mapuches, los contactos de Larroulet con el arzobispo Ricardo Ezzati funcionaron. Habían pasado menos de dos meses desde el rechazo al indulto, cuando la huelga estalló. De inmediato, algunos sectores de la Iglesia, como los jesuitas o los obispos Manuel Camilo Vial y Ricardo Ezzati, advirtieron que la situación podía ponerse grave y optaron por usar sus redes de contactos en los medios para que en Santiago se diera cobertura a esta situación.

Así, cuando la cosa comenzó a ponerse color de hormiga y el gobierno se percató de que el asunto se venía duro, La Moneda optó por intentar resolver el conflicto por la vía legislativa, a través de los cambios a la ley antiterrorista y a la justicia militar. La idea de que la Iglesia, que ya había llamado al diálogo y había ofrecido sus oficios, apareciera mediando en el conflicto fue resistida en algunos círculos de La Moneda. Según otras versiones, la renuencia era más bien a dialogar, cualquiera fuese el interlocutor.

Con todo, como señala una fuente eclesiástica, fue a inicios de agosto que algunos familiares de los comuneros en huelga de hambre y dirigentes mapuches acudieron donde monseñor Ezzati. Este los recibió y planteó ulteriormente la problemática en una reunión con los obispos de la provincia eclesiástica de Concepción, a la que pertenece la diócesis de Temuco, cuyo titular es monseñor Manuel Camilo Vial, gran conocedor de la situación mapuche. Fue el obispo Ezzati quien habría sensibilizado a las autoridades de gobierno para dialogar, como ya lo habían pedido reiteradas veces en precedencia. Ahora, la situación era otra. Eran los mapuches quienes ponían a un representante de la Iglesia como garante, independiente de la animadversión de algunas personas del gobierno.

De este modo –y mientras Larroulet mantenía contacto diario con Ezzati– el gobierno ingresó los proyectos de ley al Congreso para intentar salvar la situación, el día 9 de septiembre. Sin embargo, los mapuches se fueron endureciendo aún más. Y así, el 13 de septiembre y luego de una extensa reunión entre parlamentarios del oficialismo y los ministros Larroulet, Bulnes y Hinzpeter, La Moneda le pidió a Ezzati que fuera “facilitador del diálogo” entre ambas partes. Con esto, el gobierno quería dar la señal de que estaba dispuesto a conversar con los comuneros, justo la semana en que comenzaba la discusión de los proyectos de ley.

Al día siguiente, Ezzati llegó hasta La Moneda para conversar con Hinzpeter y Larroulet. Pero en la pasada por palacio, el obispo también se reunió con el presidente Piñera. El propio arzobispo se preocupó, en todo caso, de dejar en claro su rol: facilitador y no mediador, porque ello habría supuesto un equipo de trabajo y la seguridad de que las partes responderían a su actuar.

¿Por qué Ezzati?

“Aquí no hay estrategia de efectos secundarios”, dice una alta fuente de palacio. La frase alude a las diversas interpretaciones que se han hecho durante estos días y que apuntan a dos direcciones. Primero, que si la situación fracasa del todo, se diluya la responsabilidad; y segundo, que si todo sale bien, La Moneda estaría cooperando en levantar la figura de monseñor Ezzati para suceder al cardenal Francisco Javier Errázuriz, antes de que el Vaticano nombre a un obispo de poca relevancia histórica para las actuales vicisitudes de cambios culturales y sociales.

Bueno, en La Moneda se empeñan en decir que ni uno ni lo otro. “No estamos jugando billar, para que una bola le pegue a otra”, afirman. Y la explicación es únicamente por la relación que tiene el prelado de Concepción con la comunidad mapuche de su zona y porque, dicen, tiene buenos antecedentes como articulador de acuerdos. Las opciones, advierten, eran Ezzati o el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, pero consideraron que este último tenía una visión más inclinada hacia los huelguistas. Sin embargo, en esferas eclesiásticas señalan que este prejuicio hacia monseñor Vial es absolutamente injusto, porque “si hay alguien que conoce la cultura mapuche, es defensor de la vida y de los derechos humanos, es Manuel Camilo”.

La prueba que queda

Si ya van dos episodios públicos de la relación Iglesia-gobierno, hay un tercero en ciernes y que algún ruido va a generar. Cuando el senador RN Andrés Allamand ingresó el proyecto del Acuerdo de Vida Común –para regular las convivencias tanto hétero como homosexuales– el ministro Larroulet, que se opone tenazmente a la idea de crear una figura paralela al matrimonio, se comprometió a enviar un proyecto de ley alternativo para regular ciertas situaciones patrimoniales o de salud, acorde a lo prometido en la campaña de Piñera.

“El gobierno está estudiando una iniciativa legal que recoja lo que se plantea en el programa de gobierno del presidente, en el sentido de no discriminar a aquellas parejas que conviven”, dijo el ministro Segpres a mediados de junio, cuando todavía resonaban las declaraciones que formuló el obispo presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, cuando Piñera mostró una pareja gay en la franja. En ese momento, el obispo de Rancagua dijo que aunque la Iglesia valora la intención de visualizar los problemas del mundo gay, “una cosa es eso y otra es querer equiparar la unión de un hombre y una mujer con otro tipo de uniones que no corresponde a lo que el Derecho romano, antes del cristianismo, hablaba”.

Pero, al igual que en las demás situaciones, la opinión de Larroulet se topó con la otra alma de La Moneda: la más liberal, las que sí lo apoyan. Y de nuevo fue Hinzpeter el que dio la tónica de esa visión, valorando el proyecto de Allamand. El jefe de gabinete dijo que Chile “debe hacerse cargo como sociedad” de las nuevas realidades, como las uniones homosexuales, señalando que no abordarlo “es hacerse el leso. Hay muchas personas que viven en uniones de hecho, hay personas homosexuales y heterosexuales que están en esa condición”. Como sea, se trata de un punto sensible para la Iglesia Católica y los pastores de las iglesias evangélicas. Habrá que ver cómo las dos almas del gobierno sortean el asunto.

Sobre reuniones y relaciones

Poca relación directa es la que tenía la ex presidenta Bachelet con la Iglesia, en términos institucionales. De hecho, a inicios de su gobierno estalló la polémica por la entrega gratuita de la píldora del día después, a lo que los obispos se opusieron con fuerza. En ese entonces, quien estaba en la Segpres –a cargo de llevar las relaciones- era la abogada Paulina Veloso, que tampoco tenía mucha relación con el clero y el único nexo más fuerte con el que contaban en La Moneda era el ministro del Interior, Andrés Zaldívar. Pero duró menos del primer semestre… Hasta que llegó José Antonio Viera-Gallo. Reconocido por su “diplomacia vaticana”, se convirtió rápidamente en un puente con la jerarquía eclesiástica, con la que se reunía al menos una vez al mes a desayunar, casi siempre los días miércoles. Por otra parte, la entonces mandataria comenzó a cultivar una relación personal con algunos sacerdotes, principalmente los jesuitas Fernando Montes y Felipe Berríos. Con este último, el vínculo era claramente de amistad, pues no era raro verlo llegar mensualmente a La Moneda y que subiera directo al segundo piso, para almorzar con la presidenta.

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