Reportajes y Entrevistas
La caja de Pandora

Artículo correspondiente al número 249 (3 al 16 de abril de 2009)

 

Endurecimiento de la ley


Porque, a fin de cuentas, los efectos de la “Operación Fasa” van más allá de la industria farmacéutica. Desde que la cadena reconoció prácticas inapropiadas de algunos ejecutivos en la fijación de los precios, el debate se ha centrado en el endurecimiento de la norma que rige la libre competencia. De hecho, las casi inadvertidas modificaciones que se discutían al Decreto Ley 211, se convirtieron en el eje de una controversia que abarca desde los defensores ciudadanos hasta las candidaturas presidenciales.

Una polémica que, en todo caso, satisface los intereses que a la fecha ha mostrado el fiscal Vergara, en particular cuando se trata de perseguir la colusión y permitir la delación compensada como mecanismo para conseguir pruebas. El desafío ahora es evitar que esta nueva y reforzada discusión sobre la libre competencia termine por retrasar el proyecto.

Según explica el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, en el proyecto de ley –que ya fue despachado por la Cámara de Diputados y la Comisión de Economía del Senado– se había logrado un acuerdo bastante amplio para su aprobación. “Sin embargo, el problema que se presenta ahora es que surgió un nuevo escenario, por lo cual se va a plantear la idea de reestablecer las sanciones penales, lo cual no sabemos si encontrará consenso. De ser así, habría también que ver cuáles serán las facultades del fiscal nacional económico, ya que tendrían que ser análogas a la que tiene la oficina que investiga el lavado de dinero”, señala el secretario de Estado.

Al parecer, la idea de otorgar rango de delito a la colusión no será fácil. El economista de la Universidad Alberto Hurtado y experto en temas de libre competencia Claudio Agostini comenta que cuando lo llamaron a exponer a la comisión de Legislación y Justicia en el primer trámite del proyecto, propuso mayores multas y cárcel a la figura de colusión (al estilo de lo que la Constitución incluyó antes de ser modificada en el gobierno de Ricardo Lagos y con el voto casi unánime de los parlamentarios). “Me sorprende la diferencia de la discusión que a mi me tocó en el Congreso con lo que he visto ahora. En ese momento muchos parlamentarios se oponían a elevar las multas y a penar con privación de la libertad; de hecho, votaron en contra de ello. Me llama la atención que esos mismos congresistas estén pidiendo multas ejemplares”.

Pero el clamor popular que parece inundar ahora el ambiente no sería suficiente como para modificar el proyecto. En los mismos ministerios de Hacienda y Economía intentan poner paños fríos a la discusión. Lo importante –dicen– es sacar adelante contenidos como posibilitar la delación compensada, porque aquí el diagnóstico es transversal: comprobar la colusión resulta una tarea titánica (el mismo fiscal ha perdido varias denuncias) por falta de pruebas y, en ese sentido, la delación se vuelve el mecanismo más factible. En todo caso, independientemente de que los cambios en las penas vean o no la luz, con las reacciones observadas a la fecha por el caso Fasa, la aprobación de la delación compensada sería un hecho.

Abogados como Claudio Lizana y Lorena Pavic, socios de Carey y Cía., concuerdan en que la colusión es el peor ilícito en libre competencia. “No tiene ninguna justificación. Si se logra desarticular a estos carteles, se generan precios más bajos y mejores productos. Hay evidencia empírica de que cuando se implementan estos procedimientos de delación compensada, la prueba de cartel aumenta al igual que la sanción”, argumentan.

Añaden que en países como España, cuando se aplicó la delación compensada, durante varios días hubo largas filas de abogados –en representación de sus clientes– que fueron a entregar pruebas de carteles, ya que ello significaba la inmunidad de sus representados. “En Chile, probablemente esto produce un shock cultural, pero hay que pensar que este tipo de herramientas han sido exitosas en países europeos y en Estados Unidos”.



La bomba de racimo


Fuentes de gobierno señalan que el caso farmacias le da a Enrique Vergara pase libre para otros mercados. ¿Qué otros sectores están en la mira de las autoridades? Las mismas fuentes comentan que se habla mucho de las conexiones a Internet y del negocio celular. “Todos son sectores donde hay dos o tres operadores”, explican.

En el caso específico de la industria farmacéutica, la polémica está abriendo viejas aspiraciones de participación estatal en el negocio. “Estamos en un zapato chino, porque no hay muchas alternativas a las tres cadenas. Pero por otra parte, el que sea el Estado el que abra servicios de venta, aunque sean municipales, no sé si es constitucional o adecuado. Lo que más se ha hablado es que la Cenabast llegara a acuerdo con instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, pero a su vez la Cenabast tiene muchas dificultades”, indica Viera-Gallo.

Resulte o no, lo concreto es que se trata de discutir sobre el funcionamiento de los mercados, los requisitos para evitar acuerdos entre los actores principales y el rol de vigilancia del aparato estatal. En otras palabras, las preocupaciones que motivan al fiscal Enrique Vergara.

Para el abogado Felipe Bulnes, es esperable que la fiscalía tenga una preocupación relevante por la colusión. “En un mercado como el nuestro, donde hay pocos actores por problemas de tamaño de la economía, es natural
que existan más riesgos de colusión”.

Así las cosas, y con el cambio a la legislación mediante, Vergara emergerá como una figura con atribuciones que hasta este momento no tenía. Podrá entrar a las oficinas de las empresas e incautar correos electrónicos y documentos, con permiso del tribunal.

Para algunos abogados de la plaza estas atribuciones son excesivas, ya que dejan a los empresarios y ejecutivos al mismo nivel de delincuentes comunes. Para otros, permitirán disuadir la formación de carteles y prevenir conductas anticompetitivas, a la vez que endurecer la fiscalización a las empresas. Como sea, el sheriff se está armando.

El sheriff del pueblo

Enrique Vergara (42), abogado de la Universidad Diego Portales, acaba de sacar a la Fiscalía Nacional Económica del ostracismo popular. A cargo de la unidad desde marzo de 2003 como sub fiscal económico, conocía del tema. Antes, había sido presidente suplente de la Comisión Preventiva Central entre los años 2000 y 2002, cuando se desempeñaba como jefe de gabinete del entonces ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (uno de sus padrinos políticos, según comentan). Su nombramiento en la Fiscalía fue recibido con entusiasmo en el mundo legal, por su perfil más técnico y menos fiscalizador. Ello le valió la rebeldía de algunos de los abogados de la FNE que venían de la “era Asenjo y Fernández”, cuando la fiscalización fue más dura y que hoy ya no están en la entidad. Fue precisamente ese supuesto perfil pro-mercado el que le llevó a recibir una serie de críticas en el último tiempo. Porque en el oficialismo hay quienes no comulgan con su idea de lograr conciliaciones y con su postura a favor de las fusiones, como sucedió con el caso Falabella-D&S y Movistar-Bellsouth, en que la FNE puso condiciones a las operaciones, sin oponerse tajantemente. Ahora dicen que Vergara ha logrado con el caso Fasa ganarse el respeto del mundo político y empoderarse en un cargo que no está ajeno a la presiones. Pero también logró apagar el fuego que había comenzado a expandirse al interior de la entidad, luego de que saltara a la luz pública que Boris Santander (PPD), hasta ese minuto jefe de la división jurídica de la Fiscalía y miembro del comité de Ética Pública de Océanos Azules, había obtenido información del organismo para utilizarla en contra de Sebastián Piñera.

 

 

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