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Reportajes y Entrevistas
Hierve el agua
Artículo correspondiente al número 255 (26 de junio al 9 de junio de 2009)
Macro Zona Norte
Injustamente, dicen expertos, la minería es la protagonista infaltable de los conflictos del agua. Siendo, como es, un usuario secundario de derechos (toda la minería de Chile usa nada más que el equivalente al caudal del Canal San Carlos), y siendo por lejos el sector más dinámico en la búsqueda de eficiencia hídrica (con proyectos en donde ocho de cada diez moléculas de agua están siendo reutilizadas), en la guerra nortina del agua los mineros son para muchos “el malo de la película”. Además, convengamos que los proyectos mineros, a diferencia del agro por ejemplo, pasan por evaluación de impacto ambiental, de modo que “deberíamos empezar a preguntarnos como sociedad si esa diferencia es justa o no”, apunta Weisner.
La zona, como dijimos tiene una escasez paradigmática. Aquí no hay falta, sino que virtual ausencia de agua. De ahí que muchas empresas como Minera Escondida, Aguas Antofagasta y Minera Candelaria hayan cortado por lo sano y estén derechamente desalando abundantes cantidades de agua de mar, haciendo swaps o intercambios del líquido y reciclando el recurso para atenuar el impacto de la escasez.
Hablamos de muchos millones de dólares de inversión, de procesos tecnológicos de punta y esfuerzos descomunales para transportar el agua a cientos de kilómetros. En la zona del Loa se ha llegado al punto en que varias empresas son satelitalmente monitoreadas hora a hora para controlar las extracciones y los caudales. De hecho, cualquier persona puede verificar lo que ocurre con ese cauce a través de la página web de la DGA.
En esta zona, también, acabamos de conocer del acuerdo por el uso del caudal del Silala, un conflicto por agua que involucra a Codelco y al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y que es de alcance internacional; y se sabe de empresas “cazadoras” de agua que sondean y venden a las mineras. Medios como Portal Minero aseguran que hay una de Isidoro Quiroga, que ha hecho operaciones con Escondida, y otra denominada Nazca. El incentivo es claro, añade la información: “esta industria vende los derechos entre la I y II regiones en nada menos que 100 mil dólares por cada litro por segundo y han llegado hasta 130 mil por cada litro por segundo, con operaciones en torno a los 50 millones de dólares”. Vaya.
No obstante estas innovaciones y negociaciones, la zona norte alberga un número no menor de conflictos por el agua. A las publicitadas escaramuzas que tuvieran hace unos años Doña Inés de Collahuasi, El Tesoro y Cerro Colorado con las autoridades y, en algunos casos, con agricultores y comunidades, se han sumado pugnas nuevas. Una de ellas es la que ha involucrado a SQM, que puja por desarrollar su millonario proyecto Pampa Hermosa (1.033 millones de dólares), el cual tiene sobre alerta a operadores turísticos, comunidades locales y ambientalistas, por los alcances que estas faenas podrían tener sobre los puquíos de Llamara y el ecosistema que alberga cianobacterias que son definidas como únicas en el mundo.
También en el extremo norte, en medios comunales, locales y sitios Internet, es posible ver convocatorias de atacameños a resistir la explotación de los géiseres del Tatio y en el Loa por parte de Geotérmica del Norte y la Empresa Nacional de Geotermia. Si bien la empresa ha firmado convenios con indígenas en Caspana y Toconce, no todo el mundo está de acuerdo. Los miedos localistas tienen que ver con que las ya escasas aguas de los ríos Salado y Loa desaparezcan y que se terminen fusionando y desviando los caudales subterráneos y afectando indirectamente algunas actividades turísticas.
Otro conflicto tiene como eje las acusaciones de extracciones no autorizadas de agua desde el acuífero de la Pampa del Tamarugal. Acá, los actores involucrados han sido Aguas del Altiplano (de la familia Solari), SQM y Cosayach, en donde las dos primeras por separado han iniciado procesos contra la última y en que ha habido fallos judiciales favorables para ésta, que están siendo debatidos en las cortes y analizados en sus alcances por la DGA.
Pero es en Copiapó, o sea en la III Región, donde está el epicentro de las batallas de esta macro zona y, por qué no, del país. Allí la agricultura, la minería y las comunidades han estado en pie de guerra y los que no han tenido ánimo de batalla, pues bien, han vendido sus derechos de agua en suculentas sumas, algo que en el pasado han cuestionado ejecutivos del rubro exportador, como Miguel Allamand de Subsole. Entre otras cosas, porque las vencedoras, las mineras, dan menos empleo que las agrícolas.
Ahora bien, digamos que dejamos lo mejor para el final. Sí, porque las luchas icono son las que protagonizan diversos grupos de interés con Pascua Lama y la que involucra a la sanitaria Aguas Chañar, a Minera Candelaria y a los productores agrícolas, entre otros.
En el primer caso, la situación ha llevado a que los detractores se organizaran como Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente en Copiapó. Bajo ese paraguas, dirigentes vecinales, sindicales, ambientalistas y hasta el obispo de Atacama se movilizan contra la escasez de aguas y lo que temen puede ser una amenaza superlativa. Las movilizaciones se han expresado en los muros bajo consignas como “agua sí, oro no” o “el agua no se vende”.
Ya antes de la aprobación del proyecto, las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó acusaban bajas sustantivas en sus caudales, así que ahora los temores se han multiplicado. Si bien el proyecto está a más de 5.000 metros de altitud, en la frontera con Argentina, se teme que impacte en los glaciares que alimentan los ríos y provoque ciertos focos de contaminación.
En el caso de Aguas Chañar, el conflicto que se consigna es literalmente uno innovador, ya que tiene que ver con el uso de las aguas servidas tratadas. Hace unos años, esa vertiente de conflicto no existía, mas ahora sí. Más allá de si hay más derechos concedidos que los razonables sobre la cuenca del Copiapó o si las extracciones son excesivas, la polémica enfrenta a los agricultores y Aguas Chañar, porque esta última y Minera Candelaria pidieron y consiguieron la aprobación de la Corema para un acueducto que conducirá las aguas tratadas a las faenas mineras. Se trata de una operación ajustada a Derecho y que cuenta con aprobación, pero que no les gusta a los agricultores porque esas aguas dejarán de retornar a las napas.
Lo curioso de esta pugna es que por regla general las aguas tratadas son de propiedad de las sanitarias y ellas no están obligadas a retornarlas a los caudales y pueden destinarlas a fines como el señalado. Como veremos, en la zona centro esta polémica no es privativa de Aguas Chañar, la cual a su favor ha argumentado que al entregar el agua a la minera aliviará la presión existente sobre los acuíferos y al ser remunerada la venta de esas aguas tratadas, ello debiera reflejarse en las cuentas de sus clientes por la vía de bajas tarifarias. Además, la empresa ha anunciado acciones a favor de los regantes aguas abajo.
Macro Zona Centro Sur
En esta área, que va de la IV a la VII regiones, al citado lío de El Mauro habría que añadir la pugna desatada en torno al proyecto Hipógeno o Pan de Azúcar, de Minera Carmen de Andacollo. Si bien la iniciativa, que amplía el volumen de agua que actualmente se usa, cuenta desde hace dos años con una calificación ambiental favorable, ha activado la oposición de agricultores de la zona y de la empresa Aguas del Valle, quienes temen agotamiento y contaminación del acuífero.
No obstante que se reconoce que la minera tiene los derechos y aprobaciones pertinentes y que han buscado soluciones como el arrendamiento de derechos desde el río Elqui, aun así la ciudadanía se ha movilizado con marchas entre Coquimbo y La Serena y las autoridades han dicho que podrían reevaluar el proyecto de ampliación de faenas. El tema está hoy en ese punto.
Un poco más al sur, se han observado algunos tiras y aflojas entre Aguas Andinas y grupos de regantes y otros en la zona de Alto del Maipo.
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En el primer caso, el vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es taxativo: “en cuanto al conflicto por las aguas servidas tratadas, digamos como primera cosa que hay fallos de todos los organismos que tienen que pronunciarse (Contraloría, tribunales, superintendencia) sobre esto en cuanto a que éstas pertenecen a las empresas sanitarias. Hoy lo que se hace es devolver esas aguas a los cauces naturales, con todas las ventajas que ello produce en términos ambientales y para los usuarios y productores”.
Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, que aguas abajo ciertos grupos de agricultores “que se acostumbraron a regar con aguas servidas” alegan porque han bajado los caudales. Y han bajado porque las aguas hoy están disponibles y tratadas en un punto inferior al que ellos están. La disputa ha llevado a que algunos demanden obras para subirles el agua, cuestión que Villarino estima injusta, ya que eso requeriría de una inversión de varios millones de dólares que no le corresponde financiar a la empresa ni a sus clientes por la vía de las tarifas.
En el caso de Alto del Maipo, en donde hace pocos días la DGA acaba de rechazarle a AES Gener la solicitud para trasladar uno de los nueve derechos de aprovechamiento que son necesarios para su proyecto hidroeléctrico de 530 MW, también han estallado dimes y diretes con Aguas Andinas. Joaquín Villarino dice que su empresa encuentra interesante y positivo ese proyecto energético, no obstante lo cual su rol como ejecutivo de la sanitaria es asegurar que se les garantice más allá de toda duda que nunca se les obligará a desembalsar agua de El Yeso, reserva fundamental en su actual operación. “¿Qué ocurre, por ejemplo, si fenómenos como el cambio climático nos obligan a modificar el sistema de desembalse? Lo que necesitamos es que ellos me garanticen que nunca me van a obligar a desembalsar, porque mis clientes no me lo perdonarán. Yo no quiero tener un juicio, y para eso necesito total claridad”, sentencia.
En la zona central hay muchos otros casos, que abarcan a agricultores, eléctricas y sanitarias. Piense por un rato en la larga lista de situaciones que en el pasado se han verificado en Rapel y Laguna de El Maule, o las disputas entre canalistas, viñateros e industriales (y las que se insinúan en algunas centrales de pasada, como las prevista en el río Achibueno o una región más al sur, en el río Diguillín, por parte de Hidrochile), por la disponibilidad y pureza de las aguas.
Un tema que sin duda da para largo y tiene latentes otros intereses. Por ejemplo: ¿es indiferente para una sanitaria la idea de hacer crecer Santiago con miles de nuevas hectáreas urbanizables, cuestión que está en el interés de un sector que hasta ahora no habíamos mencionado: los constructores? ¿Es indiferente para los productores de vinos orgánicos dónde se evacuan las aguas lluvias de la ciudad? En fin...
Macro zonas Sur y Austral
Y si bien técnicamente estamos agrupando dos macro zonas, lo cierto es que el sur como un todo tiene una dinámica asimilable. Hidroelectricidad, comunidades originarias, ambientalistas, forestales y turismo ocupan acá roles estelares.
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A las sabidas tensiones que en su momento se desataron en el Alto Bio Bio (y que siguen palpitando en torno a otras iniciativas en desarrollo, como una de Colbún), el año pasado, sin ir más lejos, hubo movilizaciones en la zona del salto de El Laja, como oposición ciudadana a la construcción de las centrales Trupán y Laja, de 36 MW cada una. Acá los impugnadores son los vecinos de la zona, que temen el desvío de cauces y alegan caducidad de derechos; y los empresarios turísticos de la zona del salto, que creen que la caída de agua puede verse mermada. De hecho, hace un año ya tuvieron que canalizar el caudal con sacos de arena para asegurar un mínimo de esplendor a la caída de agua.
Otro tema que en el último tiempo ha dado que hablar (aunque hace pocos días fue retirado de Conama para hacerle unos ajustes y reingresarlo antes de seis meses) es el proyecto hidroeléctrico por 1.000 millones de dólares de la noruega SNPower en la zona de Coñaripe. En octubre del año pasado, organizaciones de pueblos originarios emitieron una declaración contraria a la iniciativa, en la cual, entre otras cosas “apelando al Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 3, 4 y 15, exigimos a la empresa SN Power la devolución inmediata de los derechos de agua a las comunidades”.
En la X Región, y al menos hasta mediados del año pasado con exposición mediática, destacaba la disputa entre el empresario Víctor Peterman y comunidades de la zona con Endesa (el principal usuario a nivel nacional de recursos hídricos) por su central hidroeléctrica Neltume, de 400 MW. A los temores de los poblados locales se añaden los de los empresarios turísticos, que temen que con las obras se vean afectados los saltos de Huilo-Huilo y el volumen de agua del lago Pirihueico.
Otras disputas que muestran al agua como centro de gravitación tienen que ver con las plantas de celulosa, el proyecto HidroAysén, el uso de aguas por parte de empresarios turísticos en la zona de Torres del Paine y los que se deriven de los cambios en el clima, como los ya citados en la zona del secano de la IX Región.
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