Reportajes y Entrevistas
Hierve el agua

Artículo correspondiente al número 255 (26 de junio al 9 de junio de 2009)

 

De norte a sur empresas mineras, eléctricas, sanitarias, agricultores y comunidades completas están en tensión. Y no, no están haciendo gárgaras. Están luchando por un recurso que si bien abunda bajo la forma de agua salada, congelada o correntosa, escasea en la oportunidad y lugares requeridos. El tema ya ha salpicado a tribunales y ha mostrado síntomas de hervor en la cabeza de más de un político nostálgico del Estado, cuestión que a muchos los tiene en estado de alerta. Por Roberto Sapag.

En el norte los muros de pueblos remotos registran rayados que declaman cosas como que “el agua es nuestra” o “agua sí, oro no”. En la zona centro, eléctricas y sanitarias se envían mensajes sobre sus preeminencias en el uso de este recurso. En el sur, comunidades indígenas (convenio 169 de la OIT bajo el brazo), “exigen la devolución inmediata” de los caudales ancestrales por parte de las multinacionales que proyectan represas. Así, suma y sigue.

La guerra del agua no es un mito. Es real, tangible. Está en las calles, con protestas. Está en los tribunales, con demandas y contrademandas. Está en las mesas de negociación, con contratos millonarios... y está en foros, como el que Icare recientemente bautizó “La guerra del agua”.

Pero no sólo ahí. El tema también está en la cabeza de varios políticos, los que incluso han llegado a plantear la nacionalización de este recurso.

Es justamente este último síntoma el que invita a rasquetear la costra que cubre el tema para ir más allá. Sólo así se podrá dar con soluciones eficientes a los problemas que aquejan a los involucrados. ¿Por qué? Porque si bien los expertos admiten –con matices– que no siempre el mercado es la panacea, también concuerdan en que de ahí a retrotraer el debate al punto de una nacionalización, hay mucho trecho.

Antes de llegar a un punto como ese, en que no se sabe lo que pueda detonarse, los consultados aseguran que hay que preguntarse si la escasez de agua es una condena fatal o, por el contrario, una realidad manejable.

La evidencia de otras naciones revela que esta amenaza es posible atenuarla y, por qué no, incluso neutralizarla. A este nivel no hay dos opiniones: Estado y privados todavía tienen mucho que decir, ya que es posible “crear” nuevos derechos de agua (por la vía de construir embalses, recargar acuíferos subterráneos o desalar agua de mar) y diseñar sistemas más eficientes para el uso de los recursos disponibles, como lo están haciendo numerosas empresas en el norte.

Pensar que la solución pasa por que el Estado patee la mesa y nacionalice o por que los privados sigan arreglando las disputas en la lógica binaria de los tribunales y los maletines con plata, puede terminar mal, nos advirtieron.

En el primer caso, las decisiones de inversión y las certidumbres productivas podrían naufragar en aguas turbias y turbulentas. En el segundo, podríamos estar adoptando como país decisiones geopolíticas erradas (como despoblar el estratégico norte porque hoy es más negocio explotar minerales no renovables que tener cultivos o consolidar ciudades, por ejemplo) o podríamos estar alimentando el descontento y la sensación de injusticia de aquellos que quedaron debajo de las mesas de negociación en que algunos resuelven sus disputas.

 

Un asunto de escasez

Para partir por el principio, digamos que en general las pugnas tienen que ver con bienes escasos. Y cuando uno habla de la guerra del agua, en el fondo está hablando de una lucha que como mucho abarca al 3% del total de los recursos hídricos, ya que 97% del agua existente en el mundo es salada (o sea es un bien que está, pero que, por cuestiones de costo y tecnología, en la práctica no lo está tanto).

Además, y como un 70% de esa agua dulce está en cascos polares y glaciares, no es que realmente se trate de un 3%, sino de una pelea por el 30% de un 3%.

Ahora bien, y para seguir complicando el asunto, digamos que dos tercios de esa ya mínima fracción son aguas subterráneas y sólo un tercio está en ríos, lagos y humedales; y que en el caso de Chile la distribución es dispareja, incierta y tumultuosa. En efecto, en el país tenemos en el norte el desierto más árido del mundo (con localidades, como Quillahua, con niveles de precipitaciones cero) y vastas superficies con abundantes potenciales productivos pero magramente abastecidas por mezquinos surcos de agua.
Además, no nos olvidemos de que este simpático país es angosto y empinado y que acá, a diferencia de Brasil y Argentina, donde el agua serpentea mansamente, los ríos chorrean caudalosamente desde una cordillera que promedia los 3.500 metros hasta el nivel del mar.

Por último, el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, nos hace ver que este es un país cuya estrategia de desarrollo pasa de manera importante por la explotación de commodities, todos los cuales son altamente dependientes del agua. “Agrégale a eso la contaminación, que resta agua disponible al ya escaso stock; que las necesidades van creciendo a medida que crecen la economía y la población, y el cambio climático, que ha añadido altas dosis de incertidumbre. De hecho, ya se aprecian promedios de temperatura más altos, los cuales están haciendo que las tasas de evaporación sean superiores y están produciendo una menor precipitación de nieve, entre otras cosas, porque la isoterma cero (que es la que define cuándo cae nieve o lluvia) está cada vez más alta”.

O sea, hay escasez. Y para dimensionarla, qué mejor que echar mano a la presentación del abogado Juan Carlos Urquidi en el citado encuentro Icare. En ella el profesional afirma que “se estima que la disponibilidad de agua per cápita por región del país, entre los años 2000 y 2025, disminuirá 22,26% (...) y que en Chile varias regiones ya se encuentran debajo del umbral de 1.000 metros cúbicos por habitante por año, estimado por Naciones Unidas como indicador de escasez crónica de agua suficiente para impedir el desarrollo y afectar seriamente la salud humana”.

 

Nos vemos en la corte

Lamentablemente, dice Rodrigo Weisner, “el nivel de judicialización de los problemas del agua en nuestro país en general es alto. Hoy, los puntos de fricción entre las partes, o se canalizan por el sistema de evaluación de impacto ambiental o por los tribunales de justicia, y yo creo que ambas formas de resolver no son las más adecuadas”. Y no lo son, porque se trata de sistemas binarios (con ganadores y perdedores) o porque muchas veces terminan con arreglos económicos y la sensación de injusticia y descontento de varios de los involucrados. Emblemático a este nivel, por el mal precedente que representa según el director de la DGA, es lo que sucedió en el valle del Pupío con el embalse El Mauro, donde en mayo de 2008 el asunto se zanjó con 23 millones de dólares y otras compensaciones.

 

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