Reportajes y Entrevistas
Farmacias en la mira

Artículo correspondiente al número 232 (11 al 24 de julio de 2008)

Las cadenas farmacéuticas están bajo fuego cruzado. En el Parlamento se tramitan dos proyectos que podrían lograr que el Estado ingrese a la venta de remedios. La Fiscalía Nacional Económica las investiga por posible colusión y el Sernac las presiona para que transparenten precios. Las empresas preparan su artillería y ya mueven fichas en el mundo jurídico y parlamentario. El tema no es menor: se trata de un negocio que mueve 1.000 millones de dólares al año y que tiene cerca de 12 mil empleados. Por Lorena Rubio.

El mundo político puso el ojo en las farmacias. Lo mismo que ocurrió antes con la industria de los fondos de pensiones y el continuo debate sobre si debe haber o no lucro en la educación, ahora tiene nerviosas a las tres principales cadenas farmacéuticas del país: Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand, que juntas manejan un 90% del mercado.

Los dardos vienen de tres partes: el gobierno, el parlamento y los organismos fiscalizadores del Estado. Y aunque las farmacias han sido objeto de críticas en el pasado, las grandes cadenas nunca habían enfrentado un momento tan convulsionado como el actual, según reconocen ellas mismas. Sobre todo, porque la arremetida del gobierno tiene como objetivo “abrir” el mercado farmacéutico y que el Estado actúe como “intermediador” en la compra y venta de medicamentos, como reconocen en el ministerio de Salud (Minsal).

Las cadenas de farmacias saben que la embestida viene en serio y algunas de ellas están encargando estudios jurídicos, para lo cual contrataron a importantes abogados (incluso a un ex fiscal económico) y activaron sus contactos con parlamentarios de todos los sectores, incluida la Alianza, la DC y el PPD.

“Se echa de menos un debate técnico. Uno tiene la impresión de que la mayoría de las acusaciones tienen una connotación política”, dice el gerente general de Salcobrand, Roberto Belloni.

¿Por qué tanto nerviosismo? Porque por primera vez se tramita en el Congreso un proyecto de ley que permitiría establecer puntos de venta de remedios en consultorios, hospitales y centros de salud municipal, al que las cadenas farmacéuticas han denominado el proyecto para crear una “farmacia estatal”. La iniciativa legal es patrocinada por un grupo transversal de diputados que incluye al PPD Enrique Accorsi y a los representantes Fulvio Rossi (PS), Osvaldo Palma (RN), Juan Lobos (UDI) y Alberto Robles (PRSD), entre otros. De prosperar esta propuesta –se votaría en la comisión de Salud de la Cámara en agosto– implicaría, “el ingreso del Estado al negocio farmacéutico”, como explica el gerente general de Farmacias Ahumada, Sergio Purcell.

Con todo, la iniciativa –digitada por el senador del PPD, Guido Girardi– podría “morir” en el Congreso, como estiman algunos, pero eso no significa que la historia termine ahí. Y no significa el fin del cuento, porque el propio Girardi advierte que si el proyecto no es aprobado pedirá al Minsal que, mediante decreto, instaure estos “puntos de venta” estatales. En ese ministerio, por su lado, aseguran que si la iniciativa parlamentaria no cuenta con los votos necesarios “ya se están manteniendo contactos con el ministerio de Economía para poner en práctica otro mecanismos”, como indica la subsecretaria de Salud, Jeanette Vega.

La otra propuesta es un proyecto de acuerdo presentado por un grupo de congresistas RN, encabezados por Roberto Sepúlveda, que propone abrir almacenes farmacéuticas en aquellos poblados con menos de 10 mil habitantes y sin presencia de cadenas privadas. Este proyecto debiera ser votado en la sala de la cámara baja en las próximas semanas.

 

 

 

¿Enemigos o socios?

Cada día, las tres grandes cadenas de farmacias –Cruz Verde, Fasa y Salcobrand– gastan entre 4 y 6 millones de pesos para comprarle productos a su competencia... Sí, leyó bien. Lo que sucede es que las mismas firmas que desde hace años se enfrentan con dientes y uñas por atraer al mayor número posible de usuarios desembolsan varios millones al día para saber en cuánto está vendiendo medicamentos la farmacia vecina.

Ese es el principal argumento –la competencia desatada que mantienen desde 2004– que usan para blindar su flanco número dos: la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por eventual colusión. “Somos empresas que nos hemos sacado los ojos; entonces... cómo alguien puede pensar que nos vamos a coludir para subir o bajar los precios”, protesta el gerente general de Cruz Verde, Miguel Celedón.

El ejecutivo agrega que la mejor prueba de esta guerra a muerte son las variaciones en las participaciones de cada uno. “Que Cruz verde tenga un 41% de participación, cuando el 2004 teníamos un 29%, significa que nuestros competidores no deben estar nada de contentos”, deduce. Para defenderse ante la FNE, Cruz Verde –controlada por el empresario Guillermo Harding– contrató nada menos que al ex fiscal nacional económico, Pedro Mattar –antecesor del actual fiscal, Enrique Vergara–, y la firma está convencida de que en este caso primará la razón. Sobre todo, porque los precios, sostiene Celedón, han crecido en promedio un 4% en toda la industria, en el período 2003-2007.

Al interior de la FNE afirman que la idea “es probar que ha habido prácticas anti-libre competencia”. Para ello se están elaborando modelos que demuestren que las alzas se han producido en el mismo día y con los mismos medicamentos. La respuesta de las cadenas es una sola: las “cotizaciones” diarias de precios –compras millonarias a la competencia– que realizan con sus contendores hacen que efectivamente los cambios se produzcan en cuestión de horas.

 

 

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