Reportajes y Entrevistas
Estado alterado

Artículo correspondiente al número 237 (17 de septiembre al 2 de octubre 2008)

 

Pendiente. Nada mejor que este concepto para definir la histórica tarea de modernizar el aparato estatal y hacerlo más eficiente. El principal escollo parece ser la alarmante falta de prioridades y de una autoridad que lidere el proceso que entre sus principales retos, tiene conciliar política y tecnocracia. Por Elena Martínez; fotos, Verónica Ortíz.

 

“No seamos ingenuos: los costos (de modernizar el Estado) son los votos. Punto”. Leonidas Montes

“El Estado es, por así decirlo, infantil para un país al menos adolescente y adulto joven”. Axel Christensen

“Aquí no tenemos una autoridad política responsable de la administración del tema”. Rodrigo Egaña

“Hay harta cosa que, en términos de gestión, está haciendo agua por ahí”. Rossana Costa

“Nadie se va a hacer rico ni popular, para ponerlo en términos políticos, vendiendo la modernización del Estado”. Jorge Navarrete

Fue la investigadora de Libertad y Desarrollo y miembro de Icare, Rossana Costa, quien abrió el fuego: “cuando un país emprende debiera tener muchos éxitos y algunos fracasos, con regularidad. Lo curioso es que acá nunca hablamos de fracaso. Tiene que pasar algo monumental para usar esa palabra, siendo que hay harta cosa que, en términos de gestión, está haciendo agua por ahí”.

Casualidad o no, esa mañana flotaba en el ambiente la palabra fracaso. Columnistas de todos los signos la usaban a la hora de comentar la decisión de recurrir al 2% constitucional para ir en ayuda del Transantiago. Y ahí, sentados en un salón del Hotel Ritz Carlton, estaban cinco de los más prestigiados expertos en modernización del Estado, invitados a analizar este tema ya histórico como tema de debate, aunque no por ello menos urgente para poder pensar a Chile como un país desarrollado.

Leonidas Montes, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; Axel Christensen, economista, columnista y académico; Jorge Navarrete, abogado, columnista y director del think thank PolíticaStereo; y Rodrigo Egaña, nombrado por la presidenta Bachelet como director de Gestión y Políticas Públicas, junto a Rossana Costa, aceptaron el desafío de diagnosticar y proponer lo que nuestro país requiere para reformar el aparato estatal y hacerlo más eficiente. Una tarea compleja, porque si bien es un lugar común hablar de este asunto, al intentar “aterrizarlo” el recorrido transita más por la vereda de lo que no se quiere –centralización, plantas de funcionarios no evaluados por desempeño, nulo foco en los resultados, carencia de coordinación y ausencia de una autoridad que lidere una estrategia nacional– que por la de las propuestas concretas.

Preocupación de una elite intelectual o no, la modernización del Estado tiene efectos impactantes en la calidad de vida de los ciudadanos. Proyectos como el mencionado Transantiago o Ferrocarriles, el mejoramiento de la enseñanza o la atención de salud ediante el Plan Auge, son ejemplos concretos de estrategias del Estado canalizadas a través de sus equipos. Eso, para no mencionar la repercusión a nivel productivo y económico.

Cuán cerca estamos de la “revolución en la gestión” mencionada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en el encuentro Icare de abril pasado; qué elementos son claves para avanzar y cuáles son los principales obstáculos y cambios que se tienen que impulsar fueron parte de la amena y, a ratos, apasionada discusión a que dio pie la convocatoria de Capital.

 

 

 

 

¿Quién tiene la batuta?

 

 

Si en algo coincidieron nuestros invitados fue en que en materia de modernización del Estado reina la anarquía. Nadie manda o coordina, y tampoco nadie se encarga de colocarse esta “mochila” en la espalda y llevarla a destino. Situación grave –¡qué duda cabe!– porque es un tema sustantivo pero con escaso “glamour” y fuertes resistencias internas. En resumen, un “cacho” que es clave, dicho en buen chileno.

Y, paradójicamente, quien asume esta falta de conducción es el propio director de Gestión y Políticas Públicas nombrado por la presidenta Bachelet, Rodrigo Egaña: “aquí no tenemos una autoridad política responsable de la administración del tema. Ha habido distintos momentos e intentos, pero no tenemos una autoridad política en el Ejecutivo que esté preocupada de esto, de compatibilizar el sistema con los distintos ministerios y defi nir qué servicios tienen que crecer. El único punto de síntesis es la Dirección de Presupuestos, que lo hace a través de una Subdirección de Racionalización de la Administración Pública. El problema de esto no tiene que ver con la gente que está ahí, sino con la lógica: la Dipres tiene que preocuparse de que se gaste lo menos posible de la mejor manera y con eso se enfrenta al resto de la administración, que es la gente que gasta”.

Intentos ha habido. La historia lo confirma. En el gobierno de Eduardo Frei se armó el Comité de Modernización del Estado; en el de Ricardo Lagos hubo otro similar; en el gobierno actual no existe. Aquí, Egaña sostiene que “lo hemos tenido para la agenda de modernización, pero nos falta una autoridad política”. De lo contrario, advierte, “habrá acumulación de aprendizajes, de propuestas”. Admite que “es una discusión que ha estado en distintos momentos en programas de gobierno, pero que nunca se ha logrado consolidar”. Esto último refl eja “falta de prioridad, nomás”, añade Rossana Costa, para quien resulta inimaginable que si un presidente de la República pone a una persona de su total confianza y le da prioridad, con o sin ley, el cambio no funcione. Como buen ejemplo menciona la Defensoría Laboral.

En la empresa privada, el liderazgo lo lleva el gerente general, recuerda Axel Christensen. Ningún cambio cultural tiene sentido y es “altisonante” si la cabeza de la modernización está pensando en otra cosa. “La institución queda vacía si es que no hay un compromiso genuino”, recalca, añadiendo que es fundamental buscar una institucionalidad que permita dar trascendencia a este compromiso.

Y esto, por una razón que de tan sencilla resulta obvia: si el empleado público no ve señales claras, no encuentra sentido para modificar una conducta que tiene desde que entró al aparato estatal. El cambio supone, además, riesgos. Por tanto, exige una
señal potente.

Para Leonidas Montes resulta sorprendente que “tenga que reunirse un grupo de centros de estudios a liderar la modernización del Estado y que no sea la propia presidenta quien llame a una comisión sobre este tema”. No entiende que no se haga, si ya antes se utilizó este método para temas como la educación y la reforma previsional. Su explicación es breve y elocuente: “porque no se atreve”.

Y Montes comenta el reciente episodio que se produjo cuando, después de las exposiciones de los ministros del Interior y Hacienda ante funcionarios públicos, el subsecretario de Previsión, Mario Ossandón, afi rmó que el objetivo del gobierno es ganar las elecciones: “cierra puertas, se echa a la prensa y por ahí pasaron Velasco y Pérez Yoma. Esas cosas ocurren porque el fenómeno de captura es demasiado grande”. En su opinión, “lo que falta acá es un gran remezón” y dice que a veces piensa que se necesita “un shock de Chicago que desordene todo y produzca competencia a nivel generalizado”.

 

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