Reportajes y Entrevistas
Entrevista a Marcelo Venegas, presidente del Tribunal Constitucion

Artículo correspondiente al número 261 (17 de septiembre al 1 de octubre 2009)

 

 

-¿Quienes pueden solicitar el pronunciamiento del tribunal frente a un conflicto de intereses?

-Todas las personas naturales y jurídicas del país. Esta es quizás la reforma más importante de 2005, junto con el hecho de que le otorga al organismo la totalidad del control de la constitucionalidad de las leyes. Antiguamente, sólo se podían estudiar los casos que provenían de los órganos del Estado, pero no podía venir una persona particular a plantear su situación. Hoy día, cualquier ciudadano que sea parte de un juicio y que piense que la ley que le está aplicando el juez es inconstitucional, puede recurrir al Tribunal y éste puede ordenar al juez que no aplique dicha ley.

 

 

-¿Y vienen?

-Ese es el 85% de nuestro trabajo...

 

 

-Pero esto no se sabe mucho…

-Es que se publicitan las cosas negativas, escandalosas o que provocan polémica… Este tribunal veía hasta 2005 alrededor de 20 causas. Actualmente estamos viendo alrededor de 300. Hemos aumentado nuestro trabajo más de diez veces, pero lo importante no es eso, sino que la Constitución está a la mano de la persona, de cualquier persona, y se aplica directamente.

 

 

-¿Cómo hacen valer sus sentencias?

-El tribunal resuelve un conflicto jurídico que se puede producir entre órganos del Estado o entre un particular y una ley. Lo resuelve con una sentencia que simplemente se cumple... y se cumple no sólo por el prestigio que tiene el tribunal sino porque existe una voluntad de las autoridades públicas de ceñir sus actos a la Constitución que juraron respetar.

 

 

-¿Cómo son las relaciones entre el tribunal y los otros órganos del Estado?

-No se han producido roces ni fricciones y tenemos buenas relaciones tanto con el Ejecutivo, y el Parlamento como con el Poder Judicial. Ya me reuní con los presidentes de la Cámara y del Senado y recién con el de la Corte Suprema, Urbano Marín, quien fue miembro de este Tribunal hasta 2006.

 

 

-¿Y la presidenta?

-Me recibe el próximo lunes en La Moneda (n. de la r.: esta entrevista se efectuó la semana del 7 de septiembre).

 

 

-Al igual que la Contraloría, el Tribunal es un órgano independiente. Pero, ¿tiene entre sus atribuciones la de controlar que los poderes del Estado no violen la Constitución?

-No. La Contraloría procede de oficio y nosotros somos un tribunal al cual hay que recurrir. Resolvemos el conflicto cuando alguien nos lo solicita. No estamos vigilando por iniciativa propia que los demás cumplan con las normas constitucionales. Ese no es nuestro papel.

 

 

-¿Han tenido que resolver conflictos en el ámbito económico?

-Por cierto. Te repito que nuestra función es velar por la supremacía de la Constitución; esto es, asegurar que ninguna ley o ningún acto de la autoridad pase por sobre la Carta Fundamental. Así, una persona o una empresa que ve que han sido afectadas en sus derechos constitucionales, puede presentar una acción de inaplicabilidad de una norma legal. La Constitución tiene una serie de artículos vinculados con el sistema económico que a grandes rasgos se denomina “orden público económico”. Nuestro sistema en este ámbito está basado en la propiedad privada, en la libre empresa, en la libre adquisición de bienes, en la libertad de emprender, en la inhibición del Estado frente a las actividades de los particulares y en la no discriminación en el trato que el Estado da a los particulares. Hay varias sentencias del Tribunal que han definido, han señalado efectivamente que el orden público económico es sencillamente el arreglo que ha establecido la Constitución por la vía de diversas disposiciones que establecen un sistema de economía libre.

 

 

-¿Hay coherencia entre todos los artículos del “orden público económico”?

-Son coherentes entre sí. Desde el derecho de propiedad, la libre iniciativa, la no discriminación, la igualdad tributaria, la propiedad minera. Hemos tenido fallos importantes en este último ámbito, dándose por superado un problema antiguo por superposición de pertenencias mineras.

 

 

-¿Hubo petición de pronunciamiento del tribunal en el tema de las farmacias?

-Sí, pero no prosperó y se declaró inadmisible. Lo que una de las farmacias pidió fue que se declarara inconstitucional la aplicación de la norma legal que permitía a la Fiscalía Nacional llegar a un acuerdo con otra de ellas. El tribunal no acogió esa solicitud porque el requerimiento no cumplía los requisitos de admisibilidad. No falló en el fondo, pero si lo hubiera hecho y eventualmente lo hubiese acogido, no hubiera podido prosperar.

 

 

-Después de declarar inaplicable una ley, ¿ésta sigue vigente?

-Efectivamente, pero el tribunal tiene la facultad, cuando ha declarado inaplicable una o varias veces esa ley, de declararla inconstitucional y ahí queda derogada.

 

 

-¿Lo han aplicado en algún caso?

-En dos casos. En un artículo del Código Tributario que permitía a los directores regionales de Impuestos Internos nombrar jueces delegados y en otro artículo del Código Sanitario que obligaba a pagar la multa como condición para reclamar de ella. Esto es muy importante para la seguridad jurídica en todas las actividades nacionales.

 

 

-El tribunal tiene bastante poder…

-No tiene ningún poder. El poder lo tiene la Constitución. Nosotros lo único que hacemos es hacerla efectiva con nuestras sentencias.

 

 

-Bien, pero ustedes interpretan y sus fallos también pueden ser equivocados…

-Mira, aquí nadie puede ser arbitrario. Existen principios, reglas, normas de interpretación, literatura jurídica. Obviamente estamos, como todos, sujetos a crítica. Pero no olvides que todas las sentencias tienen que ser fundadas. Los jueces de los tribunales colegiados son los únicos que no se pueden abstener en una votación y cada voto que emiten tiene que ser fundado. Es parte del debido proceso que las decisiones jurisdiccionales sean fundadas.

 

 

-¿Es el tribunal el último guardián de la Constitución?

-Se le ha llamado así, el guardián de la Constitución y por ello su responsabilidad es muy grande. Hemos llegado, como te dije al comienzo, a una etapa de madurez institucional que es reconocida por la sociedad. Nosotros trabajamos silenciosamente, sin mucho ruido, pero con gran seriedad y acuciosidad. El buen funcionamiento de nuestro tribunal es el reflejo del buen funcionamiento de nuestra democracia.

 

 

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