Reportajes y Entrevistas
Entrevista a Marcelo Venegas, presidente del Tribunal Constitucion

 

El recientemente nombrado presidente del Tribunal Constitucional hace a un lado los comentarios críticos que algunos sectores plantearon ante su designación y se centra en el rol y la relevancia adquirida por el organismo. Todo gracias a la reforma de 2005: “hemos aumentado nuestro trabajo en mas de diez veces”. Por Patricia Arancibia Clavel. fotos, Verónica Ortiz.

Marcelo Venegas Palacios acaba de ser nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, una institución que, desde la reforma a la Carta Fundamental del año 2005, está cambiando la cultura jurídica de los chilenos.

Abogado de la Universidad de Chile, Marcelo Venegas tiene 61 años y desde el 2006 forma parte del Tribunal, cuyos integrantes, de distintas tendencias, confiaron en sus conocimientos y capacidad para elegirlo por unanimidad al cumplirse el período de Juan Colombo en ese cargo. Sencillo y llano, recibe cordialmente a Capital en la sede del organismo, un edificio histórico que data de mediados del siglo XVIII y que fue la residencia de José Antonio Rodríguez Aldea, uno de los principales ministros de O’Higgins.

El nombramiento causó polémica en algunos círculos vinculados a la Concertación, los que le criticaron haber desempeñado cargos de responsabilidad durante el gobierno militar: director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Jefe de la División Nacional de Comunicaciones (Dinacos) y abogado del Ministerio del Interior.

 

 

 

-¿Qué te parecieron las críticas que provocó en algunos tu nombramiento?

-No voy a entrar en esa polémica. Hubo algunas críticas, pocas y bastante focalizadas. Ninguna de ellas motivada por alguna actuación mía, un hecho concreto, sino por el solo hecho de haber sido funcionario del gobierno militar. Mis colegas no consideraron relevantes esas críticas y decidieron elegirme.

 

 

-¿Cómo llegaste a formar parte del tribunal?

-Desde 1990 fui asesor jurídico de diversos parlamentarios de la Alianza, trabajé en el Instituto Libertad y me especialicé en Derecho Público. Me he dedicado a esta materia los últimos veinte años. En 2006 el Congreso me propuso para formar parte de este Tribunal, lo que fue aprobado por unanimidad, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

 

 

-¿Y es necesario un organismo como este?…

-Mira; Enrique Navarro, uno de los actuales ministros de este tribunal, descubrió algo muy interesante: el primero que señaló la conveniencia de crear un tribunal especial para estudiar y fallar si una ley era o no constitucional fue el presidente Balmaceda y lo hizo en abril de 1891, cuando ya había estallado la guerra civil. El pensaba que no era natural ni justo que cuando existían conflictos entre los poderes del Estado fuera uno de éstos el que dirimiera la situación. A su juicio, se establecía una supremacía de autoridad con menoscabo de las otras, convirtiendo ya sea al Ejecutivo, al Legislativo o al Poder Judicial en juez y parte a la vez.

 

 

-Pero, tengo entendido que este tribunal fue creado recién en 1970…

-Así es. A mediados de los 60, Francisco Cumplido lideró a un grupo de profesores que promovían la idea, a partir de la experiencia europea de la post-guerra. En 1949, tanto en Alemania como en Italia se habían creado estos tribunales y Chile siguió el modelo alemán. Se llegó a la conclusión de que si no había un mecanismo de solución de controversias, se producían la auto tutela, el golpe o se imponía un poder sobre otro…

 

 

-Fue, con todo, la Constitución del 80 la que fijó sus funciones y atribuciones.

-Sí, pero es la reforma a esa Constitución en 2005 la que rige hoy el actuar del tribunal. Con anterioridad a dicha reforma, el tribunal estaba compuesto por 7 ministros, de los cuales 3 eran nombrados por la Corte Suprema, 2 por el Consejo de Seguridad Nacional, 1 por el Senado y el otro por el presidente de la República. Eso se cambió y actualmente somos 10: el Ejecutivo nombra 3, el Congreso 4 –dos de ellos, por la cámara de Diputados y dos por el Senado– y 3 elegidos por la Corte Suprema, los cuales no pueden ser miembros de ella. Hoy, todavía hay dos ministros nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional: José Luis Cea y Juan Colombo que, cuando terminen sus mandatos serán reemplazados por dos abogados nombrados por el presidente de la República.

 

 

-Es decir, se amplió la diversidad de sus miembros…

-Me parece necesario enfatizar que los ministros de este tribunal tienen visiones filosóficas, políticas, religiosas e ideológicas diversas, sin que ello afecte nuestra tarea. El tribunal ha llegado a un nivel de madurez acorde con el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas y democráticas. Trabajamos muy bien juntos y la mayoría de las veces, silenciosamente. Dictamos sentencias y esas sentencias se cumplen.

 

 

Independencia y objetividad

 

-Pero no se puede negar que ha habido algunos fallos polémicos, como cuando se prohibió la distribución gratuita de la “píldora del día después”… Ello me lleva a preguntarte: ¿sus resoluciones se ciñen a sus concepciones de mundo o a la letra de la Constitución?

-No sólo a la letra de la Constitución, porque ésta tiene valores, estructura, representa una cosmovisión jurídica. Pero lo que nosotros fundamentalmente hacemos es contrastar la ley o el proyecto de ley con la Constitución, más allá de nuestras preferencias personales.

 

 

-¿Es tan así?

-Si alguien se diera el trabajo de examinar los fallos, creo que muy difícilmente va a encontrar una alineación política en la votación. Aquí no se da que los de un lado votan A y los del otro lado votan B. Esta es una institución que aplica lo que un jurista francés ha llamado el principio de ingratitud…

 

 

-¿Y cuál es ese principio?

-Señala que los jueces constitucionales, una vez asumidos sus cargos, tienen que ser ingratos con quien los nombró, siendo esa la mejor garantía de su independencia. Yo mismo, por ejemplo, que fui nombrado por el Congreso, he votado en varias oportunidades a favor del Ejecutivo cuando ha existido un conflicto de interpretación de la norma constitucional con el Parlamento. Y así, todos nosotros. Actuamos ciñéndonos al mérito del proceso.

 

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