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Artículo correspondiente al número 236 (5 al 16 de septiembre de 2008)
La democracia tiene sus costos. Buenos ingresos, asignaciones y equipamiento son necesarios para un eficiente desempeño en el servicio público y, de paso, para competir por los mejores profesionales con el sector privado. Pero eso no implica que la opinión pública lo asuma con agrado, como se comprobó con el reciente impasse del bono para bencina. Capital recopiló buena parte de los beneficios que otorgan la ley …y la práctica. Una advertencia: dejamos fuera a los municipios, porque ahí hay material suficiente para otro reportaje. Por Elena Martínez y Lorena Rubio
Una serie de llamados telefónicos tiene sorprendidos a los funcionarios de Chiledeportes. Y aunque al otro lado de la línea siempre hay parlamentarios, no se trata de solicitudes de antecedentes sobre el financiamiento de esa repartición ni tampoco de citaciones para alguna comisión del Congreso.
El motivo es más simple: conseguir entradas para el recital que la cantante Madonna realizará en diciembre en el Estadio Nacional. La decepción es inmediata, porque la repartición fiscal administra el recinto, pero los boletos son cuestión de la productora que trae a la artista a Chile.
La anécdota es frívola, pero sirve para ilustrar esa cierta cultura de la gratuidad que aún impera entre algunos políticos, a pesar de los notables avances en transparencia e información impulsados por el gobierno y el mismo Poder Legislativo. Y lo que es peor: a pesar de lo mal que caen en el electorado este tipo de privilegios.
Porque, aun con los ajustes introducidos, esto de los sueldos de las autoridades, y sus beneficios, sigue evidenciando falencias que merecen soluciones más radicales y permanentes –como el proyecto que busca crear una comisión independiente encargada de los ingresos de los parlamentarios–, lo que quedó recientemente demostrado tras el impasse del bono para la bencina.
La coyuntura tiene a los congresistas en tela de juicio, pero en materia de “franquicias” en Valparaíso no tienen el monopolio. En mayor o menor medida, ministros, ex presidentes de la República, presidentes de empresas públicas y dirigentes de partidos políticos, también conocen de estacionamientos reservados, rebaja en pasajes aéreos, asesores, autos con chofer, teléfonos satelitales y la codiciada blackberry con cargo al fisco, entre otros beneficios.
Buena parte de la información es pública, pero Capital comprobó en terreno que la disposición al momento de entregarla varía según el funcionario o la entidad que corresponda, lo mismo que la pulcritud y detalle de los datos. Abundan las solicitudes de confidencialidad, los cortes de teléfono y las explicaciones insólitas pero elocuentes, como en un partido de la Concertación donde no hubo posibilidad de diálogo porque sus dirigentes estaban en Europa, Buenos Aires y Uruguay.
Si de ingresos mensuales se trata, diputados y senadores reciben, según el artículo 62 de la Constitución, el mismo sueldo que un ministro, lo que equivale a una dieta bruta de 6 millones 94 mil pesos, que se reajusta por IPC en enero de cada año. Y si bien la renta (que descontados impuestos y cotizaciones provisionales de salud alcanza a los 4 millones 450 mil pesos) es idéntica para los miembros de ambas ramas del Congreso, otros ítems hacen la diferencia. Así, en asignaciones los senadores reciben 9 millones 380 mil pesos, mientras que a los diputados les lle¬gan 5 millones 760 mil pesos.
Dentro de ese monto de asignación, los diputados poseen gastos de representación por 2 millones 77 mil pesos, que no deben ser rendidos (leyó bien), y que la comisión de Régimen Interno –el organismo interno encargado de resolver este tipo de materia pecuniarias y que integran los jefes de bancada– determinó para hospedaje, traslado, alimentación y “atención de autoridades”; o sea, para aga¬sajar a ministros, alcaldes e intendentes, se¬gún cuentan los mismos parlamentarios.
Que los 2 millones y tanto de representación incluyan los traslados, no impide que todos los diputados cuenten, además, con una asignación de 846 mil pesos mensuales para bencina, 48 pasajes de avión (ida y vuelta) anuales para moverse dentro del país (no sólo a sus regiones) y otros 12 boletos “liberados” (1 por mes). En castellano simple, esto último quiere decir que pueden ser usados por cualquier persona (familia, amigos, asesores, etc.) a la que el parlamentario endose su ticket. También negociaron un descuento de 10% para un pasaje al extranjero con Lan.
En materia de pasajes, el escenario es prácticamente igual para los senado¬res, con un par de bonus track: todos tienen 48 pasajes al año –ida y vuelta a sus zonas– más otros seis boletos al año fuera de sus regiones, o sea, a cualquier lugar de Chile. Y aunque en el papel esta media docena de tickets de avión no es endosable, ocurre a menudo que los que tienen al tope su “cupo” mensual le piden a algún colega que les “presten” un pasaje. Los representantes de las regiones V, VI, VII y Metropolitana –que no cuentan con línea aérea para viajar a sus circuns¬cripciones- no tienen pasajes. Pero hay remedio: disponen de 12 pasajes anuales de “libre disposición” dentro de Chile, y al millón 200 mil pesos para transporte terrestre que tienen sus pares se agregan 365 mil pesos extra en bencina.
En simple, los senadores de las regiones V, VI, VII y Metropolitana disponen de 1 millón 600 mil pesos para “moverse” por sus zonas y los legisladores de la V Región Costa (Jorge Arancibia y Nelson Avila) tienen 4 pasajes al año para visitar el punto más lejano de su circunscripción: Isla de Pascua.
La labor parlamentaria no es una tarea solitaria ni tampoco se limita a las oficinas del Congreso. En el caso de los diputados, la Cámara corre con los costos de secretaria personal en el Congreso, la cuenta telefónica de su oficina en Valparaíso (sólo los llamados internacionales son de cargo del parlamentario), el arriendo de una sede en su distrito (conInternet y servicios básicos), dos computadores, 1.000 fotocopias gratuitas mensuales y una impresora. La cifra no debe superar los 2 millones 200 mil pesos. Con la entrega de la boleta y contrato respectivos tiene derecho a pagar teléfono fijo y celular, siempre que la cuenta no supere los 500 mil pesos mensuales.
A su vez, la Cámara Alta entrega a sus integrantes electos tres computadores –uno portátil– en comodato hasta el fin de su período. Cada senador posee un ítem de 5 millones 584 mil pesos mensuales -contra presentación de documentos a la tesorería del Senado– para arriendos de oficinas, contratación de secretarias y pagos de servicios e insumos básicos, incluyendo papelería y artículos de oficina. También tienen gastos sin rendición por 1 millón 298 mil pesos mensuales que, según lo acordado por la comisión de Régimen Interior, deben costear bencina, peajes y reparación de vehículos.
Para contratar asesores, a los integrantes de la Cámara Alta se les asignan 2 millones 249 mil pesos, también pagados por la tesorería del Senado, previa acreditación del gasto. Este es el ítem que más reclamos levanta entre los senadores, ya que –afirman– alcanza apenas para contratar a un profesional “y medio”, teniendo en cuenta que la mayoría de los asesores son abogados con especialización en alguno de los proyectos que analizan. Existen parlamentarios que contratan en conjunto –con un colega de la misma bancada, por supuesto– a un consultor. Algunos han sugerido que en materias generales pero complejas, como la reforma previsional o los cambios a la Ley de Mercado de Capitales, se podrían contratar estudios por bancada, para aligerar gastos.
Los congresistas –que alegan que su misión es equilibrar el poder del Ejecutivo y que, para ello, los recursos no son equitativos– no son los únicos “mimados”. También poseen tratamiento especial los ministros, ex jefes de Estado y los directivos de las mayores empresas públicas, entre otros. Por ejemplo, el presidente ejecutivo de Codelco dispone de la misma remuneración que el presidente del Banco Central (unos 9 millones de pesos líquidos), un auto Hyundai con chofer, 2 secretarias, una tarjeta de crédito pagada por la compañía para sus gastos en el exterior y viajes en business, cuando sea en representación de su cargo, entre otros beneficios.