Reportajes y Entrevistas
El nuevo mundo K

Artículo correspondiente al número 234 (8 al 21 de agosto de 2008)

Viendo lo debilitado que quedó el gobierno de Cristina Fernández en Argentina tras la disputa con el campo, cuesta creer que la mandataria sólo lleva ocho meses en el poder y que todavía le quedan más de tres años... Lo cierto es que el episodio marcó un antes y un después, y que en el tablero del poder argentino son varios los que están conquistando casilleros.

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El cuadro que vive Argentina es paradojal. Sí, porque la sensación ambiente es de crisis, pese a que el país está lejos de una situación como la hiperinflación de 1989 o el corralito de 2001, y a que –ya sea por efecto rebote o lo que sea– la economía está creciendo con rapidez.

Hablamos por cierto de una crisis política, la que entre otros antecedentes exhibe como gran evidencia que la popularidad de Cristina apenas ronda el 20%, pese a que ganó las elecciones hace diez meses con 45% de los votos y a que la oposición no ha logrado reagruparse. Todo indica que los argentinos finalmente se cansaron del estilo autoritario de los Kirchner.

La derrota parlamentaria del proyecto de ley con el que se pretendía legitimar un impuestazo al agro sumió al gobierno en el caos. El ex presidente Néstor Kirchner hasta habló de una renuncia: “los que gobiernan son los que ganan y nosotros perdimos. Tenemos que irnos”, habría dicho tras la votación en un Senado donde se supone que tiene mayoría.

¿Cómo es posible? Explicaciones hay muchas, desde complicadas teorías de la conspiración como la planteada por el líder piquetero kirchnerista Luis D’Elía –quien acusó al ex presidente Eduardo Duhalde de querer desestabilizar al gobierno con un golpe económico– hasta otras lecturas más simples: los argentinos se cansaron del estilo autoritario de los Kirchner.

Como sea, lo cierto es que en el tablero del poder trasandino son varios los que están avanzando casilleros.

 

Los errores

Después de la maratónica jornada en el Senado el 17 de julio, cuando el voto del vicepresidente Julio Cobos echó por tierra el proyecto de retenciones móviles, el consenso es que algo tiene que cambiar. Y ese algo –dicen en distintos foros– es el estilo arrogante con que gobierna la pareja presidencial, posiblemente con un menor protagonismo del ex presidente Kirchner. Pero se ve difícil que cambie un modelo de conducción que le ha servido por más de 20 años.

El analista político Manuel Mora y Araujo plantea que el gobierno de Kirchner encontró problemas desde el comienzo en su relación con el agro, los que empezaron con los impuestos a las exportaciones decretados en 2002. No olvidemos que Kirchner asumió en medio del caos institucional, en un país que tuvo tres presidentes entre Navidad y Año Nuevo y cinco en once días. En ese contexto se dieron poderes extraordinarios al presidente a través de una ley de emergencia económica, aún vigente, que permite que el Ejecutivo gobierne a punta de decretos. Así, ni siquiera el presupuesto nacional requiere un debate parlamentario.

Puesto el caso en perspectiva, habría que decir que usando esos mismos “superpoderes” fue que Cristina pretendió imponer las retenciones móviles, que en la práctica aseguraban al fisco cualquier ganancia que generaran los aumentos de precios internacionales de los bienes exportables, y con las que quería hacer caja para sostener el actual nivel de gasto. Las retenciones tienen la particularidad de que no son “coparticipables”; esto es, no entran dentro de los ingresos tributarios que el gobierno federal argentino debe compartir con las provincias: pocos gobernadores se habrían jugado por apoyarlas.

Claro que, entre las retenciones del 2002 y las de este año, Kirchner se las arregló para echar a perder seriamente su relación con el campo mediante controles de precios y otras medidas supuestamente orientadas a garantizar el consumo interno. Por ejemplo, el “encaje productivo”. Se peleó sucesivamente con los productores de carne, los de leche y los de granos. Se había escapado la soya, ya que la demanda interna es relativamente menor. Cristina heredó estas relaciones deterioradas. Y al final la soya también entró al saco y eso fue la gota que rebalsó el vaso.

El sector agrícola sorprendió con una protesta muy activa, bloqueando caminos y movilizando a la población rural. Pensando en que el público no toleraría el desabastecimiento y recurriendo a su manido discurso contra la “oligarquía”, los Kirchner se plantaron como el Robin Hood que obligaría a los ricos a compartir sus ganancias. Nunca imaginaron que la imagen de un puñado de terratenientes descontentos daría paso a la de un sector clave para la economía argentina, que da empleo a casi 30% de la población activa. Se difundió la idea de un sector productivo moderno, eficiente y organizado y con una percepción mucho mejor que la que el gobierno creía en la opinión pública. Y el movimiento no sólo prendió en el campo: también la clase media urbana se subió al carro.

 

 

¿Existe la oligarquía agrícola?

Néstor Kirchner celebró el triunfo sobre la oligarquía cuando la Cámara de Diputados aprobó las retenciones en un primer trámite. La idea alude a la distribución de la riqueza con equidad, un concepto básico del peronismo.
El gobierno intentó revivir la imagen de un patrón de fundo que da órdenes desde lejos, incluso desde el extranjero, y se enriquece mientras el resto de la sociedad no comparte la bonanza.

En Argentina hay propietarios de grandes extensiones. Según la prensa transandina, que cita un estudio de Eduardo Azcuy Ameghino, director del Centro de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el grupo Cresud, de la familia Elsztain, tiene 400.000 hectáreas propias; Adecoagro, de George Soros, tiene 200.000 hectáreas; el Grupo Bemberg, 143.000; el Grupo Werthein, 100.000, y el empresario Gustavo Grobocopatel, aunque sólo es dueño de 17.700 hectáreas, explota otras 100.000 a través de arrendamientos y grupos de productores. Estos grandes actores se dedican, sobre todo a la producción de soya.

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