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Reportajes y Entrevistas
El club de la información privilegiada
Artículo correspondiente al número 214 (05 al 17 de oct 2007)
La cancha de un mercado financiero maduro y equilibrado supone que nadie esté dateado de antemano y todos los jugadores tengan acceso a la misma información y al mismo tiempo. Decirlo es fácil, pero vaya que se complican las cosas a la hora de llevarlas a la práctica.
¿Qué ha hecho el mercado para autorregularse? ¿Qué piensa hacer la autoridad reguladora para corregir las desigualdades en el acceso a la información? ¿Por los oídos de quiénes circula la información esencial antes de llegar a conocimiento del mercado? Por Paula Costa y Guillermo Turner; fotos, Verónica Ortiz
El Club 88, en pleno barrio financiero de Nueva York, era el lugar perfecto. Allí el currículo de Eugene Plotkin (26 años, un empleo en Goldman Sachs y graduado de Harvard) no era un mal título para codearse con las decenas de ejecutivos de Wall Street que buscaban relajo tras sus extenuantes jornadas bursátiles.
El secreto era codearse sin llamar la atención, porque las conversaciones en la intimidad del amplio sauna ruso de la calle Fulton se convirtieron en suministro clave para la red de contactos e información privilegiada que Plotkin armó junto a su amigo David Pajcin (29 años, graduado de Notre Dame). Fue en ese lugar donde conocieron a Stanislav Shpigelman (24), un ejecutivo de Merrill Lynch que terminó proporcionándoles datos secretos sobre fusiones y adquisiciones.
Según el FBI, el fraude que lograron montar superó los 7 millones de dólares e incluyó, ni más ni menos, que a dos empleados de una planta de impresión de la revista Business Week que adelantaban titulares al trío de intrépidos amigos.
El caso se destapó en 2006 y dejó en evidencia la importancia de las relaciones interpersonales en el manejo de información privilegiada. En Chile ya lo sabíamos, porque a comienzos de 2003 el mercado local había sufrido uno de sus mayores shocks a raíz del romance entre la entonces segunda secretaria del presidente del Banco Central y el gerente de Inverlink Corredores de Bolsa.
La diferencia radicó en la sanción. Los 37 meses de prisión que recibió Shpigelman se comparan difícilmente con la situación de Pamela Andrada. Procesada por los delitos de cohecho, infracción a la ley informática, violación de secreto y utilización de información reservada, la ex asistente de Carlos Massad no estuvo más de ocho meses en el desaparecido anexo cárcel Capuchinos. Como antecedente, sepa usted que la causa sigue abierta y que la condena en primera instancia se podría concretar con suerte este año.
Pero ahí no terminan los contrastes. A fines de 2000, la Superintendencia de Valores y Seguros había iniciado uno de los casos más bullados de información privilegiada, al acusar a los socios de Consorcio (Patricio Parodi, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, Juan José Mac Auliffe, Juan Hurtado Vicuña, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano) de comprar acciones del Banco de Chile luego que Andrónico Luksic les revelara su intención de abandonar la entonces condición de inversionista pasivo que tenía en la entidad bancaria.
“Conociendo esta situación, los reclamantes compraron acciones por mil millones de pesos el lunes 4 de diciembre del año 2000 a un valor de 50 pesos la unidad, acciones que vendieron el día 14 del mismo mes en 60 pesos cada una”, acusó el regulador.
Tuvieron que pasar casi cinco años para que la Corte Suprema confirmara la multa de 30 millones de pesos que debió pagar cada uno de los acusados, aunque ellos mantuvieron su planteamiento de que “actuaron en defensa de un legítimo interés de conservar el control accionario del banco”.
El caso ratificó la convicción de las autoridades de que en Chile el uso de información privilegiada era algo que existía, pero al mismo tiempo demostró la dificultad que los superintendentes de Valores han tenido para demostrar sus acusaciones.
Ejemplo de ello es la sanción aplicada a comienzos de julio por la SVS a Sebastián Piñera, Juan José Cueto y Víctor Bezanilla por incumplimiento en el deber de abstención, al comprar acciones de empresas luego de conocer, en su calidad de miembros de los respectivos directorios, los resultados trimestrales que informarían en la Ficha Estadística Codificada Uniforme (Fecu).
Bezanilla fue absuelto porque en realidad la compra de acciones de Besalco se había efectuado antes del directorio, mientras que Piñera optó por pagar los más de 300 millones de pesos, dejando eso sí en claro que –a su juicio- no existió uso de información privilegiada y que la operación se había realizado en función de un modelo matemático autónomo. La tesis de que no era relevante conocer la Fecu con antelación sumó adeptos en el mercado y quedó en evidencia que existe un espacio no menor para apreciaciones personales y subjetividades.
“¿Qué pasa si un director decide que la Fecu no constituye información que el mercado no maneje y compra?”, pregunta Axel Christensen, director de Clientes Institucionales de Moneda Asset Management.
La respuesta proviene del mismísimo superintendente de Valores, Guillermo Larraín: “Eso lo sabe ese director, pero el punto es qué sabe la contraparte. ¿Qué señal entrega al corredor al comprar acciones, siendo director de una empresa cuya Fecu no ha sido publicada? Lo más probable es que se piense que vienen buenas noticias. Con el solo hecho de comprar ya está revelando información al mercado. Lo que tenemos que hacer es que esa información fluya de la forma más limpia posible. Si el mercado puede confundir esa acción con otra, se está entregando información y lo mejor es abstenerse de eso. En esa línea avanza el proyecto de ley”.
Larraín se refiere al proyecto sobre gobiernos de las empresas, que el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo a comienzos de septiembre, y que plantea –entre otras cosas- la necesidad de que cada compañía defina “una política que asegure el flujo de información al mercado en el menor tiempo posible y con un responsable definido”.
Porque, obviamente, el dilema de la información privilegiada no se circunscribe al conocimiento anticipado o no de la Fecu, aunque algunos, como Rafael Labarca, han dedicado sus estudios a demostrar el impacto que los resultados de una empresa pueden tener en los precios de las acciones.
El riesgo del cafecito
El problema en Chile pasa más por los encuentros informales, las conversaciones de pasillo y las amistades mal entendidas. No son pocos los ejecutivos con experiencia en los mercados local y estadounidense que se sorprenden del relajo con que se comparten los planes de las empresas en el país.
“Considerando el rigor con que nosotros usamos la información y el rigor con que nos manejamos, de repente escucho conversaciones y no lo puedo creer. Incluso, me asusta pensar que estuve ahí”, dice el vicepresidente senior de Principal para Latinoamérica, Luis Valdés.
Comprensible, porque el código de ética interno de esta firma norteamericana es severo. Por citar un ejemplo: el estricto acuerdo de confidencialidad al que es sometida la plana ejecutiva superior de cada país cuando se empieza a analizar una oportunidad de negocio. Participen o no desde el comienzo en el proceso, los ejecutivos son notificados por mail de su inclusión en la prohibición de compartir la información y los costos de vulnerar el secreto.
Un diagnóstico similar es el de Rodrigo Leiva, socio de Ernst & Young y gerente de negocios y consultoría por siete años de Arthur Andersen en Estados Unidos. “En Chile existe la cultura de pasarse datos y no lo ven como un delito. En Estados Unidos está claro que eso es un crimen y nunca me tocó estar en una reunión donde se hablara sobre la compra o venta de acciones”.
El planteamiento de Leiva demuestra también la amplitud del problema. Porque el manejo de información privilegiada no se limita a los controladores de una compañía y, en ese contexto, parece injusto el celo que la norma vigente aplica sobre los miembros del directorio. Algunos plantean, incluso, la necesidad de vigilar a las mismas instancias reguladoras, considerando que sus integrantes se enteran de comunicaciones reservadas y resultados antes que el mercado. Lo mismo ocurre con los auditores, asesores legales y otros.
“Hay muchas personas que están alrededor de la empresa, que no son necesariamente los directores, como la administración y los auditores, que manejan incluso más información. Y creo que esa es la información que más se fi ltra. Los directores tienen más visibilidad y se cuidan en cómo actúan en términos de comprar o vender o de tomar una ventaja”, afirma el socio de Celfin Capital y director de empresas, Juan Andrés Camus.
Christensen va más allá: “No se puede circunscribir el uso de información privilegiada a gente relacionada con la empresa. Los intermediarios han estado en una zona gris desde hace un buen rato. Hoy no hay ninguna responsabilidad del research que publican respecto a posiciones propias de cartera, no hay obligaciones ni un disclosure respecto de si el analista que hace la recomendación tiene posiciones personales o si la corredora donde trabaja tiene posiciones”.
La autorregulación que no llega
La legislación propuesta por el gobierno no extiende a esos niveles el ojo fiscalizador, pero eso tampoco debería ser visto como una limitante, considerando que el mercado en pleno prefiere la autorregulación antes que una avalancha normativa. Pero en este aspecto el sistema privado está en deuda.
La Bolsa de Comercio constituyó su comité de autorregulación recién el año pasado, mientras que un integrante del Centro para el Gobierno de la Empresa (creado por seis instituciones del tamaño de la PUC y Sofofa para proponer iniciativas en este ámbito) confiesa que “el trabajo ha andado un poco lento”.
“Hay que preguntarse dónde está la traba que impide al mercado tener un rol autorregulador más importante, que evite al Estado meterse en áreas que perfectamente podrían ser del ámbito de la regulación privada. Mientras no entendamos bien dónde está la raíz del problema, vamos a seguir en un espiral que me gustaría tratar de cambiar y que lleva a que cada modificación regulatoria importante pase por un proyecto de ley”, señala Larraín.
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