Reportajes y Entrevistas
El club de la información privilegiada

Artículo correspondiente al número 214 (05 al 17 de oct 2007)

 

Davor Harasic, abogado y presidente de Chile Transparente

“La picardía del chileno nos está haciendo daño”

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No pidamos tanta transparencia al sector público, si los privados no estamos de acuerdo a someternos al mismo rigor. En síntesis, tal fue el desafío que Davor Harasic, el presidente de Chile Transparente, planteó hace algunas semanas en una carta a El Mercurio. Aquí profundiza en su análisis.

 

 

-¿Cuán mal o bien estamos en materia de uso de información privilegiada?

-Ha habido varios procesos, algunos muy bullados, incluso procesos penales que no han llegado a mucho. Casos paradigmáticos, pero que son la punta del iceberg. Creo que hay mucho más. El tema grave de la información privilegiada es que no puede ser paralizante, en el sentido de que “transmito información privilegiada para que no puedas hacer este negocio”. La idea de la información privilegiada creo que es más bien: “si en razón de tus funciones has tenido conocimiento de algo, estás inhibido a actuar”. Pero hay que tener mucho cuidado con considerar información privilegiada el que un potencial competidor te quiera transmitir algo y quedes inhibido de actuar, y él, por lo tanto, pueda hacer un negocio, que fue desde mi punto de vista lo que pasó con el caso del pacto controlador del Banco de Chile. Ahí no había alguien que en razón de sus funciones hubiese tomado conocimiento de algo, sino que simplemente hubo dos competidores en el mercado que se hicieron una oferta que no resultó y esa oferta se consideró información privilegiada.

 

 

-¿Está a favor de una mayor autorregulación?

-No. Necesariamente tiene que existir una regulación estatal en el tema, pero ésta por esencia siempre debe venir para los casos ilícitos o para los casos en que la autorregulación fracasó. La idea es que en las empresas haya mecanismos de alerta temprana que permitan detectar las situaciones antes de que se produzcan.

 

 

-¿En qué nivel de la organización cree usted que se da la filtración de información en Chile?

-Yo creo que se da a nivel del directorio, en las empresas en que realmente el directorio funciona como tal.

 

 

-¿Considera que es casi normal en Chile el pasarse datos en reuniones sociales?

-Esa es la picardía del chileno. “Yo soy choro porque tengo información, y sabes qué, te la voy a pasar”. Pero esa picardía es la que nos está haciendo daño en muchos sectores. Se da en consumir en el supermercado y no pagarlo, que es chico, es poco, pero que va generando una mentalidad, una manera de pensar. Y de alguna manera también, el no tener clara noción de cuáles son los límites… Que no venga nadie que está en la empresa privada a decir que no sabe lo que es información privilegiada. Si la está traspasando, y a viva voz, es simplemente para demostrar que tiene poder, y eso simplemente son rasgos o de inmadurez o de falta de valores.

 

 

-¿Se tiene noción de que hay un castigo asociado, que se daña el mercado al hacer uso de información privilegiada?

-No se tiene noción de nada. Creo que lo primero que hay que hacer es un levantamiento real, pero por parte de la propia empresa privada. Ver dónde están sus fortalezas y debilidades.

 

 

-¿Qué le parece el proyecto de ley? ¿Es suficiente?

-Es mejor de lo que existe. Ahora, si va a ser suficiente o no, no tenemos conocimiento de lo que realmente está pasando para saberlo.

 

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¿Cuánto valen las restricciones?

 

Las mayores exigencias en las proyectadas reformas al gobierno de las empresas privadas pueden elevar los costos de gestión. El efecto no es extraño, porque en Estados Unidos la vigencia de la norma Sarbanes- Oxley perjudicó las pequeñas emisiones y le entregó un dinamismo adicional a las bolsas europeas. Por Francisco Pérez Mackenna

 

En general, cuando se regula un mercado de capitales se tienen en mente cuatro objetivos: promover la competencia, limitar las expropiaciones, prevenir el colapso de los mercados y aumentar la eficiencia de los sistemas de precios.

 

El uso de información privilegiada y el gobierno de las empresas son temas que clasifican en lo que la teoría financiera denomina problemas de agencia o de administración delegada. Cuando un agente administra dinero primordialmente ajeno aparecen potenciales conflictos de interés. El sistema de gobiernos de las empresas comprende los métodos mediante los cuales los directorios de las compañías supervisan las actividades de las compañías para asegurarse que éstas busquen el beneficio de sus accionistas. Ello comprende también los mecanismos de accountability de los directores y ejecutivos, reglas para recoger poderes “democráticamente”, participación de directores independientes (en un contexto donde el 51% de las acciones elige el 100% de los directores como ocurre en Estados Unidos, donde éstos se eligen por lista), regulación antifraudes contables, obligación de divulgación de información relevante, normas de reporte de información frente a nuevas emisiones de títulos, entre otros conceptos.

 

El tema de la obligación de informar ha sido motivo de controversia en la literatura financiera por años. En efecto, se argumenta por ejemplo que en Estados Unidos los requerimientos de la SEC en cuanto a la obligación de informar al público no se han traducido en mercados más eficientes, ni han probado tener efecto significativo en los precios de los activos (ver George Benston, American Economic Review, 1973). La razón, en parte, se debe a que en ausencia de regulación las empresas igual deben competir por fondos minimizando su costo de capital. Ello requiere informar al mercado sobre la marcha de la empresa para evitar que éste asigne un mayor riesgo a un determinado emisor, lo que se traduce en un mayor costo de financiamiento.

 

Hay consenso en que si bien nada prueba que los mercados se hagan más eficientes con los requerimientos de informar hechos esenciales, estos sí pueden tornarse más equitativos. La asimetría en la información puede producir transferencias de riqueza desde los inversionistas externos menos informados a los mejor informados agentes internos de la empresa. La consecuencia de un mercado inequitativo podría implicar el desinterés del pequeño ahorrante por invertir, restando profundidad al mercado accionario y con ello elevando el costo de financiamiento de las empresas, y por tanto, de la economía.

 

El marco regulatorio existente hoy –y desde hace varios años– en Chile para el gobierno de las empresas y el uso de información privilegiada opera satisfactoriamente. Una manera de medir la eficacia de las normas imperantes es constatar que desde 1990 nuestro mercado se ha acoplado al mercado accionario mundial con un “beta” esencialmente igual a uno (Walker y Lefort, Cuadernos de Economía, Universidad Católica, 2002). Ello significa que la brecha entre el premio por riesgo de las empresas chilenas y el de las compañías de las economías desarrolladas se explica fundamentalmente por el riesgo país, no existiendo una prima adicional por inadecuada institucionalidad de gobierno de las empresas. Es más, al apreciar los múltiplos de la bolsa local, da la impresión de que las acciones en Chile se transan a premio.

 

En la perspectiva de mantener bajo el costo de financiamiento, resulta preocupante que el riesgo país de Chile haya subido tanto en términos absolutos como relativos. El nivel del spread EMBI –dentro del contexto de la crisis subprime del mercado inmobiliario de Estados Unidos– sufrió recientemente un importante aumento para Chile, llegando a su punto más alto de los últimos cuatro años. Si uno de los objetivos de buenas prácticas de gobierno de las empresas es contar con un bajo costo de capital, nada es más importante para este fin que el riesgo país. Aun cuando puede haber problemas metodológicos para el caso de Chile con este índice, pareciera que el mundo financiero empieza a considerar que es en otros mercados donde a los chilenos se nos han quedado importantes reformas de modernización en el tintero. Asimismo, una sociedad con más conflictos paga una mayor tasa. Todo lo anterior se puede resolver implementando las no tan numerosas pero importantes reformas microeconómicas que se han venido postergando, dentro de las cuales se cuenta, a modo de ejemplo, la flexibilización del mercado laboral.

 

 

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