Reportajes y Entrevistas
Defensa civil

Artículo correspondiente al número 294 (25 de febrero al 10 de marzo 2011)

 

La agitada, crítica y mediática agenda del nuevo ministro de Defensa tiene a los uniformados tan sorprendidos como preocupados. No es que esperaran de partida una relación simple con un eventual presidenciable, pero esta obsesión por la transparencia y las señales de la hegemonía civil los tienen a la expectativa.

A comienzos de febrero, el flamante ministro de Defensa, Andrés Allamand, efectuó su primera visita a una unidad militar: la brigada de Operaciones Especiales (BOE), emplazada en Peldehue. Siempre preocupado por las señales políticas, el personero vistió camisa blanca y –a diferencia de varios de sus antecesores en el cargo– omitió cualquier elemento del uniforme militar. El detalle no fue destacado inmediatamente por la prensa, pero el caso se reparó con sendos artículos en las ediciones dominicales de La Tercera y El Mercurio.

Y es que para Allamand no se trataba de un asunto para dejar pasar, sino de una señal evidente de la hegemonía civil por sobre la uniformada; la misma que implantó al colocar la transparencia como primer eje de su debutante carrera al mando de la defensa nacional y que se traduciría en efectos tan concretos y relevantes como la reimplementación del sistema de evaluación civil de los proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas.

La fórmula Allamand, recargada de apariciones en la prensa y de mensajes críticos al manejo de los recursos, ha generado resentimientos al interior de los cuarteles. Pero ello no parece inquietar al titular de Defensa. Por el contrario, como recuerda un analista político, estamos frente a una eventual carta presidencial “que no sólo votó por la continuidad de Pinochet, sino que hizo campaña por el triunfo del Sí, y eso se lo sacarán en cara en el primer debate que enfrente”. Raya para la suma: en términos políticos, una relación seria –profesional, pero inflexible– con las Fuerzas Armadas le redituaría al ministro frente a la opinión pública, tal como en el pasado personeros de la Concertación ganaron terreno al mostrar que eran capaces de trabajar con el mundo militar, a pesar de las diferencias del pasado. Ese sería el cálculo.

La validación civil

Pero esto de anteponer la autoridad civil por sobre la uniformada, o al menos generar algún contrapeso en la materia, no es una aspiración nueva, sobre todo respecto a las decisiones de inversión de los cuantiosos recursos con que cuentan las FFAA. En marzo de 2006 el entonces ministro de Defensa, Jaime Ravinet –todavía en su versión concertacionista– presentó el sistema de evaluación de proyectos de inversiones en defensa, el cual proponía tres instancias de decisión al momento de gastar los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, involucrando en el estudio y toma de decisión a civiles que compondrían la futura división de evaluación. No obstante, la verdadera puesta en marcha de un procedimiento de esta naturaleza vendría recién en octubre de 2009, mediante un decreto sancionado por el entonces ministro José Goñi y la ex presidenta Michelle Bachelet, que establecía la sistemática de inversión en defensa.

En lo esencial, consiste en establecer una metodología común de evaluación técnica, económica y de desarrollo conjunto de las fuerzas, con unidad orgánica con capacidad técnica y política para ejercer la función de contraparte en todo el ciclo de vida de un proyecto: evaluación, materialización, operación y baja del material.

La participación civil en un proceso dominado por los criterios uniformados registró, sin embargo, un punto de inflexión durante la gestión del entonces ministro Francisco Vidal. La unidad quedó bajo la coordinación del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), un organismo cuyas decisiones se toman por mayoría y que está compuesto por siete uniformados (los tres comandantes en jefe, los tres jefes de estado mayor y el jefe de estado mayor de la Defensa Nacional) y los ministros de Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores.

Como la estructura y el funcionamiento del Consudena están regulados en la propia Ley del Cobre, la existencia de una unidad autónoma de evaluación de proyectos adquiría gran relevancia. Al subordinar esta unidad “al mando militar”, el Consudena quedó sin contrapeso, concentrando todo el ciclo: la evaluación de las inversiones en sistemas de armas, las decisiones respecto de su pertinencia, la administración de los decretos para su materialización y el manejo de los saldos de la “cuenta cuatro” que, a la fecha, alcanza cifras superiores a los 3.600 millones de dólares. Es decir, todo.

Al mando de la secretaría del consejo figuraba hasta este año el brigadier Jorge Pantoja Bernard, con cerca de diez años en las funciones, tras haber ocupado la subsecretaría de Investigaciones durante el gobierno de Eduardo Frei, secundado para efectos de la administración financiera de estos fondos por el comandante (R) de la Armada Jaime Pelayo Cea.

Dado la composición del Consejo, los uniformados tomaban las decisiones con bajo o casi nulo contrapeso civil, lo que de por sí no significaba un mal uso de dineros públicos, sino el riesgo de ceder –como advierte un especialista en el área– “a las casi infinitas demandas provenientes de una oficialidad que siempre, y como debe ser, está evaluando nuevos escenarios de riesgo para la defensa nacional”.

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