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Reportajes y Entrevistas
Cuestión de Estado
Artículo correspondiente al número 261 (17 de septiembre al 1 de octubre 2009)
La demanda ante La Haya y la delimitación pendiente de la frontera en Campos de Hielo Sur, constituyen un par de ejemplos de los trascendentales asuntos internacionales que deberá enfrentar el nuevo gobierno. ¿Están preparados? No hay problema, responden, se trata de políticas de Estado. Por Elena Martínez.
Sin ánimo de recargar innecesariamente la agenda de preocupaciones de los candidatos presidenciales, lo cierto es que hay un asunto –quizá poco mencionado en los programas conocidos a la fecha– que les exigirá tiempo, respaldo y los pondrá a prueba tanto en el concierto internacional como ante la percepción ciudadana.
Se trata de las relaciones internacionales o, para ser más específicos, un par de asuntos limítrofes que, quieran o no, todo indica que deberán ser resueltos en la próxima administración. ¿Quiere un adelanto? El plazo de entrega de la contramemoria chilena ante La Haya por la demanda peruana vence el 9 de marzo del próximo año. O sea, dos días antes del traspaso de banda. Y lo que sigue después será una intensa tarea a cargo del nuevo titular de La Moneda. Otro: dicen que a las autoridades argentinas les interesa ir terminando las negociaciones para delimitar la frontera en Campo de Hielo Sur. Como si fuera poco, en algún momento la agenda de conversaciones entre los vicecancilleres de Chile y Bolivia tendrá que abordar asuntos concretos y, hasta el momento, la experiencia con el Silala confirma que no se trata de un paso sencillo.
Después del 9 de marzo, en La Haya el proceso continuará con al menos tres pasos (réplica de Perú, dúplica chilena y alegatos orales) antes de que se dicte la sentencia, que será definitiva e inapelable. La presidenta Bachelet ha llevado hasta ahora el liderazgo en la materia, consiguiendo alinear a representantes de todos los sectores tras una política de Estado. Simultáneamente, un equipo del ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el subsecretario Alberto Van Klaveren, trabaja en la defensa de la postura chilena. En estos días, justamente al cierre de esta edición, debería haber finalizado en París una ronda de análisis con los juristas contratados por el gobierno, encuentro en el que también participaron la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante –quien tiene dedicación exclusiva como coagente–, y el embajador Juan Martabit, representante nacional ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. En octubre viene otra reunión, esta vez en Santiago, con el comité asesor que integran 30 autoridades, abogados, diplomáticos y generales en retiro.
“Es una estrategia definida por todo el espectro político y no va a haber modificaciones”, recalcó a Capital Jorge Pizarro, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y quien es también jefe territorial del comando del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. Para él, la fuerza reside justamente en exhibir una posición única, que vele por los intereses nacionales. Los parlamentarios han sostenido reuniones frecuentes con los equipos técnicos, de manera de fortalecer una mirada unitaria.
La tarea de la cancillería es intensa; los viajes, numerosos; y la cautela, extrema. Cuesta que este ministerio entregue detalles o proyecciones. La respuesta ante los requerimientos periodísticos es que estamos ante “temas delicados”. Al parecer, hay consenso en que por ahora la mejor estrategia es el silencio, más allá de algunas declaraciones genéricas de las autoridades sectoriales cuando se les formula alguna pregunta sobre estas materias.
“El 11 de marzo se inicia un nuevo gobierno en Chile, las políticas de Estado se han llevado a cabo y suponemos que el gobierno que llegue va a seguir con esas políticas de Estado y va a haber continuidad”, argumentó el canciller Mariano Fernández en una reciente entrevista con Diario Financiero, destacando que en la labor que se efectúa con miras a La Haya han sido incorporadas personas cercanas a la oposición.
El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Osvaldo Palma (RN), aclara que no están trabajando oficialmente con el gobierno en estas materias, pero sí le han hecho saber sus puntos de vista mediante conversaciones con el subsecretario Van Klaveren. En su opinión, “ante la perspectiva de un posible cambio de gobierno no tan incierta –así como se ven las posibilidades de uno y otro candidato– el gobierno debiera incorporar equipos de todos. Esto requiere de mucha cautela y mucha altura de miras y, más allá de que exista un gobierno que maneje bien esto, nunca es malo sumar a todas las personas”.
Como decíamos, La Haya no es el único entre manos. Está también el interés de Bolivia por revisar el preacuerdo suscrito para las aguas del río Silala, en un giro sorpresivo del canciller David Choquehuanca (seguramente presionado por la opinión pública de Potosí), quien planteó un plazo de 4 años para demostrar que el Silala es un manantial que les pertenece. El preacuerdo establece que Bolivia cobrará un 50% del valor de las aguas que usen las compañías del norte chileno, mientras estudios científicos determinan en cuatro años si es manantial o río. Chile plantea que es un río internacional.
Palabras mayores para la delimitación pendiente de una zona de Campo de Hielo Sur, el llamado cuadrángulo B (un área de 1.400 km2 entre el monte Fitz Roy y el cerro El Murallón), que debe ser concordada con Argentina. El canciller Fernández ha explicado que con Perú y La Haya “tenemos un largo camino, vamos a dejar presentada la contramemoria de Chile y estamos trabajando en ella”. Respecto de Bolivia, están conversando, y con Argentina están haciendo mucho trabajo técnico, en una situación que califica de “muy constructiva y muy positiva”.
Sobre este tercer asunto, el ministro ha destacado la reunión de gabinete en Buenos Aires, cuando acordaron una agenda de avances que considera muy relevante. “Y por ello es un tema de relevancia limítrofe, en el sentido de que hay que terminar de marcar una parte de la frontera de los Campos de Hielo Sur, pero eso lo hacemos amigablemente y de manera muy concordada”, agregó.
La experiencia de Laguna del Desierto obliga a cuidar los movimientos. Esta vez, Chile optó por negociaciones en reemplazo de un arbitraje que resultó poco favorable para la posición local. Por lo mismo, demorar una solución también es alternativa. El problema es cuánto acomode esa dilatación a la estrategia argentina.
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La presidenta Bachelet ha marcado hincapié en el carácter de Estado al tratar la demanda maritíma peruana y, tras la presentacion ante La Haya, ha informado a los presidentes de todos los partidos políticos. En la foto, la primera reunión, en marzo
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¿Otra batuta?
La oposición observa el panorama con respeto y una fuerte cuota de prudencia. Está sobre la mesa la posibilidad de que ese sector político –si triunfa en las elecciones presidenciales– deba tomar la batuta en la materia, a contar de marzo próximo. Y, de hecho, en el marco de los grupos Tantauco –el semillero programático de Piñera–, esta agenda internacional está incorporada hace tiempo como parte del trabajo cotidiano.
El coordinador de la comisión de Relaciones Exteriores de Tantauco es el abogado y ex parlamentario Teodoro Ribera (también rector de la Universidad Autónoma). Aquí operan las coincidencias. Explica que visualizan los temas internacionales como de Estado y que el abanderado presidencial y los equipos técnicos han comunicado a la Cancillería “la disposición de colaborar en todo lo que se necesite”.
Enfatiza: “estamos apoyando y no restándonos para lo que sea indispensable en la defensa de los derechos legítimos de Chile”.
Igual, ha habido instantes de tensión entre La Moneda y Piñera. Basta recordar el tajante rechazo de la presidenta Bachelet a la petición del abanderado de sostener un encuentro, apenas Perú presentó su demanda en La Haya, el año pasado.
La dinámica del equipo piñerista involucra a 50 profesionales en comisiones técnicas y a un grupo de direcciones políticas que se reúne cada 15 días para evaluar la agenda. Abordan los asuntos específicos, elaboran documentos y concilian posiciones.
Para Ribera, la acción impulsada por Perú es “extremadamente sorprendente porque, en definitiva, existen documentos y prácticas internacionales en que se ha reconocido como indubitable la frontera marítima de Chile. Y, por tanto, la pretensión peruana es tratar de decir que no existe lo que existe. Tenemos grandes esperanzas de que bajo el prisma jurídico la tesis de Chile sea la correcta”. Está consciente de que necesariamente el tema pasará al próximo gobierno. “Los alegatos van a suceder en el gobierno de Sebastián Piñera”, argumenta con seguridad, añadiendo que “el fallo del tribunal puede dictarse o no durante los próximos cuatro años”.
Entretanto, este ex parlamentario cree imprescindible intensificar la difusión internacional de la postura chilena. “Esto debe ser mejorado sustancialmente, por la sencilla razón de que el gobierno peruano ha hecho mucha alusión a razones de equidad y no de Derecho, y lo que tenemos que entender es que el Derecho Internacional es el que regula las relaciones entre los estados, pues de lo contrario se generaría una gran incertidumbre jurídica”, argumenta. En su perspectiva, hay que dar a conocer mejor a nivel internacional lo que está en juego, porque el ambiente interno en los países “puede incidir en la decisión de los jueces” y resulta clave “insistir en forma rotunda en que no existe sustento jurídico alguno”.
En círculos de la Concertación se visualizan como preocupantes los vínculos económicos de Piñera en Perú. El diputado socialista Marcelo Díaz, quien integra la comisión de Relaciones Exteriores, indica que los miembros de esa instancia han comentado el punto: “no debería haber cambios en la política de Estado dependiendo de quien llegue a La Moneda, pero hay preocupación”. Por ello, anticipa, se necesitarán los pronunciamientos políticos de cada uno de los candidatos presidenciales en los asuntos limítrofes chilenos.
| La cuestión de los límites marítimos La demanda peruana considera que se deben precisar los límites marítimos con Chile, un punto absolutamente zanjado con los tratados de 1952 y 1954. Chile fundamenta su defensa en los documentos vigentes sobre zona marítima y zona fronteriza marítima, así como otros actos jurídicos de demarcación, a lo que se suma una práctica ininterrumpida de soberanía y jurisdicción chilena en esas aguas, respetada incluso por las mismas embarcaciones peruanas. Ratifica, asimismo, que el límite marítimo fijado por estos tratados en la latitud 18º 21’03’’ ha sido permanentemente respetado por ambos países. Bolivia, a su vez, sostiene que la demanda de Perú afecta sus pretensiones de una salida al mar. |
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