Reportajes y Entrevistas
Cuenta regresiva

Artículo correspondiente al número 314 (2 al 15 de diciembre de 2011)

No se han visto desde hace seis meses, cuando estalló el escándalo de La Polar. Pero el próximo 14 de diciembre los ex ejecutivos de la casa comercial volverán a estar cara a cara en la audiencia de formalización, en la que –si la justicia así lo dispone- algunos podrían quedar en prisión preventiva. ¿Cómo viven Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah, Julián Moreno y Santiago Grage estos días? Por Antonieta de la Fuente y Carla Sánchez.

El pasado 3 de noviembre, el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, cumplió 59 años. Aunque no es un hombre de muchas fiestas, este año su celebración fue mucho más discreta que en otras oportunidades. Sólo su señora, María Inés Lagos, sus cinco hijos y su madre, Lucía Saavedra, asistieron a la comida familiar. “En otras circunstancias habría celebrado con unas 30 personas”, comenta Felipe Soza, uno de sus amigos más cercanos y quien lo ha acompañado en este proceso.

El ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, también ha optado por alejarse de la vida social. “No anda fondeado, pero prefiere no exponerse”, explican en su entorno. De hecho, no quiso asistir a la junta universitaria de los ex alumnos de Comercial de la Chile. Y tomó decisiones más drásticas aún: cambió su mail para que nadie le escriba.

María Isabel Farah, la ex gerente de Administración de la cadena de retail, nunca fue de asistir a inauguraciones o a comidas de empresas. “Y a qué hora, ¡si siempre estaba trabajando!” recuerda su amiga Fabiola Maldonado, quien coincidió con ella en La Polar hasta 2008. Algo que reafirma su abogado, Alex Carocca: “diariamente terminaba de trabajar a las 3 o 4 de la mañana, se iba un rato a su casa a dormir y volvía a la oficina tipo 11”. Y si antes no tenía vida social, advierten ambos, menos ahora que está recluida en su casa preparando su defensa. Según sus cercanos, “le da lata salir” y toparse con personas que puedan comentarle algo del escándalo financiero que conmocionó al país. Su único escape por estos días es ir a la Vega “para despejar la mente, para relajarse”.

Todas, rutinas que están marcadas por una fecha decisiva: el 14 de diciembre. Ese día, estos tres ejecutivos, además de Julián Moreno y Santiago Grage, serán formalizados por diferentes delitos, entre los que se incluyen las presunciones de la fiscalía sobre entrega de antecedentes falsos en los estados financieros, entrega de declaraciones falsas en la emisión de valores de oferta pública y uso de información privilegiada. Pero en el caso de Alcalde, Moreno y Farah, se contempla además un delito que agrava su situación: lavado de activos en carácter de reiterado. Es la primera vez en Chile que se imputa esta figura a los llamados delitos de cuello y corbata.

Y esto significa que es posible que ese mismo miércoles no vuelvan a dormir a sus casas, si es que se decreta la prisión preventiva.

Según quienes han conversado de esa alternativa con Alcalde, el ex ejecutivo ha dicho que le “demuele” la idea. El ex presidente de La Polar sabe que en unas semanas el consuelo que ha encontrado en su familia y entre sus amigos más cercanos podría terminar.

Lo mismo podría ocurrirles a Julián Moreno y María Isabel Farah. De perfil más bajo, Moreno, ex gerente corporativo de Productos Financieros, apenas sale de su departamento en Avenida Kennedy. Dedica gran parte de su día a revisar las declaraciones que los testigos han hecho a la fiscalía y a la Superintendencia de Valores y Seguros, y conversa con sus abogados liderados por Miguel Chaves, del estudio Chaves Awad Contreras Schürmann. Con ellos está en contacto varias veces al día por teléfono y por mail. Su hija Josefina, quien también es abogada y asegura estar convencida de su inocencia, dice que se tomó el anuncio de formalización de la fiscalía “con mucha pena, sorpresa y rabia”.

Desde el 8 de junio, cuando se destapó el verdadero descalabro financiero que existía en La Polar, María Isabel Farah se ha mostrado entera y dispuesta a probar su inocencia. Pero el día en que se enteró de que sería formalizada por lavado de activos y las consecuencias que esto podría traer, se derrumbó. “En un principio la vi fuerte, sólida, pero cada día la veo más debilitada”, comenta su amiga Fabiola, quien incluso la acompaña a las reuniones con sus abogados.

A Santiago Grage, ex gerente corporativo de Finanzas de La Polar, muy pocos lo han visto. De hecho, el abogado a cargo de su defensa, Germán Ovalle, del estudio Montt & Cía., sólo constituyó poder para su representación legal dos días antes de que se anunciara la formalización del ejecutivo

Entre insultos y gestos de apoyo
Para intentar descansar, Pablo Alcalde ha optado por alejarse de la capital de vez en cuando. El pasado fin de semana largo viajó solo con su mujer a Valdivia para “airearse”. También ha intentado recuperar parte de su rutina anterior y, desde hace algunas semanas, ha vuelto a asistir a misa en la iglesia de la Sagrada Familia, a pocas cuadras de su casa. A Zapallar, balneario en donde tiene una casa, sólo ha ido un par de veces desde que el caso salió a la luz.

Además, se junta regularmente a comer con sus amigos del colegio Verbo Divino; entre ellos, Domingo Amunátegui, Felipe Soza y Fernando Silva. Eso sí, estos encuentros son a puertas cerradas y generalmente en su casa. De hecho, con este grupo se reunió el pasado sábado 19 de noviembre, a pocos días de que se hubiera anunciado la formalización. En esa oportunidad, confesó que estaba “sorprendido por la acusación de lavado de activos y por la forma que encontraron para llevar el caso por ese lado”. En privado ha comentado que “estos cinco meses han sido un verdadero infierno para él y su familia, que el costo emocional que ha tenido ha sido horrible y que a pesar de todo tiene fe en que no va a caer preso”, cuentan quienes han estado con él. Otros aseguran que varias personas le han quitado el saludo e incluso se comenta que se enfrascó en una discusión con un señor mientras jugaba golf en el Polo de Santa María Manquehue, o que una mujer le habría dicho algún improperio en un ascensor de la clínica Las Condes.

Ese costo social, Pablo Alcalde lo ha resentido. No en vano ha comentado varias veces a su entorno que “los mismos que antes le pedían consejos, hoy lo tratan como a un paria”.

Según cercanos a María Isabel Farah, “le da lata salir” y toparse con personas que puedan comentarle algo del escándalo financiero que conmocionó al país. Su único escape por estos días es ir a La Vega “para despejar la mente, para relajarse”.

Pero no todo ha sido acusaciones. Según Felipe Soza, hay varias figuras del mundo empresarial que se han encontrado con él y lo han saludado con afecto. Agrega que algunos le han enviado mails “que lo han emocionado hasta las lágrimas”.

Le preocupa, según él mismo ha contado, el estado de su familia. Su mujer, por ejemplo, también ha reducido su vida social, y para sus hijos ha sido fuerte escuchar lo que se dice de su padre. Un episodio importante en ese sentido fue el día en que allanaron su casa, en busca de información. Ahí, se llevaron el computador en que su mujer, artista, guardaba sus trabajos; el de su hijo mayor, que termina un magíster en la Adolfo Ibáñez, y el de otra hija universitaria.

Aunque renunció en enero pasado, afectado por un cuadro de estrés –sufrió un infarto a los 34 años–, Nicolás Ramírez no ha cambiado su nivel de vida. Después de su breve y frustrado año sabático en San Petersburgo –en Florida, Estados Unidos–, a donde se trasladó con su señora, Loreto Llona, y tres de sus cinco hijos, volvió para hacer frente a las acusaciones. Ha recibido todo el apoyo, tanto emocional como económico, de su familia. Está con terapia sicológica y apoyado por un sacerdote, pues el ex ejecutivo es cercano al Opus Dei.

Ramírez es realista. A sus cercanos les comenta que “tiene muchas posibilidades de irse preso”. Y también le pesa la idea de que “nunca más nadie lo contrate”. Detalles tan simples como no poder abrir cuentas en un banco a futuro lo tienen preocupado. “De hacer algo más adelante, va a tener que pensar en un emprendimiento propio”, comenta uno de sus amigos.

Y por si fuera poco, las coincidencias de la vida no le juegan una buena pasada. Una de sus cuatro hijas es compañera de curso –en el colegio Los Alerces– de la hija del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. En la misma sala son apoderados también el presidente del directorio de Chile Transparente, Juan Carlos Délano; Eduardo Vildósola, director de AFP Capital, y Cristóbal Lira, director de Seguridad Pública del ministerio del Interior.

En todo caso, Ramírez ha recibido varias muestras de apoyo, especialmente de sus ex compañeros del colegio Tabancura y de los de la Universidad de Chile, donde estudió. Amigos con que lo que nunca hizo negocios.

Julián Moreno ni siquiera ha tenido tiempo de viajar a Rancagua de donde es oriundo, o a Viña, donde tiene un departamento. El ex ejecutivo ha optado por estar tranquilo junto a su familia. “Somos cuatro hermanos y cada uno ha sido fundamental en esta etapa de su vida. Así como él estuvo siempre apoyándonos en los momentos difíciles, hoy nos corresponde devolverle la mano”, comenta su hija Josefina.

Y en la casa de María Isabel Farah, los papeles se han invertido. De ser el “jefe” a cargo de sus “dos mujeres” (su mamá y su hija de 32 años), ha pasado a tomar un rol más pasivo. Es Katherine, ingeniero en acuicultura, la que ha tomado el rol protagónico: “ella es la encargada de las platas, de organizar los quehaceres diarios e incluso de ir al supermercado”, cuentan.

La artillería legal
Los que tampoco descansan por estos días son el fiscal José Morales y su equipo de la Fiscalía Centro Norte.

En total son seis las personas que trabajan casi a tiempo completo en esta investigación que ya suma los 70 tomos y que incluye por lo menos 50 declaraciones.

El fiscal Morales, junto a Luis Inostroza y la abogada Karin Naranjo, está siendo apoyado por la Unidad de Lavado de Dinero y Delitos Económicos del Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional (Undeco), que cuenta con un equipo multidisciplinario entre abogados, ingenieros comerciales y contadores.

Ad portas de la audiencia de formalización, este equipo sigue tomando declaraciones. De hecho, en los últimos días ya se han sumado más de 7 testimonios.

Mientras tanto, las defensas preparan sus argumentos para el momento de verse las caras el 14 de diciembre, en el Centro de Justicia. Tanto el abogado de Alcalde como los de Moreno y Farah se preparan para derribar la tesis de que habría lavado de dinero, delito que a ojos de la fiscalía se sustenta en que en que los ejecutivos vendieron acciones a sabiendas de que la compañía estaba mal. Y que se hicieron unos buenos millones en la pasada.

“Pena, sorpresa y rabia”. Así reaccionó Julián Moreno ante al anuncio de la fiscalía de formalizarlo, cuenta Josefina, su hija abogada, quien asegura estar convencida de su inocencia.

Jorge Bofill, quien representa a Pablo Alcalde, opta por ser cauto en esta etapa. “Preferimos no referirnos a los argumentos que formularemos en el tribunal, pero sí es importante aclarar que Pablo Alcalde no tenía motivos para hacer uso de información privilegiada, porque nunca compró ni vendió acciones fuera de una estructura de stock option, lo cual está demostrado en declaraciones de otros ejecutivos y correos electrónicos que se encuentran en la carpeta del proceso. Por consiguiente, tampoco tenía motivo alguno para cometer ninguno de los restantes delitos que se le imputan”, dice.

Las primeras acciones que los ejecutivos tuvieron en la empresa fueron fruto de un proceso de stock option que se abrió cuando Southern Cross salió de la propiedad, en 2006. En esa oportunidad se creó la sociedad Alpha, a través de la cual los profesionales ingresaron como accionistas con cerca de un 2%. Durante los aumentos de capital, algunos de estos ejecutivos suscribieron para no diluirse y se endeudaron con bancos.

Ese fue el caso de Moreno. Su abogado Miguel Chaves explica que la sociedad Alpha tenía fecha de inicio y término, y que esa fue la razón que llevó a los ejecutivos a liquidar sus acciones entre 2009 y 2010. Pero, asegura, Moreno se quedó con un remanente y liquidó parte de estos títulos en el mercado “para diversificar su portafolio”. Pero la prueba de que no estaba escapando de La Polar es que se quedó con acciones de la empresa”, agrega el abogado.

Lo mismo argumenta Alex Carocca, abogado de María Isabel Farah. “El precio de la acción daba lo mismo, porque tenía una fecha para realizar esa venta. De hecho, el tema de las stock option desapareció como cargo”, asegura.

“El cargo del lavado de activo todavía no lo entendemos, porque en Chile requiere de un delito base; es decir, que los dineros provengan de determinados tipos penales como, por ejemplo, el narcotráfico. Y aquí nadie ha podido decir cuál es el delito base”, añade Carocca. Pero, según fuentes judiciales, la fiscalía espera demostrar que existió uso y aprovechamiento de recursos obtenidos con datos falsos, además de ocultamiento de bienes y uso de información privilegiada. Y ahí estaría el delito base.

La familia Polar

¿Quién es el culpable del descalabro financiero del retailer? Las declaraciones cruzadas de los cinco imputados dejan en evidencia que la joyita del retail, como se conocía a La Polar, dejaba mucho que desear.

Falta de controles, poca claridad en los cargos, desorden financiero, inexistencia de un sistema de medición de riesgo crediticio y el vértigo de crecer en forma desmedida se ocultaban detrás de las jugosas utilidades de la reina del esquivo segmento C3 y D.

En entrevista con El Mercurio, Nicolás Ramírez sostuvo que “el 2010 supe de repactaciones sin consentimiento, pero según Julián Moreno eran pocas y aisladas”. Por su parte, las declaraciones de Moreno apuntan a que el archivo de clientes de la empresa tenía el detalle de los repactados y que esos datos eran públicos y estaban al alcance de todos. “Nunca engañé a nadie, la información estaba ahí y siempre estuvo”, informó el imputado a sus defensores.

Las coincidencias de la vida no le juegan una buena pasada a Nicolás Ramírez. Una de sus cuatro hijas es compañera de curso –en el colegio Los Alerces– de la hija del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma.

Mientras, Santiago Grage en sus declaraciones a la fiscalía responsabiliza a Farah y Moreno. “Le solicitaba información, pero ella (Farah) era cerrada y no la entregaba. Traté de conocer el modelo de camada y nunca lo explicó, era difícil acceder a su área”, sostuvo.

“El gobierno corporativo no fue y no era suficiente para controlar todo el funcionamiento de una compañía que llegó a crecer en forma tan explosiva”, sostiene a su vez el abogado de Farah, y agrega que “había gerentes corporativos, y en particular el de Productos Financieros, Julián Moreno, que se acostumbraron a trabajar sin control”.

-Yo trabajé en La Polar y siempre pensábamos que era el cliente el que estaba haciendo el chanchullo, nunca pensamos que el enredo estaba adentro, confidencia un ex empleado de la casa comercial.

En lo que muchos coinciden es que la figura de Pablo Alcalde aunaba a los equipos y representaba a la cultura Polar, donde supuestamente las puertas estaban abiertas para los trabajadores y todos tenían posibilidades de surgir.

Una de las pocas que, ahora dicen, era más difícil de traspasar era la de Santiago Grage. Un empleado recuerda a este ejecutivo como “hermético, inseguro”, pero con una buena gestión de lobby frente a los bancos. Grage era el encargado de pedir los créditos y responder a las inquietudes de los inversionistas. Analistas del mercado lo describen como un hombre afable, de buena disposición, pero que se notaba que no tenía todas las atribuciones para su rol en la empresa. Contactados por Capital, Grage y su abogado no quisieron hacer declaraciones.

Otra cosa que llamó la atención de los analistas es el inmenso poder que detentaba María Isabel Farah. “Seguí a la empresa por muchos años y nunca la conocí, ni escuché hablar de ella. Me sorprendió mucho enterarme de todo lo que hacía dentro de la empresa cuando estalló el caso”, comenta un agente del mercado.

Ramírez era el delfín de Alcalde. Después de varios años en la gerencia comercial, la oferta de tomar el mando de la compañía le fue irresistible, pese a que sus cercanos aseguran que no es un tipo ambicioso. “Nunca entendí mucho que lo hayan nombrado gerente general. Porque el Nico no era idóneo para el cargo. Creo que Alcalde lo crucificó”, opina un cercano a Ramírez.

Su defensa va por la línea de que su gestión a la cabeza de la compañía fue corta, estuvo focalizada en el proceso de internacionalización y se confió en las demás gerencias. Indican que las primeras alarmas saltaron cuando el directorio de fines de septiembre de 2010 pidió información sobre la situación de la cartera. Ahí Ramírez habría solicitado a Moreno y Farah que compatibilizaran la información de las carteras que cada uno manejaba. La inauguración de la primera tienda en Colombia retrasó la entrega del controvertido informe, que aún a principios de enero no estaba disponible. Según señalan en su entorno, Farah le habría dicho que había cosas que no calzaban. Tras esto, Ramírez habría acudido a la oficina de Alcalde para alertarlo, pero el entonces presidente no le habría dado importancia. Esta preocupación, sumado a sus antecedentes médicos, llevaron al gerente general a tomar la decisión de renunciar a la empresa. Presentó su renuncia, dicen, a la hora de almuerzo y a las 5 de la tarde ya estaba fuera. Partió sin despedirse.

El escenario “de temer”

En caso que se decida que los implicados, o algunos de ellos, deban quedar en prisión preventiva, el escenario más plausible es que sea en el anexo cárcel Capitán Yaber. Es ahí donde va a parar la mayoría de los imputados por delitos económicos. Hasta ese lugar llegó, por ejemplo, el ex presidente del directorio de EFE, Luis Ajenjo, quien luego salió con libertad bajo fianza. Sin embargo, esta cárcel es sólo para hombres, por lo que María Isabel Farah podría pasar el fin de año en la cárcel de mujeres, ubicada en Vicuña Mackenna. Pero esto es sólo el principio. En la fiscalía no se descarta que más adelante puedan incluirse nuevos cargos en las formalizaciones. Aunque esto ocurriría en una nueva audiencia. Y el fiscal José Morales ya ha deslizado que podría haber más implicados en el caso. Los dardos apuntan al ex gerente de Informática, Pablo Fuenzalida, quien no fue incluido en esta etapa. De quedar en prisión preventiva, las expectativas de tiempo no son cortas. Según se les ha informado, el juicio oral podría ser, recién, en dos años más.

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