Reportajes y Entrevistas
Corte Penal Internacional. Zona de litigio

Artículo correspondiente al número 235 (22 de agosto al 4 de septiembre de 2008)

 

La globalización también tiene su expresión en el derecho. Mientras los académicos mantienen diversas visiones sobre el imperio de los tratados internacionales en la justicia local, el mundo político vuelve a poner en agenda una de las creaciones más discutidas de esta materia: el Tribunal Penal Internacional y su ratificación por parte de Chile. ¿Le gusta la idea? Por María Luisa Vicuña

Que el nombre de Alfredo Pfeiffer generaba rechazo en algunos parlamentarios de la Concertación era algo conocido para Carlos Maldonado, el ministro de Justicia encargado de reunir los votos para la designación del candidato del Ejecutivo como nuevo integrante de la Corte Suprema. Pero el acuerdo con la Alianza y con representantes del oficialismo le permitía jugar esta carta con cierta confianza.

 

 

A ojos de La Moneda, fue el anuncio de voto negativo anticipado del senador Eduardo Frei el que movió las fichas y obligó a varios de sus camaradas a revaluar su posición, pero parlamentarios como Soledad Alvear advierten que la DC nunca comprometió su apoyo a Pfeiffer y que, por el contrario, fueron las opiniones del propio candidato –interrogado por la comisión de Legislación y Justicia del Senado– las que terminaron por convencerla de que no era un candidato idóneo.

“Le escuché decir que no valoraba los tratados internacionales y me parece gravísimo que llegue a la Corte Suprema una persona que no valora los tratados internacionales”, señaló en entrevista en Meganoticias. Pero la revisión del acta de ese encuentro, así como de la grabación, dan cuenta de que las opiniones de Pfeiffer se centraron en el Derecho Internacional y, particularmente, en la Corte Penal Internacional (CPI o TPI, cuando se hace referencia al Tribunal Penal Internacional), un tribunal de justicia permanente que desde 2002 juzga a las personas que han cometido crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. La ratificación de Chile al tratado es considerada tarea pendiente por los gobiernos de la Concertación.

Según las actas de la reunión, Pfeiffer “recordó el principio en virtud del cual no hay delito ni pena si no hay ley que los consagre”. Explicó que si el Derecho interno no contempla un determinado delito y su pena, se vulneraría ese principio fundamental. Refiriéndose al Tribunal Penal Internacional, manifestó que habrá de verse en qué pie queda la soberanía del Estado, asistiéndole dudas en este sentido pues, como se sabe, existe la opinión de que en el Derecho Internacional prima el más fuerte”.

Una opinión no muy distinta de la que hasta el momento mantiene buena parte de los actuales integrantes del máximo órgano del Poder Judicial chileno y lo cierto es que la discusión de si priman la ley interna o la internacional sigue presente dentro de los doctrinarios del Derecho, y no hay norma explícita que señale qué rango debe darse a los tratados.

De hecho, una de las causas que ha prolongado la ratificación del tratado en Chile es que en nuestro ordenamiento jurídico no está explícitamente definido qué lugar ocupan las convenciones internacionales. Además, el Estatuto de Roma –el acuerdo que en 1998 dio origen al TPI– tiene importantes implicancias, ya que si nuestro país lo ratifica, los chilenos individualmente podrán ser juzgados por los delitos que cometan tanto en Chile como en el extranjero.

Pocos días después de la interpelación a Pfeiffer, el asunto de la ratificación del TPI volvió al tapete. Esta vez, por la supuesta intención de Sebastián Piñera de retomar el diálogo con el gobierno sobre esta causa y, de paso, destacar la relevancia de la Corte en su futuro programa de gobierno. El congreso aprobó en 2005 la reforma constitucional que permite a Chile participar del TPI, pero la negociación entre gobierno y Alianza incluyó en ese momento la necesidad de que el Ejecutivo enviara una indicación que tipifique en Chile los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad... tarea que sigue pendiente.

Haciendo eco de este interés aliancista, el jefe de bancada RN, Osvaldo Palma, se mostró favorable con la idea de que Chile se una a los más de cien países en el mundo que se incluyen dentro de la jurisdicción de ese tribunal penal. La UDI hizo lo suyo, designando al senador Hernán Larraín para que presente un informe sobre este tratado, después de que en junio pasado visitara junto a Sergio Romero las dependencias de la Corte en La Haya.

La discusión parlamentaria está radicada en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El abogado y ex ministro de la Corte Suprema Enrique Cury se encuentra preparando un informe para dicha instancia especto del Estatuto de Roma y sus observaciones.

 

 

El valor de los tratados

La discusión sobre las atribuciones del TPI tiene un antecedente quizá más difícil de resolver: la validez y aplicación que tienen los tratados internacionales que el país ratifica dentro de nuestro sistema jurídico, la misma que la práctica ha tendido a reconocer, pero cuya discusión persiste a nivel académico.

Buena parte de los especialistas, y también los tribunales de justicia, han apoyado la teoría de que los tratados internacionales, una vez ratificados por Chile, se encuentran por sobre ley interna –lo que significa que el Congreso no podría modificar sus disposiciones con un proyecto–, pero están supeditados a la Constitución, lo que implica que un tratado tiene valor en la medida en que respete los derechos establecidos en la carta fundamental. Algunos incluso señalan que en caso que estos acuerdos versen sobre derechos humanos, tienen rango constitucional, ya que se incluirían dentro de las garantías que establece la Constitución. El efecto directo de esta visión del Derecho Internacional, es que –por ejemplo– en un juicio, cualquiera de las partes podría justificar su posición en base a normas de un tratado internacional ratififado, aunque no haya ninguna ley interna que lo sustente, como explica la embajadora María Teresa Infante, titular de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL).

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